Publicado: 15/09/2017 04:00
El PSC presume de que afronta la crisis en Cataluña como una piña. Atrás han quedado los tiempos de división interna y está respondiendo al desafío sin disensiones. Tanto es así, que el líder del parido, Miquel Iceta, asegura que "ningún alcalde socialista se va a saltar la ley". Eso sí, también tiene claro qué ocurrirá si hay algún díscolo en sus filas: el primer secretario ha endurecido el tono para asegurar tajante que si algún alcalde no cumple con la legalidad, será condenado por un juez y expulsado "automáticamente" del partido.
No creen que se vaya a llegar a esa situación. En total, hay 122 alcaldes socialistas en toda Cataluña y de ellos, 51 pertenece a la Asociación de Municipios por la Independencia. Pero el PSC ha asegurado que no participará en un "referéndum ilegal" que no ofrece "ninguna garantías" y sostiene que todo el partido está en esto.
Esta unión se vio el pasado martes, cuando más de 350 alcaldes y concejales socialistas presentaron un manifiesto contra el "referéndum" y para denunciar las "amenazas" que están recibiendo por negarse a colaborar con los planes del bloque independentista.
En el PSC sostiene que así va a seguir siendo y si hay que contar casos de desobediencia, "van a sobrar dedos de una mano", apuntan algunas fuentes del partido. El primero saltó ayer, cuando el alcalde socialista de la pequeña localidad de Gratallops (Tarragona), Xavier Gracia, aseguró en Rac1 que colaborará con la celebración del referéndum y que votará sí por la independencia.
Y la respuesta de Iceta llegó pocas horas después, cuando, en declaraciones a los periodistas después de visitar el Hospital de Callela (Barcelona), defendió que si este alcalde se salta la ley, "un juez le condenará y dejará de ser alcalde". En este caso, no podrá ser expulsado del partido, ya que Gracia se presentó como independiente en la lista del PSC y no tiene carnet del partido.
Pero también está la respuesta clara por si algún alcalde, con carnet, decide hacer algo parecido. En ese caso, será condenado y después expulsado, porque, tal y como recordó Iceta, así lo dictan las normas internas: "Tenemos un código ético y cuando uno es condenado por la Justicia es separado del partido automáticamente".
Iceta endurece el tono
El líder del PSC se ha puesto así en un escenario en el que hasta ahora no había querido entrar, porque defendía que no quería ponerse en el escenario de que un cargo electo se salte la ley. Pero ahora ya lo ha hecho y su mensaje a todos los alcaldes, sean del partido que sean, es muy claro: "Son ciudadanos que no están por encima de la ley, han de cumplirla, y si no, puede tener consecuencias que todos lamentaremos".
En concreto, "se exponen a una sanción judicial" y, en el caso del PSC, a ser expulsados del partido. Pero lo que no tiene sentido para el líder de los socialistas catalanes, es que se pretenda cometer un delito y luego se extrañen de que la Justicia "pida cuentas".
De la misma manera, Iceta culpa a la Generalitat de que más de 700 regidores hayan sido llamados por la Fiscalía. Si van a tener que acudir al Ministerio Público es por el "empeño" del Gobierno de Cataluña en "arrastrar a los Ayuntamientos a que colaboren en la organización de un referéndum ilegal", defiende.
Los socialistas respetan las decisiones judiciales y, en este caso, consideran que la citación a los alcaldes tiene más que ver con un ejercicio de "prevención" para que los consistorios "se mantengan en los límites de la legalidad" que con una "persecución a personas".
Seguirán denunciando las amenazas e insultos a sus cargos y avisan de que acudirán a la Fiscalía si se superan ciertos límites
Mientras tanto, y con la misma firmeza con que se desmarcan de ese referéndum al que Iceta se refiere como un "simulacro de votación", los socialistas catalanes aseguran que van a seguir denunciando las amenazas e insultos que están recibiendo sus cargos.
Es más, el primer secretario del PSC anunció ayer que, si algunos de estos casos de "presión supera ciertas líneas", acudirá "directamente a la Fiscalía, que es quien ha de proteger a todos los ciudadanos y también a los cargos públicos".
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