Desafío soberanista

El juez del 1-O acusa a la Generalitat del 155 de ralentizar su investigación

Recurre directamente a la Guardia Civil debido a las “dilaciones” de la Intervención General en peticiones anteriores

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo

El juez de Barcelona que investiga la organización del referéndum en Cataluña no se fía de la Intervención General de la Generalitat, intervenida desde hace seis meses por el Gobierno. Por ello le ha pedido directamente a la Guardia Civil que se haga cargo de recabar datos relacionados con la página web que se usó para la consulta. Entre la documentación que ha pedido se encuentran las facturas que se pagaron para su elaboración en el marco de la investigación sobre la malversación.

A través de una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer pide que la información requerida le sea “facilitada inmediatamente y ejecutada ante los agentes de la Guardia Civil”. El documento lleva fecha del pasado 25 de abril y adopta esta decisión teniendo en cuenta “las dilaciones que por parte de la Intervención General de la Generalitat se han producido en respuesta a otros oficios remitidos”.

Extracto de la providencia del juez en la que denuncia las dilaciones de la Intervención
Extracto de la providencia del juez en la que denuncia las dilaciones de la Intervención

Fue el 17 de abril cuando el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona emitió un auto en el que ordenaba una serie de diligencias de investigación sobre el diseño adquisición y puesta en marcha de la web referendum.cat. Entre las pruebas que busca para poder acreditar el desvío de fondos públicos está el expediente de contratación o las facturas.

Inicialmente iba a ser la Guardia Civil la que solicitase al Departamento de Presidencia de la Generalitat que remitiese al Juzgado “a la mayor brevedad posible” la información solicitada. Pero el propio Instituto Armado recomendó al juez que, “para evitar una dilación innecesaria en la instrucción y por eficacia procesal, se considera que la extracción y entrega de la información requerida se debería ejecutar ante los agentes que comunicaran y entregaran el mandamiento solicitado”.

La Guardia Civil recomendó al juez dejar la gestión en sus manos
La Guardia Civil recomendó al juez dejar la gestión en sus manos

Esta es una parte relevante de la investigación por malversación ya que, como ha venido informando este periódico, son muchos los testigos, investigados y empresarios que en sus declaraciones judiciales afirman que no se llegaron a pagar las facturas en unos casos por miedo y en otras por prudencia. Los propios empresarios que dejaron de cobrar los trabajos realizados también dicen que no reclamaron a la Generalitat, también por temor.

Este miércoles, Vozpópuli desveló que dos trabajadores del Departamento de la Presidencia que encabezada el ahora fugado Carles Puigdemont admitieron ante el juez que recibieron un informe de la asesoría jurídica que les conminaba a dejar sin pagar las facturas apelando a un artículo de la Ley de Finanzas, que contempla esa posibilidad cuando hay causas bajo investigación.

Precisamente el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se refería esta semana también a la web referendum.cat en su auto en el que confirmaba el procesamiento de los investigados por rebelión y malversación. El magistrado reconoce que no hay datos de que se pagaran las facturas.



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