Política

Nuevo choque de Podemos con Sánchez por la liberalización de Renfe que exige Bruselas

El partido morado carga contra la aprobación el pasado viernes del decreto sobre la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros que debe estar lista en 2020 

Ave en el trayecto Barcelona-Madrid
Ave en el trayecto Barcelona-Madrid EFE

Segundo encontronazo en menos de dos semanas entre Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la aprobación de un decreto. Si la semana pasada caldeó los ánimos de sus socios parlamentarios dejando la regulación de los precios de los alquileres fuera del texto sobre medidas urgentes en materia de vivienda, este viernes levantó el enfado de los morados con la aprobación del decreto sobre liberalización del transporte ferroviario de viajeros.

El Ejecutivo socialista ha apurado hasta el mes de diciembre de 2020 para hacer efectiva la liberalización exigida por las instituciones comunitarias para toda Europa, que ya existe en el ámbito de las mercancías. A partir de entonces, las empresas privadas podrán entrar a competir en tráfico de Alta Velocidad y Larga Distancia con Renfe, rompiendo el monopolio que mantiene actualmente la empresa pública en el sector. 

"Este Real Decreto abre la puerta a la privatización definitiva del sector ferroviario en nuestro país. Habrá empresas que puedan competir con Renfe en los trayectos de alta velocidad y nuestro país ya sabe lo que eso significa. Las grandes empresas se quedarán con los tramos más rentables y se dilapidará un servicio público de trasporte clave", reprocha la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra.

"Regalo millonario"

El partido morado acusa al Ejecutivo socialista de no defender "los sectores estratégicos" como el ferrocarril y se opone "frontalmente" al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes y que debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes. Belarra recrimina al Gobierno ponerse "de rodillas ante los grandes empresarios" y preparase "para hacerles un regalo millonario que perjudicará a la ciudadanía que ha salido a las calles por miles en Extremadura, en Castilla La Mancha o en Murcia, a exigir un tren público digno que vertebre el territorio". "Exigimos al Gobierno que dé marcha atrás y sea valiente", concluye. 

Sin el apoyo de los morados, la trasposición de la directiva europea podría ser aprobada por la Cámara Baja sin mayores problemas con el apoyo de PP y Ciudadanos. Aunque ambas formaciones se oponen al uso "abusivo" de los decretos por parte del Gobierno del PSOE (pensados para materias de extraordinaria y urgente necesidad), sí los apoyan en este tipo de casos. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, Ciudadanos apoyó 11 de los 16 decretos aprobados y se abstuvo en tres. El PP, por su parte, dio el visto bueno a 9 de ellos y ha votado 4 en contra.

Unidos Podemos, en cambio, ha apoyado 15 y sólo se ha abstenido en uno. Pero el principal socio parlamentario del Gobierno ya avisó de que su apoyo en la moción no era un cheque en blanco y que, en caso de no haber Presupuestos, sólo daría luz verde a los decretos de contenido más social. Aunque de momento, mantiene su negativa a votar a favor del decreto de vivienda por no incluir la regulación de los precios que contenía el pacto sellado por Pablo Iglesias en La Moncloa.

Los roces entre el Ejecutivo y el grupo confederal se hacen patentes. El portavoz de Fomento de Podemos, Sergio Pascual, aseguró en Twitter que su grupo desconocía el decreto sobre la liberalización del transporte de pasajeros. "El Gobierno aprueba el decreto ley de privatización de nuestro sector ferroviario. Lo hace con absoluta opacidad con Podemos y esperando que pase 'desapercibido' en Navidad. No lo hará. No dejaremos que una red pagada por todos acabe enriqueciendo a los de siempre", sentenciaba. 

Cuarto paquete

Pero al Ejecutivo no le quedaba más remedio que completar la transposición de la directiva del denominado Cuarto Paquete de liberalización ferroviaria. El decreto aprobado no afecta, en cambio, a los trenes de Cercanías, Media Distancia (regionales) y Avant (que mantendrán la Obligación de Servicio Público al menos durante unos años más). 

La normativa europea permite a los Estados Miembros optar porque este tipo de servicios no sean licitados obligatoriamente hasta 2023, período que puede ampliarse si existe un contrato vigente como ocurre con Renfe. La compañía española seguirá prestando estos servicios hasta la finalización del contrato, que prevé una vigencia mínima de 10 años, ampliable cinco más.

El decreto aprobado no afecta, en cambio, a los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant

El texto aprobado modifica la ley del Sector Ferroviario de 2015, según el Ministerio de Fomento, "completa y aclara el marco normativo actual de forma que establece las bases jurídicas que regirán la futura competencia de Renfe y las nuevas empresas ferroviarias".

Más de diez compañías privadas entre la que hay constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona y Comsa) y grupos de transporte en autobús (Alsa) están esperan que se abra el mercado. Y también están pendientes del proceso algunas firmas extranjeras, incluyendo sociedades estatales como la alemana Deustche Bahn (DB) o la Société National de Chemins de Fer (SNCF) francesa.

La aprobación del texto por parte de Ejecutivo llega ya con retraso, pues las operadorasque quieran entrar en este mercado necesitan un margen para conocer las especificidades técnicas del uso de las infraestructuras y también para encargar la fabricación de los propios trenes que quieran emplear. 

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