Publicado: 03/06/2019 22:20
Seis autovías, cinco puertos y un puente. El juez del caso Lezo investiga una docena de obras públicas adjudicadas por el PP, el PSOE y Coalición Canaria (CC). Los contratos, que superan los 400 millones de euros, habrían sido asignados a OHL tras el presunto pago de comisiones ilegales a políticos por un valor de 38,6 millones, según las pesquisas de la Guardia Civil y la Fiscalía anticorrupción.
Como ha adelantado Vozpópuli, el magistrado Manuel García-Castellón ha requerido información sobre los expedientes relativos a las adjudicaciones. Lo ha hecho en medio de una investigación en la que se analizan varios contratos de obra pública ejecutados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014.
La mayor de las licitaciones fue adjudicada por el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Luis Suárez Trenor, de Coalición Canaria. Según datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 11 de abril de 2007 se concedió a la Unión Temporal de Empresas en la que figuraba Sociedad Anónima Trabajos y Obras -empresa del Grupo OHL- el desarrollo de las obras de abrigo del Puerto de Granadilla por un importe de 114,5 millones.
Trenor también firmó la adjudicación de las obras de ampliación del puerto de La Estaca y de vía de acceso al nuevo complejo portuario en la isla de El Hierro. En este caso, la Unión Temporal de Empresas beneficiada contaba con la participación de una de las filiales de OHL; en este caso, se aprobó un presupuesto de 29,3 millones.
La mayor de las licitaciones tuvo un importe de 114,5 millones y fue adjudicada por Luis Suárez Trenor (CC)
Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado dirigir el procedimiento por el presunto cobro de mordidas en contra de Trenor, quien ya se había visto salpicado por el caso de corrupción de Fórum Filatélico. Aunque aún no ha sido citado a declarar, se ha solicitado a la Agencia Tributaria que aporte información sobre los bienes y derechos a su nombre.
En septiembre de 2006, el exdiputado de CC y exconsejero de Infraestructuras de Canarias Antonio Castro firmó la adjudicación de las obras de duplicación de la carretera CG-2 en Santa María de Guía-El Pagador; un proyecto de 53,5 millones. El juez ha también ha fijado instruir la causa en su contra.
Andalucía, Extremadura y Canarias
Entre los contratos de menor importe, la Audiencia Nacional investiga la mejora del calado del muelle Ribera II en el puerto de Melilla, adjudicado por José Luis Almazán Palomino (del PP de Melilla) a una de las filiales de OHL en 2007 por un monto de 5,9 millones. El que fuera director de la Autoridad Portuaria regional tendrá que declarar como imputado el próximo 13 de junio, acusado de un delito de cohecho.
Como adelantaron El Confidencial y ABC, también hay sospechas sobre la construcción del puente sobre el río Genil, por 4,4 millones, y la obra de la variante de Baza (Granada), por 7,7 millones. Ambas fueron adjudicadas por la empresa pública de infraestructuras de la Junta de Andalucía de Manuel Cháves (PSOE).
En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, también se señala una adjudicación por 72,2 millones para la ejecución de la obra autovía A-7, nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga; y un contrato por un importe de 38,3 millones para el desarrollo de la autovía A-44 de Sierra Nevada, variante Exterior de Granada, en su tramo Calicasas -Albolote.
A la lista se suma la licitación en un tramo de la autovía La Plata, en la CN-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, que habría alcanzado los 32,7 millones; y la adjudicación de la obra de ampliación del muelle Marqués de Comillas (Cádiz) por 21,7 millones. Así como el desarrollo de la primera fase del muelle de Poniente del puerto de Almería, cifrado en 18,9 millones; y la renovación de firme en la A-92.
Políticos imputados
Hasta ahora, han sido imputados seis políticos y han sido citados a declarar a tres de ellos. La decisión ha tenido lugar después de que la Fiscalía y la Guardia Civil detaparan hechos que indiciariamente revelan una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional".
En los últimos dos meses, el juez de la Audiencia Nacional ha interrogado a varios directivos y exempleados de la compañía de Juan Miguel Villar Mir presuntamente involucrados con las mordidas. A partir del 12 de junio, comparecerán los políticos salpicados en la trama de corrupción.
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