El Gobierno pagó al intermediario el doble del precio de mercado para los test rápidos defectuosos

El Gobierno pagó para los 640.000 test rápidos traídos de China y que resultaron ser defectuosos el doble del precio de mercado correspondiente por cada kit. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Sanidad, pactó en marzo una entrega de cuatro lotes de test a la española Inter Pharma. Esta firma prometió adquirir a la firma China Bioeasy ese material sanitario. El coste total de la operación ascendía a 17 millones de euros, lo que equivale a 26,5 euros por cada test. Un precio disparatado puesto que en el mercado la media de estos test oscila entre 12 y 19 euros y que la ingente cantidad debería haber reducido el coste. El Estado acordó un sobreprecio de hasta un 116% más.

Sánchez y sus ministros escondieron durante más de un mes el nombre de la firma con quien mantenían el contacto para traer material sanitario en España y que resultó irregular para tratar la Covid-19. El pasado 18 de marzo, de hecho, cuatro días después de declararse el estado de alarma, el Gobierno firmó un contrato con la empresa española Inter Pharma para traer un total de 640.000 test rápidos para detectar el coronavirus.

Inter Pharma, según el pliego de contratación oficial, acordó con el Estado trabajar junto a la empresa china Bioeasy (sociedad que tiene una doble sede, en China y Estados Unidos) para obtener cuatro lotes de material sanitario. Inter Pharma y Bioeasy prometieron al Gobierno enviar en pocos días 640.000 test rápidos (COVID-19 Coronavirus Ag GICA Rapid Test) que se realizan a través de muestras respiratorias de exudado nasofaríngeo. Es decir, test rápidos que permiten a través de un palillo en la nariz del enfermo o sospechoso contagiado, luego cruzado con un líquido, detectar la enfermedad en unos 10 o 30 minutos.

Menos eficaces que los PCR

Estos test sirven para detectar la proteína del virus, lo que les convierte en test muy rápido pero menos eficaces que los de laboratorio PCR. Otra características es que son muy baratos. Los test de laboratorios PCR, por ejemplo, valen entre 40 y 60 euros cada uno, aunque el Estado logró rebajar su precio hasta 19 euros gracias a la ingente cantidad del pedido. El problema es que la OMS solo recomienda los test rápidos para ensayos clínicos o en residencias y hospitales donde están los casos más graves de Covid-19.

A pesar del precio más alto, el Gobierno empujó igualmente el acelerador al encontrarse ya “desbordado” por la eclosión de la pandemia. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 21 de marzo a bombo y platillo la compra de estos test, que consideró esenciales para luchar contra el patógeno de origen Chino. "Se tratan de test fiables, homologados", remarcó.

Inter Pharma entregó al ejecutivo dos lotes en las fechas 21 y 25 de marzo. Sin embargo, en ambos casos, el análisis de la Universidad Carlos III detectó que el resultado no era satisfactorio. El índice de fiabilidad era inferior al prometido.

Después de comprobar que el primer lote era defectuoso, el Gobierno intentó corregir el tiro con el segundo. El fabricante, al que el Gobierno chino declaró no tener la autorización oficial, prometió la entrega de otros lotes nuevos. El Estado aceptó. Pero también los segundos, de otro modelo, aunque semejante al primero, eran insuficientes (el nivel de sensibilidad era del 40% y no más del 80%).

Durante más de un mes el Ejecutivo aguantó las críticas y las preguntas de la prensa, ocultando el nombre del intermediario español. Inter Pharma es una empresa que tiene sede social en Santa Coloma de Gramanet. Se trata de un municipio gobernado por la socialista Núria Parlón, compañera de partido del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien fue alcalde del pueblo catalán La Roca del Valles. 

Adelanto de siete millones

En la mañana del pasado miércoles, solo después de que el Gobierno publicara el contrato de 17 millones de euros, Inter Pharma envió una nota de prensa. En ella, declara que recibió un adelanto de siete millones (IVA incluida), pero que al detectarse que los kits no respondían a los criterios de calidad exigidos, devolvió esos fondos.

"Tras recibir los primeros lotes, el Gobierno español hizo sus comprobaciones y estimó que los test no ofrecían los resultados esperados. Cuando nos fue comunicada esta situación se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados", reza el comunicado de Inter Pharma.

Los test comprados en marzo por el Ejecutivo no son los mismos que los que está adquiriendo ahora de Pekín. El Ejecutivo ya ha recibido dos millones de test rápido y espera otros tres, con un coste total de 38 millones de euros (unos 7 euros por cada kit). Estos test son los llamados serológicos, que se realizan a través de una muestra de sangre. También da resultado con celeridad, pero su coste es inferior: entre 6 y 13 euros. 

En ambos casos, fuentes del sector sanitario destacan que son test con una fiabilidad relativa, puesto que se diferencian de los llamados PCR, los de laboratorio, cuyo resultado es inapelable. También cuestionan la decisión del Ejecutivo de dar una “segunda oportunidad” al intermediario y a la empresa china. Tiran del ejemplo británico: “El Gobierno británico fue estafado porque intentaron enviarle unas pruebas falsas. Pero se dieron cuenta y lo pararon todo. En España dieron al intermediario una segunda oportunidad”, comentan.

La paradoja de toda esta operación es que en el llamado mercado negro se pueden encontrar test parecidos a los comprados por el Gobierno por un precio incluso inferior a lo que se pagó a la firma china. En farmacias de Madrid, por ejemplo, como desveló El País, se pueden realizar pruebas de la Covid-19 por un precio de 25 euros. Algo menos de lo que el Estado pagó para su primera gran compra de material sanitario en la crisis del coronavirus y que resultó ser un fracaso.