Caso Lezo

Un militar español cobró 800.000 euros de la compra de Inassa aprobada por Gallardón

Santiago García Benavides, imputado en el 'caso Lezo', reconoció haber percibido en 2001, mientras disfrutaba de una excedencia, el dinero por la venta de las acciones de la firma colombiana al Canal de Isabel II

Alberto Ruiz-Gallardon e Ignacio González
Alberto Ruiz-Gallardon e Ignacio González EFE

El militar del Ejército español Santiago García Benavides percibió 800.000 euros en 2001 en la operación de compraventa de la empresa colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) por parte de la sociedad pública madrileña del Canal de Isabel II, según confesó en su declaración como imputado, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

García Benavides que declaró que "era y sigue siendo militar", explicó a preguntas de la fiscal que entre 1995 y 1997 desempeñó el cargo de director de Seguridad en el Ministerio de Economía y Hacienda, y en esta última fecha, en 1997, se incorporó "a instancias de Aguas de Barcelona, a solicitud de ellos, en una entrevista aquí en Madrid, a Colombia, a la empresa Triple A de Barranquilla", dijo el imputado.

En el interrogatorio, García Benavides relató que permaneció trabajando en Colombia para Triple A hasta 2001, año en la que se produjo la compraventa de Inassa, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, y por la que percibió dos pagos de 600.000 y 200.000 euros en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Alicante.

Seguridad de españoles

García-Benavides declaró también que su trabajo en Colombia era el de proteger al colectivo de expatriados españoles en este país, y que percibió una parte de su sueldo con acciones de Inassa. Y que en 2001, cuando ya volvió a incorporarse a España, recibió el dinero de la venta de las acciones a la empresa pública Canal de Isabel II.

En su declaración, García-Benavides destacó que le entregaron las acciones como parte de su trabajo, y que no tuvo conocimiento hasta su salida de Colombia del nombre de las empresa a la que pertenecían las participaciones: "No me dio nunca un dato exacto del nombre de la empresa", aseguró este militar, que defendió esta "retribución en especie" porque tenía la máxima confianza en las decisiones que tomaron sus jefes para aumentarle el sueldo.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la empresa colombiana Inassa se constituyó en 1996, y que entre sus socios iniciales estaba la firma Aguas de Barcelona SA (Agbar). Esta empresa de raíz catalana vendió en 2000 su participación a la panameña SAA, que había sido creada unos meses antes la venta (el 2 de marzo de 2000) por otras dos panameñas: Soluciones Ambientales SA y Fianza Internacional Real SA; y por la sociedad uruguaya Stanke Investment SA.

Panamá y Uruguay

Detrás de estas empresas radicadas en Panamá y Uruguay estaban varios exempleados de Aguas de Barcelona, en concreto los imputados Francisco Olmos Fernández de Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, José Carlos Vicedo Romas (fallecido el 28 de enero de 2009), Ángel Conde Álvarez y el mencionado Santiago García Benavides, que admitió haberse embolsado en la operación 800.000 euros.

Estas personas eran socias de otra sociedad panameña, denominada Soluciones Latinoamericanas del Agua SA (Slasa) propietaria del 25% restante de las acciones de Inassa. A su vez, todos ellos eran socios de la española Inversiones Americanas de Agua SA -IAA- que, el 18 de octubre de 2001, antes por tanto de que se aprobase y materializase la adquisición de Inassa por Canal Extensia SA (la visión exterior del Canal), compraron un porcentaje de la sociedad Tecvasa, que también participó en la polémica compra del Canal de Isabel II.

Gallardón, González y Aguirre
Gallardón, González y Aguirre

Sin embargo, en su declaración como imputado, García Benavides aseguró no tener conocimiento de que había sido propietario de una empresa en Panamá, y de que el Canal de Isabel II había comprado Inassa. Y por eso la fiscal le preguntó sobre si para la operación no tuvo que firmar algún documento, a lo que el imputado respondió: "Sospecho que tuve que firmar, no recuerdo muy bien, pudiera ser que hubiera firmado un poder. En esos momentos mi confianza, y actualmente, mi confianza en el señor Olmos y Vilaplana era plena".

"No sé lo que vendí"

Ante la insistencia de la fiscal a que aclarara su participación, García Benavides dijo: "Tampoco sé muy bien qué vendí, yo lo que sé es que en febrero o marzo recibí el dinero, y sospecho que por la venta de acciones, y no sé si vendió al colectivo de españoles que había en Colombia".

Ante esta respuesta inverosímil, la fiscal resumió las respuestas dadas por García Benavides sobre la venta de las acciones de Inassa que supuestamente había recibido por su trabajo en Colombia: "Desconoce el número de acciones, desconoce en qué sociedad, desconoce cómo se hicieron las tramitaciones, dice que les suena la [empresa] uruguaya por el tema fiscal ¿por que se eligió Uruguay y Panamá?, ¿para evitar pagar impuestos?", volvió a interpelar la representante del ministerio público, a la que el imputado respondió: "Mi pregunta en una reunión que tuvimos era si tenía que hacer algún tipo de declaración cuando llegásemos y me dijeron que no, que era perfectamente legal", completó el imputado.

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