Política

La negociación del Gobierno con Podemos se complica a 5 días del cara a cara con Bruselas

Los mayores avances se dan en fiscalidad, pero las negociaciones se atascan en puntos compartidos por ambas formaciones como la dependencia, el precio del alquiler o la precariedad laboral

El líder de Podemos Pablo Iglesias, escucha una intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El líder de Podemos Pablo Iglesias, escucha una intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Fernando Villar

La negociación del Gobierno con Podemos para el apoyo a los Presupuestos Generales de 2019 atraviesa momentos complicados ante la falta de concreción de los socialistas respecto a las peticiones del partido de Pablo Iglesias. Los morados se encargaron de mostrar su malestar a lo largo de todo este martes. El tiempo aprieta para cerrar un pacto antes de que Pedro Sánchez envíe el próximo lunes el borrador de las cuentas públicas a Bruselas.  

Aunque ambas partes daban la negociación por encarrilada la semana pasada, todo se torció el domingo cuando los socialistas pusieron sobre el papel los compromisos que estaban dispuestos a asumir. "Nada de lo que figura en el texto corresponde a lo que nos decían antes de palabra", se quejan fuentes moradas que participan en las negociaciones. 

Los de Iglesias son plenamente conscientes de que el Gobierno no puede concederles todas sus peticiones, pero no están dispuestos a firmar un pacto que no satisfaga al menos una parte de ellas o, como mínimo, alguna de las más simbólicas de cara una futura cita con las urnas. La dirección del partido confiaba este lunes en "reconducir" la negociación durante la semana. Pero visto el panorama, el secretario general de Podemos telefoneó este martes al Presidente para advertirle de que con los actuales compromisos, su formación se mantendría en el 'no'. 

Tras dos meses de negociaciones y pocas cesiones por parte del Gobierno, las prioridades son claras: medidas para frenar el aumento del precio del alquiler en determinadas zonas urbanas; aumentar a 1.000 euros del salario mínimo interprofesional en 2019 y garantizar que las 300.000 personas con dependencia reconocida cobren su prestación. 

Los socialistas interpretaron la maniobra de los morados como una especie de farol para arrancar más compromisos

Los socialistas, en cambio, vieron en la maniobra de los morados una especie de farol para arrancar más compromisos en la recta final de la negociación. Un cierto grado de dramatismo que se repite en este tipo de casos. "Se equivocan si creen eso", replican fuentes del grupo confederal. En la memoria está lo que ocurrió en 2016.

Pero al tiempo que Iglesias lanzaba su advertencia en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, seguía mostrándose "optimista" en el Senado de cara al cierre del acuerdo esta misma semana. Los morados se quejan en privado la "opacidad" con la que ese Departamento está llevando la negociación de cara a los ciudadanos. 

"Textos de intenciones"

De hecho, poco después del mediodía trascendió un documento interno del partido al que tuvo acceso Vozpópuli en el que los morados reflejaban el estado real de las negociaciones con las respuesta que les había enviado el Gobierno y donde detallaban por primera vez el impacto presupuestario estimado de las propuestas (cerca de 7.000 millones de euros). 

"Reconociendo el esfuerzo hecho en algunos ámbitos concretos, en los últimos días hemos visto cómo las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas", denuncian los morados en el texto.

Lo más probable es que si la negociación sigue estancada, el líder de Podemos y el jefe del Ejecutivo cierren un encuentro en La Moncloa para tratar de reconducir in extremis la situación. "Estamos de acuerdo en que tenemos que llegar a un acuerdo", concluía el secretario general de los morados. "Pero el Gobierno tiene que ceder. Ya nos conocen, saben que si ceden habrá acuerdo y si no, no", llegaba a amenazar.

Alquileres, dependencia y SMI

Aunque las discrepancias que separan a ambas partes no son menores. Uno de los grandes escollos se encuentra en la petición de los morados para intervenir el mercado del alquiler. Lucía Martín, la portavoz de En Comú Podem -que pilota la negociación en este campo- ponía en cuestión el apoyo de los diputados catalanes a los PGE ante la negativa del PSOE a comprometerse con el cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). También por la ausencia de medidas concretas para "obligar a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado a un precio accesible" o la inexistencia de cifras "que hagan referencia al presupuesto para ampliar el parque público de vivienda para alquiler social". 

Por su parte, el Ejecutivo ya ha dejado caer que la subida del Salario Mínimo a 1.000 euros en 2019 es algo complicado; máxime cuando los sindicatos y la patronal pactaron en verano una subida progresiva hasta 2020. Aunque podría haber algo a medio camino. 

Más facilidad podría haber también en materia de dependencia. Los morados reclaman 2.500 millones para asegurar que todos los que la tienen reconocida, pueden cobrarla. Y aseguran que el Gobierno se compromete a destinar 400 millones. Esto sólo sacaría del "limbo" a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la perciben. 

En fiscalidad es donde más próximas están las negociaciones, aunque falta concretar el umbral a partir del cual se eleva el IRPF. La última propuesta morada es fijarlo en 130.000 euros, frente a los 140.000 que maneja el Gobierno. 



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