Publicado: 14/01/2019 20:38
La decisión del capitán marítimo de Barcelona, dependendiente del ministerio de Fomento, de denegar el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo al buque Open Arms es un nuevo ejemplo del cambio de rumbo en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace 10 meses, a través de una queja parlamentaria, el PSOE, en aquel momento en la oposición, criticó al Ejecutivo de Mariano Rajoy por la misma decisión tomada este lunes por la capitanía marítima barcelonesa.
"La inmovilización del Open Arms es un acto más en la escalada de acoso y criminalización de la acción solidaria de las ONGS en el Mediterráneo Central". Así de duro se mostraban los socialistas en un texto firmado por los diputados Meritxel Batet, Dolores Galovart y Pere Joan. La queja se realizó tras la orden de la fiscalía de Catania de realizar un secuestro preventivo de un barco de salvamento de la ONG española Proactiva Open Arms. Además, también se abrió una investigación contra el capitán y contra la coordinadora de la embarcación por un presunto delito de asociación criminal dirigida a facilitar la inmigración ilegal.
21/03/2018. El PSOE presenta esta queja al Gobierno del PP por el secuestro del barco de Open Arms.
10 meses después son Gobierno y lo hacen ellos.
Exigimos responsabilidades. pic.twitter.com/PMza7szJaj
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 14, 2019
Motivos de seguridad
Ahora, tras varios meses actuando en el Mediterráneo rescatando a inmigrantes, el Gobierno de Sánchez alega motivos de seguridad para impedir que el barco de la ONG zarpe para continuar con su labor. Desde Moncloa explican que no queda garantizada la posibilidad de que los náufragos rescatados puedan desembarcar en un puerto cercano y seguro porque el barco sólo puede transportar a 18 personas.
En la resolución de despacho que firma el capitán marítimo, Javier Valencia, y a la que ha tenido acceso Efe, éste hace constar que los gobiernos de Libia, Italia y Malta no permiten el desembarco en sus puertos de los migrantes que rescata Open Arms, cuyo buque insignia está amarrado en Barcelona y solicitó permiso para zarpar hacia Libia el pasado día 8 de enero.
La denegación de Libia, Italia y Malta incumple la normativa internacional de rescates marítimos que obliga, entre otras cosas, al "descargo del capitán de sus obligaciones tras haber prestado auxilio a las personas puesto que no permite desembarcarlas en un plazo razonable en un lugar seguro".
La normativa, especifica la resolución, obliga a "reducir al mínimo el tiempo que los supervivientes permanecen a bordo del buque que presta auxilio; por el contrario, el buque se ha visto obligado a cruzar el Mediterráneo durante días desde su zona de operaciones para encontrar un lugar seguro".
En este sentido, puntualiza que "el buque que presta auxilio puede carecer de las instalaciones y el equipo necesarios para acoger un número adicional de personas a bordo sin poner en peligro su propia seguridad, o para cuidar adecuadamente a los supervivientes".
"Éste es precisamente el caso del Open Arms, que está certificado para 18 personas y, por tanto, con mayor razón debe desembarcar a las personas rescatadas en el mar a la mayor rapidez", añade la resolución del capitán marítimo.
Según Capitanía Marítima, que depende de la dirección general de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, las operaciones de salvamento que lleva a cabo Open Arms no pueden cumplir las directrices de los convenios internacionales sobre operaciones de salvamento porque "de facto el buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas muy lejos del lugar de rescate".
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