Caso Lezo

El juez pide a Panamá que busque los 20 millones en mordidas del Canal de Gallardón

El magistrado Manuel García-Castellón reclama también a las autoridades panameñas información sobre una causa contra el empresario español Sergio Vidal Balaguer, que podría haber cometido un delito de corrupción en las transacciones internacionales al pagar una mordida de más de 200.000 euros

José Ruiz-Gallardón Utrera  y Alberto Ruiz-Gallardón
José Ruiz-Gallardón Utrera y Alberto Ruiz-Gallardón EFE

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, ha reclamado a las autoridades de Panamá que investiguen el destino del dinero enviado desde tres cuentas bancarias del BBVA, y que podrían haber sido utilizadas para cobrar en este país una parte de los más de 20 millones de euros de dinero público presuntamente desviados en la compra en 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II, de la colombiana Inassa.

En la operación de Inassa, en la que inicialmente el Canal de Isabel II adquirió la empresa interpuesta uruguaya Sociedad de Agua de América SA, el juez considera que varios empresarios españoles y de otras nacionalidades podrían haber obtenido unos ingresos que fueron presuntamente camuflados.

Es por este motivo por el que García-Castellón se dirige a las autoridades panameñas, ya que pretende obtener información "respecto de distintas cuentas bancarias del BBVA". Datos que el magistrado considera indispensables para la investigación de la operación, "dado que la información remitida por la entidad BBVA resulta relevante para que puedan cumplimentarse debidamente las distintas solicitudes de cooperación internacional remitidas a las autoridades de Panamá".

Una empresa panameña

En concreto, el instructor sigue la pista a las transferencias realizadas desde tres cuentas bancarias de BBVA a la sociedad panameña Leasing Bogotá SA tras la compra de Sociedad de Agua de América SA y posteriormente de Inassa.

También relacionado con Panamá, el juez García-Castellón ha informado a las autoridades de este país que el empresario alicantino Sergio Vidal Balaguer es sospechoso de haber cometido un delito de corrupción en el ámbito de las transacciones internacionales al abonar presuntamente en este país una mordida de más de 200.000 euros.

En concreto, el juez investiga las posibles irregularidades derivadas de la adjudicación el 27 de julio de 2012 al consorcio empresarial Cleop-Inassa de un contrato público en Panamá para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de La Pintada, en la provincia de Coclé: "Mediante un presunto pago de ilícitas comisiones equivalentes al 7,25% del precio de adjudicación y, concretamente, de al menos 273.672 dólares", especifica el auto.

Un nuevo acuerdo

Después de la adjudicación, completa el juez, el consorcio empresarial y la empresa panameña MG Infraestructuras firmaron un acuerdo por medio del cual esta última firma participaría en la ejecución del contrato de obra pública La Pintada.

"El pago de la citada comisión podría haberse encubierto mediante la firma de un contrato de asesoría técnica suscrito entre las sociedades Inassa-Cleop-MG Infraestructuras con la sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas Eduholding Corp, encontrándose en estos momentos investigados por estos hechos distintos ciudadanos españoles vinculados con las tres primeras empresas citadas", completa el auto de 13 de diciembre pasado.

En el auto, el juez también reclama al Gobierno de este país centroamericano que detalle el objeto de una investigación seguida ante el Juzgado Décimo Cuarto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en su Sumario en Averiguación dentro del que se podría haber dictado un sobreseimiento definitivo el 11 de julio de 2018; según consta en una resolución aportada por el abogado del investigado Sergio Vidal Balaguer.

García-Castellón quiere saber si los hechos que se están investigando en España, relativos al presunto pago de la comisión ilícita en Panamá, y las personas contra las que se sigue en procedimiento en España, han sido objeto de investigación en el país centroamericano.

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