El misterioso papel de Unipost en el reparto de material del 1-O: chivatazos, manuscritos y un tal "Tony"

La empresa de repartos Unipost recibió decenas de miles de sobres con el sello de la Generalitat a pocos días del 1-O, pero sus trabajadores alegan que nunca pensaron que fuesen para la consulta. Tuvieron que ir a recoger el material un sábado a un bar ante la “insistencia” de un tal “Tony” que llamaba en nombre del Govern, pero nunca preguntaron su nombre real. Explican que no se le podía decir que no. Estos son dos de los detalles que ha dejado en el Tribunal Supremo la declaración como testigos de los empleados de esta empresa de paquetería, investigada por jugar el papel de cartero del 'procés'.

Las pesquisas en torno a Unipost son importantes para las acusaciones de cara a probar la presunta malversación contra los líderes independentistas. Pero su participación en esta causa y la que se investiga en un Juzgado de Barcelona por los preparativos del referéndum está plagada de incógnitas y misterios. De entrada, no hay constancia de ningún pago a la empresa por parte de la Administración, tampoco ninguna factura, ningún albarán u orden de trabajo por la que Unipost empezase a enviar los sobres que contenían información sobre la confección de las mesas y citaciones electorales.

Según ha dicho este lunes en el Tribunal Supremo el jefe de Producción de Unipost en Cataluña y Baleares, Albert Planas, esa es la razón por la que tenían todo el material paralizado. La Guardia Civil registró en septiembre media docena de sedes de Unipost antes de que esos envíos se pùdiesen llevar a cabo. Y esa actuación fue posible gracias al chivatazo de un empleado de la propia empresa, según consta en el sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Fue una llamada anónima de un hombre que se identificó como "responsable de Unipost" y que guió a la Guardia Civil a intervenir cerca de 45.000 tarjetas censales.

Una llamada anónima

En concreto, el hombre llamó al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona a las 10:30 horas del 18 de septiembre de 2017 identificándose como responsable de Unipost y advirtió de que la central de la empresa en el Polígono Gran Sur de Hospitalet de Llobregat esperaba recibir esa misma madrugada un envío de 15.000 sobres certificados para su distribución inmediata con acuse de recibo cuyo remitente sería la Generalitat de Cataluña. Añadió que dos días después, llegarían 3,5 millones de sobres de la Generalitat de Cataluña con tarjetas censales para el referéndum.

Ni acusaciones ni defensas han preguntado este lunes en el juicio del 'procés' por esta llamada, pero sí por las que un tal “Tony” realizó al empleado de la misma compañía Francisco Juan Fuentes Ruiz. Este trabajador ha dicho que no sabe quién se escondía detrás de ese nombre, solo que llamaba de la Generalitat, que la entrega era de tres palés y “no quedaba más remedio” que ir en fin de semana a las proximidades de un bar en un polígono industrial en Hospitalet de Llobregat.

Allí aparecieron en una furgoneta blanca dos personas con las que empezó a descargar el material que trasladó a la sede de Unipost. “No le voy a decir a un cliente como la Generalitat que no le admito una remesa”, se justificó este testigo en su día ante el juzgado de Barcelona. Este lunes ha admitido que “no es la forma habitual” de trabajar. Lo ha dicho visiblemente nervioso, dando leves golpes sobre la mesa sobre la que declaran los testigos en el juicio. Mientras le hacía preguntas sobre esta cuestión, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, hacía esfuerzos para contener la sonrisa.

Ni firma, ni albarán, ni orden

“Lo habitual era que el cliente accediera al aplicativo, acceder a la página web, subir a la base de datos y acceder al albarán. El cliente manifiesta en la web los productos que va a enviar y en qué cantidad de envíos. Hace un albarán, lo imprime y lo firma. En este caso no se produjo ese proceso pero llegaron los envíos. Como no llegó el albarán, se paralizaron las entregas”, ha recordado Fuentes Ruiz.

En otro momento del interrogatorio, la fiscal Consuelo Madrigal ha insistido en varias ocasiones sobre el precio que se cobraba por cada sobre. El testigo Albert Planas ha explicado que eso depende y que, en este caso, el encargo de la Generalitat era por concurso. En el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado de Barcelona se da cuenta de que la Guardia Civil incautó en el despacho del director general de Unipost, Pablo Raventós Sáenz una hoja manuscrita en la que presuntamente se recogen datos sobre el reparto de material electoral y el coste de este trabajo.

Pablo Raventós estaba llamado a declarar como testigo la semana pasada en el Tribunal Supremo, pero se marchó sin contestar preguntas al estar investigado en la otra causa. El manuscrito al que tuvo acceso Vozpópuli implica directamente a Francesc Sutrias, un alto cargo de la Consellería de Economía y Hacienda que dirigía el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, actualmente en prisión.

200.000 euros

El manuscrito contiene detalles del acuerdo que presuntamente había alcanzado Unipost con la Generalitat como el dato de “56.000 cartas certificadas”, que la Guardia Civil relaciona con los 56.196 identidades que aparecieron en el listado de las personas que habían sido designadas para formar parte de las mesas electorales durante el referéndum ilegal. Se cree que unas 10.000 cartas llegaron a su destino y que las 45.000 restantes fueron incautadas antes del referéndum en los registros de las instalaciones de Unipost en Manresa y Tarrasa.

Este documento contiene otra información clave como el modo de pago por los servicios que iban a prestar para la celebración de la consulta: “Pagament 50%/50%” y las fechas del 12 y el 18 de septiembre. La Guardia Civil recuerda al juez en uno de sus informes que esta última fecha corresponde con la entrada de las cartas que se intervinieron en la sucursal de Unipost en Tarrasa. Según destaca el informe, “también se observa una cifra que indica una cantidad menor a los 200.000 euros”, lo que resulta de enviar cada una de estas cartas a 3 euros cada una. Esa es la cifra por la que la fiscal ha preguntado varias veces este lunes a los testigos, sin éxito.