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Política

OHL entrega al juez su informe: "Las inversiones para la prevención de delitos ascienden a dos millones"

El consejero delegado de OHL, José Antonio Fernández Gallar (izq.), y el presidente, Juan Villar-Mir de Fuentes

Dos millones de euros invertidos para la prevención de delitos. Este ha sido el balance que ha presentado OHL ante el juez del caso Lezo en medio de las pesquisas por el presunto pago de mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones de obra pública. La compañía de Juan Miguel Villar Mir ha hecho hincapié en el código de conducta en el que se rige desde 2002 y en el código ético que desde 2010 sufre actualizaciones. En el informe de 51 páginas elaborado por Baker & McKenzie no se hace referencia a las investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional ni se detallan irregularidades o sanciones sobre los empleados imputados en casos de corrupción.

Como adelantó este diario el 28 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Fiscalía anticorrupción destaparon una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL". El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga una docena de obras públicas adjudicadas por el PP, el PSOE y Coalición Canaria (CC). Los contratos, que superan los 400 millones de euros, habrían sido asignados a OHL tras el pago de supuestos sobornos.

Las principales inversiones realizadas en materia de cumplimiento normativo para la prevención de delitos "ascienden a 2.191.799 euros durante los años 2010 a 2019", se lee en el informe de la constructora al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo documento se destaca la "cultura de absoluto rechazo, tolerancia cero, ante cualquier forma de soborno y de corrupción, tanto en el sector público como en el privado". Y se subraya, además, que OHL "prohíbe terminantemente todas las conductas castigadas como delitos de cohecho, de corrupción entre particulares y de financiación ilegal de partidos políticos".

Información sobre las adjudicaciones

El magistrado Manuel García-Castellón ha requerido información sobre los expedientes relativos a las adjudicaciones investigadas en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014. Hasta ahora, han sido señalados 12 proyectos, se ha acordado investigar a seis políticos y han declarado al menos seis directivos y exempleados de la constructora.

Del lado de OHL, los principales señalados han sido Felicísimo Ramos y Paulino Hernández. El primero se desempeñó como director de control de gestión de la constructora; el segundo, como director general de obra civil nacional. 

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