'Caso Lezo'

El juez investiga a seis políticos por el presunto cobro de mordidas de empleados de OHL

Abelardo Genaro Moya, José Luis Almazán Palomino y Albino Pardo Rodríguez serán los primeros cargos públicos en declarar acusados de un delito de cohecho en la pieza ocho del caso Lezo, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. La empresa sigue con su investigación interna en busca de responsabilidades

El consejo de administración de OHL, en la junta de 2018
El consejo de administración de OHL, en la junta de 2018

Nuevo giro en el caso de las presuntas mordidas de empleados OHL. Tras escuchar a varios directivos de la constructora, el juez Manuel García-Castellón ha imputado a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos. Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) serán los primeros cargos públicos que declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo para esclarecer su vinculación con el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contrato de obra pública. Los tres han sido acusados de un delito de cohecho, según un auto de 28 de mayo al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El juez ha acordado dirigir también el procedimiento contra otros tres cargos políticos que, por ahora, no tienen fecha para comparecer ante el juez. Se trata de Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP; y Antonio Ángel Castro Cordobez, quien fuera consejero de Infraestructuras de Canarias y ex diputado regional de CC.

Tal y como adelantó este diario, la Fiscalía y la Guardia Civil han destapado hechos que indiciariamente revelan una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional".

Tras las pesquisas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga las acusaciones del ministerio público, que se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e interroga a personal de la constructora presuntamente involucrado con las mordidas.

Informe de bienes

El primero de los políticos en enfrentarse a las preguntas del Ministerio Fiscal será Abelardo Genaro Moya, exgerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A (la actual Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía) y responsable de asignar dos de las adjudicaciones investigadas. Según publicó ABC, habría cobrado 58.000 euros de la constructora. Tendrá que acudir el próximo 12 de junio a las 15 horas.

También declarará el 12 de junio como investigado por un presunto delito de cohecho el directivo de OHL Mariano Javier Peláez Toré, quien en una de las grabaciones alude a una presunta mordida de dos millones de euros vinculada a la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

El 13 de junio, a las 9.30 horas, está citado José Luis Almazán Palomino, quien fuera miembro de la Ejecutiva del PP de Melilla. Se le vincula, según ABC, con el pago de 400.000 euros "de las europeas del PP". Ese mismo día, a las 9.45 horas, acudirá ante el juez Albino Pardo Rodríguez, exdirector del Puerto de Cádiz.

Además de dejar constancia de las citaciones, el magistrado ha requerido a la Agencia Tributaria para que informe de los bienes y derechos de los que sean titulares los seis políticos investigados, "incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen". A su juicio, los imputados serían "personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

40 millones en presuntas comisiones

En la Audiencia Nacional se analizan varios contratos de obra pública adjudicados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014. Estos podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio Paulino Hernández, quien fuera director de control de gestión de la constructora y principal sospechoso en esta nueva investigación.

El propio Hernández declaró la semana pasada en calidad de investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional. También compareció bajo la misma figura el exdelegado de obra civil de Andalucía Oriental, José Manuel Sanjurjo. Ambos estarían al tanto del pago de presuntas mordidas y, según fuentes del caso consultadas por Vozpópuli, habrían sido citados para esclarecer los nombres de los políticos supuestamente beneficiados.

Entre los políticos aludidos en las grabaciones de uno de los empleados se encuentra el ex director general de Acuamed Adrián Baltanás, quien durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue considerado uno de los hombres de confianza en el Ministerio de Medio Ambiente de la actual presidenta del PSOE y senadora, Cristina Narbona. Aunque se le menciona en uno de los audios incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hasta el momento no ha sido llamado a declarar ni como investigado ni como testigo.

OHL también investiga

En el marco de las pesquisas en la Audiencia Nacional, OHL ha contratado los servicios del despacho Baker & McKenzie para que lleve a cabo una investigación sobre los empleados y exempleados de la empresa investigados en esta pieza. Desde la constructora han insistido en que se investiga a personas naturales y no a la compañía. 

Este periódico se ha puesto en contacto con OHL. Sus portavoces han asegurado que el grupo mantiene una "política de tolerancia cero con la corrupción" y han insistido en que desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, "ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción".

Desde el Consejo de Administración de OHL han subrayado que trabajan para asegurar que todos los empleados y directivos del Grupo OHL cumplan siempre, no sólo con la legislación aplicable y con las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, sino también con su Código Ético y su Política Anticorrupción.

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