Política

El Gobierno pide al TC que anule una resolución del Parlament que reprueba al Rey y defiende la autodeterminación

El Consejo de Ministros también pide al Constitucional que aperciba al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de las eventuales responsabilidades penales si ignoran al Tribunal

Los ministros Planas, Celaá y Calviño.
Los ministros Planas, Celaá y Calviño. EFE

El Gobierno ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que anule dos partes de una resolución aprobada recientemente por la mayoría separatista en el Parlament de Cataluña. Y ha pedido que el TC que aperciba al presidente de la Cámara, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de sus eventualidades responsabilidades, incluso penales, si no cumplen con la suspensión.

El Consejo de Ministros ha planteado un incidente de ejecución de sentencia. Es decir, el Gobierno estima que la moción del Parlament ya incumple varias sentencias del Constitucional y por lo tanto no necesita un informe del Consejo de Estado para poner un nuevo recurso ordinario.

Esta vía, que el presidente Pedro Sánchez no había utilizado todavía, fue muy usada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el golpe separatista en 2017.

Defensa del Rey y contra la autodeterminación

Los dos incidentes que el Ejecutivo llevará al TC se refieren a dos puntos de la resolución Propuestas para una Cataluña Real aprobada en julio. El primero es el que "ratifica la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo catalán". El segundo es el que "reprueba" al rey Felipe VI.

"El Gobierno considera que la resolución incumple la sentencias del TC", ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celaá.

"Pedimos la nulidad del contenido de las resoluciones. Hay una clara advertencia a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional", ha añadido el ministro de Política Territorial, Luis Planas.

Sánchez había advertido hace unas semanas que el Gobierno impugnaría algunas resoluciones del Parlamento catalán, pero no mencionó la de julio sino una moción de septiembre. En cualquier caso, los recursos confirman el giro Gobierno socialista, que ha adoptado un perfil mucho más duro con la Generalitat de Cataluña tras meses de apelaciones al diálogo y la distensión.

Ley de Seguridad Nacional y 155

Celaá ha sido contundente. Y ha asegurado que el Gobierno, pese a estar en funciones, podrá usar todos los elementos constitucionales a su alcance ante un escenario de desobediencia después de la sentencia contra los líderes del proceso separatista, que se conocerá a mediados de octubre.

"La Generalitat es la única que tiene la llave de la excepcionalidad", ha dicho Celaá.

La portavoz ha señalado que existe el artículo 155 y la Ley de Seguridad Nacional. A pesar de que, tal y como publicó Vozpópuli el TC restringe su utilización, Celaá ha dicho que esta ley "tiene como obligación salvaguardar el superior interés general".

"Si hay emergencia (la Ley de Seguridad Nacional) puede llegar a coordinar a todas las administraciones públicas para conseguir un resultado más eficiente", ha señalado.

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