Política

Cs sólo acepta una reforma electoral si se pone plazo a la primera votación de investidura

La formación de Rivera se opone a la prima griega de 50 diputados para el ganador ya que va en contra de su compromiso a favor de una mayor proporcionalidad

José Manuel Villegas, Albert Rivera e Inés Arrimadas.
José Manuel Villegas, Albert Rivera e Inés Arrimadas. EFE

A Ciudadanos no le entusiasma para nada la reforma electoral que el PSOE y PP están aventando en los últimos días ante el bloqueo político que vive el país y la dificultad para sacar adelante las investiduras, tanto a nivel nacional como autonómico. 

En la formación naranja desdeñan la prima de la ley electoral griega, que concede 50 diputados al partido que gana las elecciones generales ya que va en contra del compromiso de Cs de lograr una mayor proporcionalidad. Tampoco ven viables las segundas vueltas porque España no cuenta con un sistema presidencialista como el francés ni lo ven necesario para los ayuntamientos.

Así las cosas, al partido de Albert Rivera sólo aceptaría una reforma si sirve para acabar con la laguna que tiene el artículo 99 de la Constitución española al no fijar un plazo concreto para la primera votación de investidura, la más importante ya que así empieza a correr el reloj de los dos meses para nuevos intentos y, si nadie sale investido, convocar nuevos comicios.

La Carta Magna no fija cuánto tiempo tiene que pasar para que el Rey proponga un candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que provoca una presión innecesaria en el jefe del Estado, ni tampoco cuándo se tiene que celebrar el pleno de investidura tras esa comunicación.

Críticas a Batet

Felipe VI anunció el 6 de junio a Meritxell Batet que Sánchez aceptaba buscar la confianza de los diputados, pero pasó casi un mes -hasta el 2 de julio- para que la presidenta del Congreso anunciase cuándo se iba a celebrar el pleno -22 y 23 de julio-. Varios grupos de la oposición, en especial Ciudadanos, se quejaron a Batet por dilatar ese anuncio y fijar la sesión casi tres meses después de los comicios, dando tiempo a Sánchez para que pasasen algunas de las investiduras autonómicas más complicadas.

Pablo Casado fue el primero en querer abrir el melón de la Carta Magna ya que en su penúltima reunión con Sánchez le propuso dos medidas adelantadas por Vozpópuli: la importación a España del antiguo sistema griego de proporcionalidad "reforzada"  que consistía -el país heleno lo abandonó en 2016- en dar una prima de 50 diputados al ganador de las elecciones, y la instauración de la doble vuelta para la elección de alcaldes; ambas dirigidas a reforzar el bipartidismo de populares y socialistas, que siguen siendo los mejor implantados territorialmente frente a Ciudadanos y Podemos. 

Esos 50 diputados extra que el antiguo sistema griego concedía al vencedor de las elecciones generales lo eran siempre y cuando llegara en voto popular a lograr 101 escaños; por debajo no había prima. El objetivo era claro: dar estabilidad al sistema a base de conceder una mayoría absoluta que no dan las urnas.

Por lo que respecta a los ayuntamientos, Casado planteó a Sánchez este sistema de doble vuelta en las urnas: si el candidato más votado en la primera logra un 40% y su diferencia sobre el segundo es un 5% -o solo un 35% pero el siguiente a más de un 10%-, automáticamente sería elegido alcalde. En caso de que no se dé ninguno de esos dos supuestos, los dos aspirantes a la alcaldía más votados se enfrentarían en segunda vuelta en las urnas.

Se trata de acabar con el "espectáculo" de pactos en los despachos, alguno de los cuales acaba con resultados esperpénticos como el de Melilla, donde el único concejal que logró Ciudadanos en las elecciones del 26 de mayo, Eduardo de Castro, se hizo con la Presidencia de esa ciudad autónoma tras llegar a un acuerdo con el PSOE y los islamistas de Mustafá Aberchán para desalojar del poder a Juan José Imbroda, el más votado (37,8%).

Más fácil la prima griega

La prima de 50 diputados para el sistema parlamentario puro solo requeriría un simple cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) porque la Constitución Española (1978) dejó abierto el número de escaños y fácilmente se podría pasar de los actuales 350 a 400 (art 68.1), pero la implantación de la muy francesa doble vuelta planteó dudas en el presidente del Gobierno en funciones.

De entrada, el artículo 140 de la Constitución permitiría hacerlo, dado que faculta que la elección de alcalde correrá a cuenta de los "concejales o los vecinos"; pero no se dice nada de una doble elección ajena al sistema parlamentario español.

Dentro del PSOE hay un esfuerzo por parte del diputado Odón Elorza por equiparar la ley electoral a la que está en vigor en el País Vasco, según Público, y que conllevaría modificar el artículo 99.4 de la Constitución, que ahora mantiene que en los segundos o terceros intentos de investidura se requiere la misma mayoría que en el primero para salir elegido presidente del Gobierno. Es decir, mayoría absoluta en una primera votación; y que haya más votos afirmativos que negativos en la segunda.

La propuesta de Elorza propone que en un segundo intento de investidura se rebajen las exigencias para salir elegido, de tal forma que sea presidente del Gobierno el candidato de los que tengan los requisitos para presentarse y quieran hacerlo –la reforma apunta a todos aquellos que cuenten con el respaldo de al menos el 10% de los diputados– que logre más votos a favor en la Cámara Baja, no pudiéndose votar en contra y dando a los parlamentarios en esa votación sólo la opciónde abstenerse o votar a favor.

Mayoría de tres quintos

La reforma del artículo 99 de la Constitución, tanto laque ha planteado Sánchez o Casado para impedir que en el futuro haya bloqueos en la investidura del presidente del Gobierno, obligaría a sumar una difícil mayoría de tres quintos en cada Cámara, 210 diputados y 159 senadores. Además, debería ser sometida a referéndum si así lo piden una décima parte de los parlamentarios (es decir, 35).

Aunque no es una reforma agravada de la Carta Magna, -en cuyo caso sería necesaria una mayoría superior de dos tercios-, la modificación constitucional que expuso esta semana Sánchez requiere que el PSOE (123 escaños) busque en el Congreso el consenso como mínimo de otros dos grupos parlamentarios (el PP cuenta con 66 diputados, Cs tiene 57 y Unidas Podemos logró 42 actas). En el Senado, donde los socialistas tienen 135 de los 266 escaños, debería seguir los mismos pasos.

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