Tribunales

El 'caso espías' se juzga diez años después con Aguirre y González como testigos

Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial a varios políticos adversarios a Esperanza Aguirre al menos entre abril y junio de 2008

Imagen de archivo de Ignacio González y Esperanza Aguirre
Imagen de archivo de Ignacio González y Esperanza Aguirre EFE

Diez años y tres archivos después, el juicio del 'caso espías' llega a la Audiencia Provincial de Madrid. Arranca este lunes, sin acusación fiscal y con una lista de testigos que incluye a ex altos cargos de la Comunidad madrileña: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Salvador Victoria. Tras tres semanas de vista oral, se prevé que el juicio contra tres guardias civiles, dos policías y un funcionario público acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos, esté visto para sentencia.

Los hechos investigados -un supuesto espionaje a políticos madrileños- habrían ocurrido en 2008. Justo en medio de la guerra de poder en las entrañas del Partido Popular tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales de aquel año. 

Corría 2009 cuando Manuel Cobo -ex mano derecha del entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón- denunció que había sido espiado durante la primavera del año anterior; posteriormente, se sumó el exconsejero madrileño Alfredo Prada. En aquella época, ambos eran considerados los 'enemigos políticos' de Aguirre.

Manuel Cobo
Manuel Cobo Javier Lizón

Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial al menos entre abril y junio de 2008. También aseguran que los seis procesados habrían recibido nóminas y dietas como pagos por sus servicios durante dicha actividad. 

El juicio pretende determinar el uso de los mencionados medios públicos que, presuntamente, habrían generado gastos indebidos en el Gobierno regional. Por ello, y en contra del criterio de los fiscales, los seis acusados -el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro; y los policías Sergio Gamón y Miguel Castaño Grande- se sentarán en el banquillo para dar explicaciones.

Alfredo Prada.
Alfredo Prada. EFE

Declaraciones

Este miércoles y jueves, los procesados comparecerán ante el magistrado Arturo Beltrán, encargado de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid y, por tanto, de juzgar el procedimiento del jurado popular. Y responderán a las preguntas de las acusaciones particulares -el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional socialista Carmen Méndez González-.

En calidad de testigos declararán, entre otros, el exconsejero de Presidencia madrileño FranciscoGranados (el viernes), el expresidente de la Comunidad IgnacioGonzález y la también expresidenta EsperanzaAguirre (el lunes 11), y el exconsejero portavoz del gobierno regional Salvador Victoria (el miércoles 13).

Entre otros citados, prestarán testimonio a petición de la defensa el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, el periodista José Manuel Romero, el que fuera director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Enrique Barón y al excomisario Jaime Barrado.

La Fiscalía no ve delito

El juicio no contará con acusación fiscal. El Ministerio Público estima que no existe infracción penal alguna en los seguimientos denunciados. En su escrito, subraya que según sus investigaciones "no se ha generado perjuicio alguno a laComunidad de Madrid". 

Imagen de la sede de la Comunidad de Madrid.
Imagen de la sede de la Comunidad de Madrid. EFE

Asimismo, los fiscales señalan que tres de los procesados tenían, entre sus funciones como asesores de seguridad, que controlar varios edificios y sedes oficiales a los que "solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos".

En este sentido, la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá la absolución de los seis acusados. Considera que consta que se destinaran medios públicos a otra asignación que no fuese correspondiente a la función pública. 

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