Política

La reforma del alquiler: un escollo que tensó la negociación del Gobierno con Podemos

Era uno de los puntos a los que los morados no estaban dispuestos a renunciar y que más costó arrancar al Gobierno antes de dar el 'sí' definitivo a las cuentas de 2019

Pablo Iglesias, Pablo Echenique y otros dirigentes durante el CCE.
Pablo Iglesias, Pablo Echenique y otros dirigentes durante el CCE. EFE/ Mariscal

El control de los precios del alquiler era una de las principales reivindicaciones de Podemos de cara al apoyo de los Presupuestos Generales de 2019. Los encargados de pilotar las negociaciones con el Gobierno, la rama catalana de la formación morada en el Congreso, se mostraban hasta el pasado martes muy críticos con la posición del Ejecutivo al respecto. Y era uno de los motivos por los que el partido llegó a amenazar con el 'no'. 

En apenas dos días y tras el acelerón de última hora de las negociaciones, lograron arrancar el compromiso del Gobierno para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el objetivo de que los ayuntamientos puedan elaborar índices de precios de referencia para poner techo a las subidas "abusivas" de las rentas por parte de los propietarios y puedan declarar de forma temporal y excepcionalmente una zona urbana "tensionada".

Las negociaciones con Fomento han sido duras y largas, pues las posiciones iniciales del Departamento que dirige José Luis Ábalos no colmaban las expectativas de los morados. El pacto que rubricaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias este jueves en La Moncloa contempla el compromiso para impulsar el cambio normativo que se hará mediante el propio proyecto de Presupuestos o, en último término, mediante un Real Decreto. 

Los propietarios no podrán reclamar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta

Asimismo, el acuerdo del PSOE con Podemos también contempla que las comunidades de vecinos puedan prohibir la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones en los edificios. En cuanto a los contratos, ambas partes pactaron aumentar su duración mínima y ampliar el plazo de prórroga obligatoria de tres a cinco años, y el de la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas. En caso de que el arrendador sea una persona jurídica, son siete años de prórroga obligatoria y tres de tácita.

Asimismo, los propietarios no podrán reclamar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta y se fijará que el derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido deba estar recogido en el contrato.

Cartel de ´se alquila´en un local del centro.
Cartel de ´se alquila´en un local del centro. Tere García

20.000 viviendas

Por otro lado, los morados se tuvieron que conformar con el aumento ya anunciado por el Ejecutivo para elevar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles durante cuatro años. Una medida con la que el Gobierno considera que se podrían contener el alza de los precios. Eso sí prevé un aumento progresivo en materia de Vivienda de 630 millones de euros lo que supone un incremento del 38%, de 700 millones en 2020 y de 1.000 millones en 2021.

Por otro lado, el acuerdo contempla la elaboración de un Plan de actuación del denominado 'banco malo' -SAREB- para la firma de convenios con comunidades y ayuntamientos que impulsen el uso de viviendas para alquileres sociales. No consiguieron los morados el compromiso del Gobierno para obligar a los grandes tenedores de vivienda para poner las vacías en el mercado, pero sí acordaron establecer un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran "tenedor de vivienda", y ponga a disposición de las CCAA y los municipios herramientas para detectarlas.



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