¿A quién beneficia y a quién perjudica la reforma de los aforamientos de Sánchez?

La reforma de los aforamientos propuesta este lunes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez afectaría de lleno a los miembros del propio Ejecutivo, a los diputados y a los senadores en el ámbito privado. Actualmente deben ser juzgados por el Tribunal Supremo aunque sea por actos que no tienen que ver con el ejercicio de su cargo público.

Con la modificación legal que el Gobierno quiere tener lista en dos meses, estos cargos serían juzgados por tribunales ordinarios si cometen algún delito que no esté relacionado con su actividad política. Aunque inicialmente la reforma se ceñía al Gobierno, diputados y senadores, fuentes de La Moncloa matizaron al final de la tarde de este lunes que también quieren "precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas". Algo para lo que habría que reformar también la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reforma de la CE no contempla cambios, eso sí, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sus miembros deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales por delitos cometidos en el ejercicio de su función pública. En España actualmente hay cerca de 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 pertenecen a este último colectivo. Sólo 17.603 forman parte de las instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, según datos del CGPJ. Unos 15.000 del ámbito judicial y 2.000 políticos. 

Fuera de la modificación exprés de la Carta Magna quedarían también presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos. Los Estatutos de Autonomía indican que éstos deben ser juzgados en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades. Únicamente Cantabria, Canarias y Murcia trabajan en la supresión de los aforamientos. Aunque según apuntaron fuentes de Moncloa, "una vez limitados los aforamientos en la Constitución, no tiene sentido que se mantengan en las Comunidades Autónomas".

Moncloa: "Una vez limitados los aforamientos en la Constitución, no tiene sentido que se mantengan en las CC.AA"

De hecho, Ciudadanos rompió hace escasas fechas el pacto de investidura con la líder socialista Susana Díaz por su negativa a suprimir los aforamientos en Andalucía. El Congreso debatirá este martes una moción del partido de Albert Rivera en el mismo sentido que -aunque a modo simbólico- obligará a los distintos grupos políticos a retratarse. La formación naranja ha hecho de la supresión de los aforamientos una de las medidas estrella de la regeneración democrática.

Tras el anuncio de Sánchez, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, precisó incluso que su partido está dispuesto también a abordar el fin de la inviolabilidad del Rey; algo que ve con muy buenos ojos Podemos. El actual monarca, Felipe VI, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. La formación de Pablo Iglesias, por su parte, se mostró partidaria de una reforma más ambiciosa que no se ciña a los aforamientos, aunque dejó claro que cualquier cambio deberá ser sometido a referéndum.

Casado y el TS

Quien se puso en el ojo del huracán con el anuncio de Sánchez es el presidente del PP, Pablo Casado. El dirigente de los populares se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si abre causa contra él por las presuntas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El alto tribunal espera un informe de la Fiscalía sobre los delitos de prevaricación y cohecho impropio que inicialmente se le podrían imputar. Aunque los magistrados se centrarán sobre todo en tratar de confirmar si el dirigente se concertó con el director del máster.

Fuentes jurídicas citadas por Europa Press consideran que si el alto tribunal abre causa contra él antes de que entre en vigor la posible reforma de los aforamientos, Casado no tendría por qué verse afectado. Es decir, salvo que se incluyese una disposición adicional en la que se explicitase un carácter retroactivo del cambio constitucional, Casado seguiría siendo juzgado por el Supremo. Eso sí, de acuerdo a las fuentes antes citadas, existe la opción de que el caso del líder popular vuelva a recaer en el juzgado instructor de la causa (el 51 de Madrid): que el Supremo decida archivar la causa y después se recurra esa decisión con la nueva normativa ya en funcionamiento.

Si el TS abre causa contra Casado antes de que entre en vigor la reforma, no tendría por qué afectarle

El PP tiene en sus manos la mayoría absoluta del Senado que permitiría avanzar la reforma. En principio, los populares están "de acuerdo" en abordar la supresión de los aforamientos. Aunque no son partidarios de eliminarlos tanto para los magistrados del Tribunal Supremo o para el rey Juan Carlos. Un extremo que, por otra parte, no se incluye en los planes del PSOE, como tampoco suprimir el fuero de las reinas Sofía y Letizia o el de la Princesa de Asturias.

Tras conocer el anuncio de Sánchez, desde las filas populares acusaron al Presidente de intentar desviar la atención sobre la polémica de su tesis doctoral y vieron en el anuncio una maniobra para beneficiar a los "golpistas" catalanes. El Supremo instruye la causa del procés, donde se trata de dirimir si los dirigentes independentistas cometieron delitos de rebelión en el ejercicio de su cargo como representantes públicos. Por tanto, la reforma de los aforamientos, no tendría por qué influir en su causa. 

Las otras causas

Actualmente, el Tribunal Supremo mantiene además otras dos causas abiertas contra políticos aforados. Por un lado, investiga a la senadora Pilar Barreiro por el caso Púnica por usar presuntamente fondos públicos para mejorar su reputación en Internet cuando era alcaldesa de Cartagena. El expresidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, fue investigado por el TSJ de Murcia dentro de la misma causa que Barreiro, aunque cuando dejó de ser aforado, la investigación pasó a manos de la Audiencia Nacional, donde está procesado. Por otro lado, el Supremo lleva el caso del diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, por hechos producidos al margen del ejercicio de su cargo, cuando formó parte de un piquete en una huelga en 2013.