Política

¿A quién beneficia y a quién perjudica la reforma de los aforamientos de Sánchez?

Afecta a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo sólo en el ámbito privado y no en el ejercicio de su cargo. Abre la puerta a revisar el de jueces y fiscales e insta a suprimir el de políticos autonómicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Emilio Naranjo

La reforma de los aforamientos propuesta este lunes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez afectaría de lleno a los miembros del propio Ejecutivo, a los diputados y a los senadores, aunque sólo en el ámbito privado. Actualmente, tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo aunque sea por actos que no tienen que ver con el ejercicio de su cargo público.

Con la modificación legal que el Gobierno quiere tener lista en dos meses, estos cargos serían juzgados por tribunales ordinarios si cometen algún delito que no esté relacionado con su actividad política. Lo cual permite que sigan siendo juzgados por los altos tribunales en casos de corrupción que se den en el ejercicio de sus funciones, donde se dan la mayoría de ellos. 

Aunque la reforma se ceñía inicialmente al Gobierno, diputados y senadores, fuentes de La Moncloa matizaron al final de la tarde de este lunes que también prevén reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas".

La reforma de la CE prevista por Sánchez no contempla cambios, eso sí, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sus miembros deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en caso de que comentan delitos en el ejercicio de su función pública. En España actualmente hay cerca de 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 pertenecen a este último colectivo. Sólo 17.603 forman parte de las instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, según datos del CGPJ.

Presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos también quedarían fuera de la modificación exprés de la Carta Magna anunciada por el Gobierno. Aunque según apuntaron fuentes de Moncloa, "una vez limitados los aforamientos en la Constitución, no tiene sentido que se mantengan en las Comunidades Autónomas". Los Estatutos de Autonomía indican que éstos deben ser juzgados en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades y sólo Cantabria, Canarias y Murcia han iniciado la supresión de los aforamientos. Por tanto, la iniciativa de reformar los estatutos debería partir del resto de gobiernos regionales. 

Moncloa: "Una vez limitados los aforamientos en la Constitución, no tiene sentido que se mantengan en las CC.AA"

Se da la circunstancia de que Ciudadanos rompió hace escasas fechas el pacto de investidura con la líder socialista Susana Díaz por su negativa a suprimir los aforamientos en Andalucía. Además, el Congreso debatirá este martes una moción del partido de Albert Rivera en el mismo sentido que -aunque a modo simbólico- obligará a los distintos grupos políticos a retratarse. Ciudadanos exige que la reforma no se ciña al ámbito privado de los políticos, sino que se elimine por completo el aforamiento de los cargos públicos para incluir los posibles casos de corrupción. La formación naranja ha hecho de la supresión de los aforamientos una de las medidas estrella de la regeneración democrática.

Tras el anuncio de Sánchez, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, precisó que su partido está dispuesto también a abordar el fin de la inviolabilidad del Rey; algo que ve con muy buenos ojos Podemos. El actual monarca, Felipe VI, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. La formación de Pablo Iglesias, por su parte, se mostró partidaria de una reforma más ambiciosa que no se ciña a los aforamientos, lo cual incluiría eliminar puertas giratorias, blindar derechos sociales o reformar la ley electoral. Aunque, en caso de que esos cambios no se aborden, dejó claro que cualquier cambio deberá ser sometido a referéndum

Casado y el TS

Quien estuvo en el ojo del huracán tras el anuncio de Sánchez es el presidente del PP, Pablo Casado. El dirigente de los populares se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si abre causa contra él por las presuntas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El alto tribunal espera un informe de la Fiscalía sobre los delitos de prevaricación y cohecho impropio que inicialmente se le podrían imputar. Aunque los magistrados se centrarán sobre todo en tratar de confirmar si el dirigente se concertó con el director del máster.

Si Casado no estuviera aforado, estaría imputado por un tribunal ordinario. Es el mantra que repiten distintos partidos en las últimas semanas. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press consideran ahora que si el alto tribunal abre causa contra él antes de que entre en vigor la reforma de los aforamientos, Casado no tendría por qué verse afectado.

Es decir, salvo que se incluyese una disposición adicional en la que se explicitase un carácter retroactivo del cambio constitucional, Casado seguiría siendo juzgado por el Supremo. Eso sí, de acuerdo a las mismas fuentes, existe la opción de que el caso del líder popular vuelva a recaer en el juzgado instructor de la causa -el 51 de Madrid. Sería en el caso de que el Supremo decida archivar la causa y después se recurra esa decisión con la nueva normativa ya en funcionamiento.

Si el TS abre causa contra Casado antes de que entre en vigor la reforma, no tendría por qué afectarle

El PP tiene en sus manos la mayoría absoluta del Senado necesaria para que la reforma pueda prosperar. En principio, los populares están "de acuerdo" en abordar la supresión de los aforamientos. Aunque no son partidarios de eliminarlos tanto para los magistrados del Tribunal Supremo o para el rey Juan Carlos. Un extremo que, por otra parte, no se incluye en los planes del PSOE, como tampoco suprimir el fuero de las reinas Sofía y Letizia o el de la Princesa de Asturias.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. EFE

Tras conocer el anuncio de Sánchez, desde las filas populares acusaron al Presidente de intentar desviar la atención sobre la polémica de su tesis doctoral y vieron en el anuncio una maniobra para beneficiar a los "golpistas" catalanes. El Supremo instruye la causa del procés, donde se trata de dirimir si los dirigentes independentistas cometieron delitos de rebelión en el ejercicio de su cargo como representantes públicos. Por tanto, la reforma de los aforamientos, no influirá en la causa que se sigue contra ellos. 

Las otras causas

Actualmente, el Tribunal Supremo mantiene además otras dos causas abiertas contra políticos aforados. Por un lado, investiga a la senadora Pilar Barreiro el el marco del caso Púnica por usar presuntamente fondos públicos para mejorar su reputación en Internet cuando era alcaldesa de Cartagena. El expresidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, fue investigado por el TSJ de Murcia dentro de la misma causa que Barreiro, aunque cuando dejó de ser aforado, la investigación pasó a manos de la Audiencia Nacional, donde está procesado. Por otro lado, el Supremo lleva el caso del diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, porhechos producidos al margen del ejercicio de su cargo, cuando formó parte de un piquete en una huelga en 2013. 



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