El PSOE e IU irán a juicio por amañar contratos en el Ayuntamiento de Sevilla

El PSOE andaluz e Izquierda Unida (IU) se sentarán en el banquillo de los acusados como presuntos partícipes a título lucrativo en una trama de corrupción en Sevilla. En concreto, 88 personas -entre cargos públicos, funcionarios y técnicos- comparecerán como investigados en las siete piezas del 'caso Fitonovo' por la obtención de contratos irregulares mediante el pago de 'mordidas' a autoridades y empleados públicos durante 15 años.

En la pieza separada denominada "Ayuntamiento de Sevilla", el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, atribuye la condición de partícipe a título lucrativo a ambos partidos dado que con las maniobras de los imputados "consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)".

Según el auto del juez, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros, mientras que IU consiguió embolsillar hasta 155.000 euros. Entre los acusados destacan el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos (IU), el ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP) y el exedil José Manuel García (IU). Este último dimitió en 2014 tras su imputación en el 'caso Enredadera'.

Adjudicaciones ilícitas

También aparecen como señalados el exasesor del grupo socialista y exdirector de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo, quienes "consiguieron de Fitonovo SL, a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa” que asumiera “el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo”. 

De la Mata ha detallado en sus autos cómo la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura operativa y contable para conseguir contratos públicos de forma irregular y habilitó la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dichas contrataciones. Según ha señalado el juez, la compañía creó además una "contabilidad paralela" que se nutría de facturación falsa para financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Contra la Fiscalía y la Abogacía

Las acusaciones, a cargo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, atribuyen a los imputados los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

En siete autos, recogidos por Vozpópuli, el juez ha reprochado tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado la falta de acusación respecto de algunos investigados. Ha criticado el talante de sus escritos porque, en algunos casos, ha obligado al archivo y a que no se acuse por determinados delitos a varios de los imputados, pese a los indicios acumulados en la instrucción.

En concreto, el magistrado carga contra las acusaciones por no formular acusación por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales a los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios que diseñaron la trama de corrupción. "Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo. Pese a ello, el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación contra estas personas", ha señalado.