Juicio del 'procés' Los acusados del 'procés' se aferran a la despenalización de convocar referéndums que impulsó el PSOE

El líder de ERC Oriol Junqueras volvió en varias ocasiones sobre el argumento de que nada de lo que hizo fue ilegal para recordar que fue el legislador el que lo sacó del Código Penal; esta semana han coincidido otros acusados en que lo que pone de manifiesto será una constante entre los líderes independentistas

Oriol Junqueras en el juicio del procés
Oriol Junqueras en el juicio del procés EFE

Los acusados del 'procés' se han aferrado en lo que va de juicio a la despenalización de convocar los referéndums que impulsó el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, derogando así una medida que en su día introdujo en el Código Penal el PP de José María Aznar. A ese cambio de legislación acudieron la primera semana tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras como el exconseller de Interior Joaquim Forn. Y esta semana han coincidido los acusados Jordi TurullRaül Romeva en que lo que pone de manifiesto será una constante en los argumentos de los líderes independentistas.

Este martes, Romeva se ha mostrado convencido de que lo que hicieron el 1-O en Cataluña era y es lícito y legal. Siguiendo la misma hoja de ruta, Forn insistió la semana pasada en que la celebración del referéndum no suponía ningún tipo de delito. Mientras que Junqueras negó los cargos de los que se le acusa de forma contundente: "Nada de lo que hemos hecho es delito"; y volvió en varias ocasiones sobre este argumento para recordar que fue el legislador el que lo sacó del Código Penal.

El delito de convocatoria ilegal de referéndum se incluyó en la reforma del Código Penal del año 2003 y el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo publicó el 26 de diciembre de ese año. La reforma introducía los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis y fue impulsada por el grupo parlamentario del PP en el Senado a través una enmienda en la tramitación de la Ley de Arbitraje. Con todo, aquellos artículos no contemplaban más de cinco años de prisión, unas penas muy inferiores a las que ahora defiende la Fiscalía por rebelión (hasta 25 años en el caso de Junqueras).

El Plan Ibarretxe

En aquel 2003, las convocatorias de consultas populares en Cataluña tan sólo era un amago al que recurría de cuando en cuando el entonces presidente catalán Pascual Maragall. La motivación del PP entonces era contrarrestar el llamado 'Plan Ibarretxe' con el que el lehendakari del PNV buscaba dotar al País Vasco de un estatus político parecido al de un estado libre asociado como Puerto Rico con Estados Unidos. Aquel intento soberanista no fue a más y se acabó tras un debate previo a una votación en el Congreso de los Diputados, tal y como recordó Turull en su interrogatorio de este martes en el Tribunal Supremo.  

Dos años después y tras el cambio de Gobierno en La Moncloa, el PSOE impulsó la derogación de esos tres artículos del Código Penal de 2005 con el apoyo de los partidos nacionalistas y los únicos votos en contra de los parlamentarios del PP. La exposición de motivos de la modificación decía lo siguiente: “Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente Ley, se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”.

El PP pide retomar la medida

Ahora, en paralelo a la celebración del juicio del 'procés', el pleno del Congreso de los Diputados ha vuelto a tener sobre la mesa la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para castigar con penas de cárcel la convocatoria o promoción de referéndum ilegales. La propuesta, de momento, cuenta con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del PSOE

De hecho, el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha cargado contra los populares por presentar una propuesta de este tipo, tras haberse celebrado dos referéndums en Cataluña durante la gestión del expresidente Mariano Rajoy; mientras que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha tachado de "ridícula" la acción. 

La intención de la formación de Pablo Casado era incluir tres nuevos delitos tras lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre de 2017: uno, para afectar al funcionario que autorizase el referéndum; dos, para sancionar al funcionario que facilite, promueva o asegure el proceso de consulta; y tres, para castigar "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quienes hagan de interventores.

Finalmente, el PP y Ciudadanos se han quedado solos con la propuesta. Tanto el PSOE como Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas se han negado a que se tramite la proposición de ley.

Sin embargo, aunque la proposición se aprobara, el tribunal que juzga la causa del 'procés' examinaría los hechos ocurridos en Cataluña entre el 2012 y el 2017 con la ley que beneficie al acusado que, en este caso, sería la normativa que estaba en curso al momento de los hechos y que ampara la despenalización impulsada por el Grupo Socialista. 

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