Podemos acepta ir de la mano del PSOE para acusar a políticos que cobraron presuntas mordidas

Podemos ha rechazado toda posibilidad de acuerdo con el PSOE, pero ha tenido que ceder en la Audiencia Nacional. Ambos partidos trabajarán juntos como acusaciones populares en la pieza ocho del caso Lezo. La formación de Pablo Iglesias actuará bajo la dirección letrada del partido de Pedro Sánchez en la causa que investiga el pago de presuntas comisiones irregulares a políticos del PP y del partido socialista por parte de empleados y exempleados de OHL a cambio de contratos. 

La formación morada había pedido en mayo personarse en el caso en busca de pruebas de la posible corrupción de los socialistas. Ya en aquel momento, sabía que tendría que hacerlo bajo la misma representación y defensa del PSOE, que ejerce la acusación popular en la investigación desde principios de abril. El juez que instruye la causa, Manuel García-Castellón, ha aprobado el tándem, al igual que la Fiscalía anticorrupción. 

Ahora, ambos partidos trabajarán juntos en la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre las presuntas mordidas de la OHL en varias regiones del país. En concreto, el juez de Lezo analiza varios contratos adjudicados entre 2003 y 2014 que podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández, quien fuera director de control de gestión de la constructora y principal sospechoso en esta nueva pieza.

Tras más de un año de investigaciones, tal y como adelantó Vozpópuli, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal dieron por destapados hechos que indiciariamente revelan una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional". 

Seis políticos investigados

A finales de junio, y tras escuchar a varios directivos de la constructora, el juez imputó a seis políticos. Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) fueron los primeros cargos públicos -todos acusado de cohecho- que declararon como investigados en la pieza ocho del caso Lezo.

También resultaron imputados Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP; y Antonio Ángel Castro Cordobez, quien fuera consejero de Infraestructuras de Canarias y ex diputado regional de CC.

Además de dejar constancia de las citaciones, el magistrado ha requerido a la Agencia Tributaria para que informe de los bienes y derechos de los que sean titulares los seis políticos investigados, "incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen". A su juicio, los imputados serían "personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

Un hombre de Narbona bajo sospecha

A la lista de investigados se suman nombres que han sido señalados directamente en las grabaciones incautadas por la Policía Judicial. Según se escucha en uno de los audios, el exdirector de la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) Adrián Baltanás habría reclamado dos millones de euros en 2007 a cambio de la adjudicación de un contrato de una planta desalinizadora en Carboneras (Almería).

Durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Baltanás fue considerado uno de los hombres de confianza en el Ministerio de Medio Ambiente de la actual presidenta del PSOE y senadora, Cristina Narbona. Fuentes cercanas al dirigente han asegurado a Vozpópuli que dicho cobro nunca se produjo y han recordado que Baltanás no se encuentra imputado. Podemos tendrá que decidir, bajo la dirección letrada del PSOE, si le acusa.