Juicio del procés Del ‘mitin’ de Junqueras a la minuciosidad jurídica del abogado de Forn

Forn da a entender que nadie en el Parlament se creyó la declaración de independencia y compara la legalidad de las elecciones convocadas bajo el 155 frente al referéndum ilegal del 1-0

El Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'.
El Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés'.

La tercera sesión del juicio del procés ha evidenciado dos estrategias radicalmente opuestas a la hora de afrontar las acusaciones. Si por la mañana el proceso se convirtió en un mitin político de la mano del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la tarde se ha sumido en una prosaica minuciosidad jurídica durante el interrogatorio del exconseller de Interior Joaquim Forn.

El responsable de este radical cambio de registro fue el letrado Javier Melero, representante del que fuera máximo responsable de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum ilegal del 1-O. Este abogado ya advirtió de que no seguiría el ritmo marcado por Junqueras y su abogado Andreu Van den Eynde cuando el primer día comparó este juicio con uno por estafa y pidió ceñirse al Código Penal.

De este modo, los presentes en el tribunal pasaron de escuchar algo más propio a un alegato independentista en el que se defendía el derecho a la autodeterminación a una profusión de documentos y preguntas concretas hasta el detalle sobre los hechos enjuiciados en un cuestionario maratoniano de varias horas. El propio Forn aceptó contestar a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, algo que no concedió Junqueras.

Diferencia de estrategia

El exvicepresidente de la Generalitat lanzó frases como “se me juzga por mis ideas”, “es un juicio político”, “soy un preso político”, “votar no es delito” y “esto no se resuelve poniendo gente en la cárcel”. Se comparó con países como Escocia, Irlanda, Suecia, Islandia o Canadá para denunciar que en el caso de Cataluña, la silla del Gobierno “siempre ha estado vacía” tras las ofertas de diálogo y volvió a poner la carta de negociación sobre la mesa.

En cambio, Forn llegó a desenmascarar la declaración de la supuesta república independiente de Cataluña cuando dio a entender que nadie en el Parlament se creía ese día que hubiese nacido un nuevo Estado. Explicó que después del pleno en el que se votó la independencia sólo hubo "discursos políticos" ante los alcaldes que se habían desplazado hasta la cámara autonómica. Pero más allá de eso, reconoció que no hubo nada, ni se publicó las resoluciones en los boletines oficiales, ni se llamó a las cancillerías.

Al escuchar estas explicaciones, algunos de los periodistas especializados que cubren el juicio desde el Tribunal Supremo se animaron a comparar las palabras de Forn con las del mosso d'Esquadra que durante una concentración les espetó a un manifestante independentista: "la República no existe, idiota".

Forn dice que el 1-O no era legal

Forn, que a pesar de encontrarse en prisión provisional desde hace más de un año es candidato a la Alcaldía de Barcelona por la Crida (el partido impulsado por el expresidente fugado Carles Puigdemont), llegó a comparar en un momento de su extenso interrogatorio las elecciones bajo el 155 en Cataluña como unos comicios legales frente al referéndum del 1-O, que no lo era.

De ese modo argumentó la razón por la cual en el dispositivo policial de las elecciones autonómicas se desplegaron más mossos que para la consulta soberanista. Según dijo, fue porque para las de diciembre de 2017, al ser legales, había que habilitar horas libres para que los agentes ejercieran su derecho al voto.  

Tras el receso de la mañana que siguió al interrogatorio de Junqueras, en los pasillos del alto tribunal se calificaba la estrategia del líder de ERC como un suicidio de cara a su acusación por rebelión. Muy distintas eran las reacciones tras el cuestionario de Forn, que coincidían en destacar la táctica meramente jurídica del exconseller.  

Ambos están acusado de un presunto delito de rebelión por parte de la Fiscalía. En el caso de Junqueras, líder de ERC, el Ministerio Público le pide hasta 25 años de cárcel y para Forn, dirigente de PdeCAT, solicita 16 años. Ambos se encuentran desde hace más de un año en prisión preventiva, pero sus estrategias no pueden haber sido más opuestas.



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