Tribunales

La mayoría de los jueces, contra la reforma del Poder Judicial: "Es contraria a la Constitución"

La Asociación Europea de Jueces ha expresado "su gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia" del órgano de gobierno de la judicatura

Una mayoría de jueces, contra la reforma del Poder Judicial: "Es contraria a la Constitución"
Una mayoría de jueces, contra la reforma del Poder Judicial: "Es contraria a la Constitución"

Las dos principales asociaciones de jueces han rechazado la propuesta de reforma del PSOE y de Podemos de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según las versiones recabadas por Vozpópuli. Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la Francisco de Vitoria consideran que se trata de un cambio que va incluso en contra de la legislación vigente. Por su parte, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) reclama que la actualización del órgano de gobierno de los jueces se lleve a cabo, tras casi dos años en funciones, con la Ley actual.

En concreto, el portavoz de la mayoritaria APM, Manuel Almenar, sostiene que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por los partidos que sustentan el Ejecutivo, y que establece la elección de vocales por una mayoría simple en el Parlamento, es "abiertamente contraria a la Constitución". Según su análisis, el artículo 122 de la Constitución especifica que los ocho juristas que integran el Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos por tres quintos de los parlamentarios; mientras que los doce representantes de los jueces deben ser nombrados por una mayoría idéntica en virtud de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional.

Mayoría cualificada

"Esta cuestión se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que fue la que validó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y entre sus argumentos recoge la aplicación de una mayoría cualificada, en la medida que puede garantizar de alguna manera que no se traslade al Poder Judicial la lucha partidista, propia del Parlamento. Y eso dice la sentencia, no es que lo diga yo", destaca Manuel Almenar.

Además, el portavoz de la APM destaca que el cauce elegido ahora por el Gobierno, que ha optado por la Proposición de Ley en vez del Proyecto de Ley, "supone obviar los preceptivos informes de órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado".

Pablo Iglesias y Carlos Lesmes.
Pablo Iglesias y Carlos Lesmes. EFE

Y otra laguna de la propuesta de los Grupos Parlamentarios del PSOE y de Podemos, según el portavoz de la APM, es que la reforma "se pretende aplicar a un proceso de renovación del Poder Judicial que que ya se inició hace dos años, que no para el futuro, sino que se trata de un proceso ya iniciado. Eso no se puede hacer...", lamenta Almenar, que hace un paralelismo con la política para explicar su postura: "Es como si en unas elecciones, una vez iniciada la campaña, tratáramos de cambiar la ley electoral".

Almenar estima, también, que esta modificación va en detrimento del Estado de Derecho, que es uno de los pilares de la Unión Europea: "Y cualquier intento de desconocer ese Estado de Derecho tiene su sanción a través del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. De hecho, hay una recomendación de la UE respecto al Estado de Derecho en Polonia, que es de 26 de julio de 2017, que expresamente viene a decir que en los Estados en la que se ha constituido el Poder Judicial su independencia es especialmente importante. Y una reforma, en esta línea, lo que hace es poner al Poder Judicial al servicio del Gobierno, y eso atenta contra el Estado de Derecho, porque es la base de la Democracia", concluye.

"Un despropósito"

Por su parte, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Luis Fernández Vaquero, asegura que el cambio es "un despropósito", ya que se produce cuando los jueces llevan reclamando, desde hace varios años, que el sistema de elección de los vocales judiciales se modifique para que sean elegidos por los jueces, y no por los diputados o senadores.

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"Y no es que lo digamos nosotros, nos lo están recomendando para mejorar y fortalecer nuestro Estado de Derecho desde el Consejo de Europa. Pues bueno, esta iniciativa va justo en el sentido contrario, porque el efecto real que se produce, si sale adelante esta reforma y una mayoría absoluta nombra a los vocales judiciales, es que se puede establecer, desde el punto de vista del ciudadano, una línea directa que une el Gobierno con el Poder Judicial. Es ir en sentido contrario, un disparate, un despropósito", lamenta Fernández Vaquero.

Además, prosigue Fernández Vaquero, el contexto en el que se produce el cambio "agrava el potencial efecto dañino. Estamos en un momento de deterioro, en el que se le está quitando legitimidad al CGPJ y a los propios jueces, al hilo de investigaciones judiciales. Y es en este contexto en el que se está cuestionando, más allá de lo razonable, la legitimidad, y eso hace que sea más grave", concluye.

Con la Ley actual

La progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) coincide con las otras dos asociaciones en que la renovación se debe llevar a cabo con la Ley actual: "Aunque entiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez trate de buscar una solución a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que en diciembre hará dos años en funciones", destaca la portavoz, Ascensión Martín, que concluye: "Nuestra propuesta es que se renueve con la presente ley, pero entendemos que el Gobierno quiera renovar las instituciones".

Por su parte, la Asociación Europea de Jueces ha expresado este martes en un comunicado de prensa "su gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial".

"En lugar de aprovechar -prosigue el documento- esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, retornando al sistema anterior donde los jueces integrantes del CGPJ eran elegidos por sus iguales, la presente opción aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva".

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