Antes el Gobierno y Unidos Podemos se sienten a negociar para lograr el apoyo de los morados al techo de gasto, ya hay puntos en los se adivinan dificultades para el consenso. Podemos hizo llegar este miércoles al Gobierno y al Ministerio de Hacienda una propuesta de diecisiete folios con sus peticiones.

El Gobierno se muestra dispuesto a negociar una subida de impuestos a las grandes empresas reduciendo las deducciones; también a los bancos y a las empresas tecnológicas. En cambio, no parecen abiertos al incremento de los tipos marginales de las rentas más altas (a partir de 60.000 euros) que le reclama el partido morado.

"Hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y algunos sectores que escapan del radar de Hacienda", dijeron desde el Ministerio tras conocer la propuesta de los de Pablo Iglesias. Eso sí, el incremento de la recaudación se puede hacer "sin afectar a la clase media, las pymes y los autónomos", añadieron. 

El Ejecutivo socialista es plenamente consciente de la dificultad que le puede plantear la subida del IRPF. Pues no sólo necesita los votos de los 67 diputados morados, sino también los de los nacionalistas vascos del PNV y de los independentistas catalanes del PDeCAT, a los que poca gracia les haría una medida como la que propone Unidos Podemos. 

A lo que tampoco parece estar dispuesto el Gobierno es a renegociar con Bruselas el objetivo de déficit como le piden desde las filas moradas. La nueva ministra, María Jesús Montero, optó por incrementarlo un 0,5% con respecto al previsto por el equipo de su predecesor, Cristóbal Montoro. Pero esa subida no le parece suficiente a Podemos, quien insiste en que tiene que crecer más. 

En cambio, fuentes del partido consultadas no aclaran si estos puntos serán líneas rojas en la negociación con los socialistas que deberá ponerse en marcha en los próximos días. De momento, dicen, quieren sentarse a debatir y ver cuáles son las posiciones. 

El Gobierno, por su parte, tiene previsto aprobar la senda de déficit el próximo día 24 en la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón estival. A partir de ahí, deberá llevarlo de nuevo al Congreso para someterlo a votación. En la del mes de julio, la abstención de Podemos y de los independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT hizo fracasar la votación.