Publicado: 30/01/2020 09:00
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha batido el récord de nombramientos de directores generales que no son altos funcionarios, como fija la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El decreto de estructura de los departamentos ministeriales publicado este miércoles refleja un total de 23 excepciones, del total de 113 direcciones generales o cargos con rango de director general.
Once son para los socialistas y otras doce para las cuatro carteras que controlan los morados. Como ya avanzó Vozpópuli, los de Pablo Iglesias tuvieron problemas para encontrar altos funcionarios para cubrir estos puestos. Entre las direcciones generales o cargos con ese rango dependientes de los morados, sólo dos se han cubierto con funcionarios; la de Discapacidad y la de Ordenación del Juego.
Entre las direcciones incluidas está la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) o la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE). También están las direcciones generales integradas en la Agenda 2030, atribuidas a Podemos: Derechos de los Animales, Migraciones, Inclusión y Atención Humanitaria, Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o Consumo.
En el primer Gobierno de Sánchez formado tras la moción de censura sólo se preveía la excepción para ocho direcciones generales. En el primero de José Luis Rodríguez Zapatero fueron nueve y en el segundo, seis. En el primero de Mariano Rajoy fueron cinco.
El Gobierno emplea cinco folios para tratar de argumentar las razones que explican las excepciones para no nombrar a funcionarios del Subgrupo A1 del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. La ley requiere que se motive "mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional". Todos los razonamientos son muy similares.
Entre las razones, el Gobierno se remite a "las especiales características del puesto" que "exigen de su titular un conocimiento transversal y, a la vez, especializado que se corresponde con profesionales con conocimientos y experiencia en sus distintos aspectos competenciales, lo que puede ser difícil de alcanzar restringiéndonos al ámbito de la función pública". Para la Dirección General de Consumo aseguran que el puesto "requiere de su titular una experiencia y unos conocimientos especializados que pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública".
Los cuerpos superiores de la Administración, agrupados en la asociación Fedeca, ya han puesto el grito en el cielo y este miércoles trasladaron su malestar por las excepciones previstas por el Gobierno. Las ven como un "nuevo ataque" a la profesionalidad de la función pública y creen que se trata de una "demostración de verdadera falta de interés de la clase política para construir un modelo de función pública profesional e independiente de indebidas injerencias políticas".
En todo caso, deben reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.