Un guardia civil declara que le ordenaron seguir a Cifuentes "por interés de Ignacio González"

El guardia civil José Oreja Sánchez ha declarado este miércoles en el juicio del "caso espías" que "por interés" del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recibió en 2008 "órdenes ilegales" de realizar "seguimientos" a políticos del PP como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.

José Oreja ha sido el primero de los seis acusados en declarar en el juicio que celebra la Audiencia Provincial por el supuesto espionaje a políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Oreja ha explicado que las órdenes se las dieron en febrero de 2008 a él y a otros asesores de seguridad en la Comunidad de Madrid (tres guardias civiles y otros tres policías nacionales) los también acusados Sergio Gamón y Miguel Castaño, que entonces eran director y subdirector general de Seguridad, respectivamente.

Ha añadido que él y los otros dos guardias civiles se negaron a cumplir dicha orden al estimar que era ilegal y lo denunciaron ante el entonces consejero Francisco Granados.

A Cifuentes, Prada y Cobo

Ha concretado que le ordenaron realizar seguimientos a la exdelegada del Gobierno y expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, al exvicepresidente Alfredo Prada y al exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid Manuel Cobo.

Tras desobedecer dichas órdenes y denunciarlas recibieron un "auténtico acoso laboral con una tensión insostenible"

Oreja ha indicado que a raíz de que él y los otros dos guardias civiles denunciaran estas órdenes ante Francisco Granados les obligaron a ir a sitios públicos donde iban las personas a las que querían seguir para que figuraran sus ubicaciones y realizaran unas notas de trabajo en las que luego "ellos escribían lo que querían".

Ha asegurado que tras desobedecer dichas órdenes y denunciarlas recibieron un "auténtico acoso laboral con una tensión insostenible".

Este acusado ha insistido en que denunció estos hechos varias veces al consejero Granados y que a raíz de ello recibieron hostigamientos y presiones él y sus compañeros guardias civiles así como otros empleados de la Comunidad de Madrid que eran técnicos que se negaron también a cumplir estas órdenes.