Campus de la Justicia

El PP de Casado reniega de Granados: "No todos somos iguales, señoría"

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha cargado contra a la Cámara de Cuentas por "meter a todos en el mismo saco", en relación a la gestión de su sucesor en el Campus de la Justicia, Francisco Granados

Alfredo Prada a su llegada a la Audiencia Nacional.
Alfredo Prada a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

Alfredo Prada ha trazado una línea entre su gestión al frente del Campus de la Justicia y la de su sucesor Francisco Granados. Lo ha hecho durante su declaración como investigado por el presunto desfalco de 100 millones de euros en el proyecto madrileño. El que fuera vicepresidente de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y ahora encargado de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del PP de Pablo Casado ha querido dejar en claro que no se puede "meter a todos en el mismo saco" y que no se puede comparar su "forma de actuar" con la del condenado por el caso Púnica. "No todos somos iguales, señoría", ha dicho en la testifical a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

El pasado 27 de marzo Prada acudió ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para explicar los gastos supuestamente irregulares aprobados durante su gestión al frente del Campus de la Justicia. La Fiscalía le acusa por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario en la construcción del proyecto insignia de la Comunidad de Madrid.

"Este informe en el que se basa la denuncia (...) dice genéricamente: 'Hay años en los que [las cuentas] se han presentado fuera de plazo, pero lo dice en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015'. Pero no especifica (...). Mete a todos en el mismo saco", se ha quejado Prada, notablemente emocionado. "Y yo le quiero decir a su señoría que, de verdad, no todos somos iguales. Hay diferentes formas de actuar", ha espetado luego.

Con su afirmación, Prada traza una línea y se aleja de la gestión de su sucesor en la Consejería de Justicia y en el Campus, Francisco Granados, quien fuera condenado a dos años de prisión por un delito agravado de aprovechamiento de secreto relacionado con el chivatazo que le dio un guardia civil en septiembre de 2014 sobre las investigaciones en su contra en la Operación Púnica

Granados asumió la Consejería de Justicia y la responsabilidad del Campus de junio de 2008 a junio de 2011. Luego le siguió Regina Plañiol, hasta septiembre de 2012. Y posteriormente ocupó el cargo Salvador Victoria. En 2014 el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la liquidación de la sociedad encargada de gestionar el proyecto.

"Ni tacha de irregularidad"

El acusado ha insistido ante la

Audiencia Nacional que durante su etapa al frente del proyecto "nadie" interpuso queja alguna y que los señalamientos que luego se presentaron por parte de la Cámara de Cuentas no corresponden con su época de mando. 

"En todos esos años [2005-2008] nadie, y cuando digo nadie es nadie, puso la más mínima tacha de irregularidad, la más mínima alegación, o el más mínimo gesto de que algo se estuviera haciendo mal, el mas mínimo debate en relación con un concurso o una adjudicación", ha subrayado en su declaración, recogida por Vozpópuli.

"Cierto grado de inquina"

Como parte de su argumentario, Prada ha recordado al juez la auditoría que encargara el propio Granados al asumir las riendas de la Consejería. "Pasado yo, y como lo dije en la Asamblea de Madrid... Con cierto grado de inquina, fui auditado, la sociedad Campus de la Justicia fue auditada por la empresa KPMG, a un coste creo de 300.000 euros, de todo mi periodo de gestión", ha señalado el exvicepresidente segundo del Gobierno regional.

Aquella auditoría, ha añadido el exconsejero, no registró ningún hecho susceptible a ser denunciado. "KPMG no dijo esta boca es mía en relación con la más mínima irregularidad", ha agregado para luego sostener que bajo su mando "las cosas se hacían bien".

El ministerio público basa parte de su acusación en el informe de la Cámara de Cuentas del 22 de marzo de 2018; documento del que se valió la Administración de Cristina Cifuentes para presentar la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción. En él, se hace referencia a una "grave disfunción contable" en el Campus: ausencia de documentación justificativa del proyecto, falta de criterios de racionalidad y falta de rendición de cuentas.

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