Piden tres años para ocho jóvenes de Arran por disturbios del 1 mayo de 2016

Ocho militantes de la organización independentista Arran, que afrontan una petición fiscal de tres años de cárcel, han negado este lunes haber encubierto a encapuchados que rompieron escaparates e hicieron pintadas en varios comercios en una movilización del Primero de Mayo de 2016 en Barcelona.

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha empezado esta mañana el juicio contra ocho jóvenes de Arran, para quienes el ministerio público pide hasta tres años de cárcel y una multa de 5.400 euros por ser los presuntos coautores de un delito de desórdenes públicos y otro de daños.

"En ningún caso estoy de acuerdo con los hechos por los que se me acusa", han repetido ante el tribunal los ocho procesados, que han respondido solo a las preguntas de sus defensas.

Después de la declaración de los investigados, la vista oral ha proseguido con el interrogatorio de varios testigos, entre ellos agentes de los Mossos d'Esquadra y personal de seguridad, que han ratificado la versión de la Fiscalía.

"Rompieron cristales con martillos"

Según el ministerio público, durante la manifestación convocada el 1 de mayo de 2016 en motivo del Día Internacional del Trabajo, los acusados rodearon a "un reducido grupo de cinco personas que vestían con ropa oscura, sudaderas con capucha, con la cara tapada y con pasamontañas", con la finalidad de "perturbar el normal desarrollo de la convivencia" y "alterar el orden y actuar contra la paz pública".

"Formaban un círculo de seguridad alrededor de los encapuchados", detalla el escrito de la Fiscalía, que estima que así los investigados "permitieron que las personas que llevaban la cara tapada realizasen actos vandálicos", como pintar escaparates de la tienda de la plaza de Cataluña.

También rompieron los cristales del establecimiento "mediante la utilización de varios martillos que portaban", cuyos daños han sido tasados en 9.657 euros.

Por su parte, las defensas han lamentado que esta acusación sea "puramente política" y que la sala no haya querido entrar a valorar "algunas de las cuestiones fundamentales que hay que denunciar", en relación a la posible existencia de ficheros policiales contra los miembros de esta organización independentista.