Publicado: 28/10/2019 07:22
El Ministerio del Interior va a entregar la semana próxima, justo antes de las elecciones del 10 de noviembre, los 46 millones de euros que les adeuda en subvenciones por los resultados de los comicios generales del 28 de abril, admiten a Vozpópuli fuentes del Ejecutivo. Se trata de aliviar las arcas de unas formaciones políticas que están encontrando serias dificultades para financiar la repetición de los comicios.
Una orden ministerial de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de marzo estipula una bonificación de 21.167,64 euros por cada diputado y senador; igual que en las elecciones generales de junio de 2016, y 465,69 euros menos que en los comicios del año 2011 ganados por Mariano Rajoy.
Además, a todas las formaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria el 28-A el Estado les deben 0,81 euros por cada voto al Congreso y 0,32 al Senado. El envío de publicidad y papeletas de voto con sobre va aparte y se subvenciona con 0,21 euros por elector.
13,6 millones de tope
Esa misma orden ministerial de marzo va a regir en el reparto de subvenciones a los resultados que se obtengan en las elecciones generales del 10-N, con un tope de gasto de 0,37 euros por cada habitante que hay en las circunscripciones en las que se presentan; lo cual hace que los partidos nacionales -se presentan en las 52 provincias- no puedan gastar más de 13,65 millones.
Les aliviará en esta ocasión el hecho de que esta campaña dura la mitad que una normal y han renunciado, salvo el PNV, a poner carteles de publicidad exterior -banderolas y marquesinas- para ahorrar en tiempos de crisis de financiación.
El PSOE se financia con microcréditos que ha pedido a sus afiliados; todavía está pendiente de devolver los 30 millones que recaudó para las elecciones del 28 de abril y las del 26 de mayo
El Ministerio del Interior sufraga el funcionamiento mensual ordinario -entre el 75 y el 80% de la financiación-, pero la retención hasta ahora de esos 46 millones de gasto electoral extra ha causado a las organizaciones un serio problema a la hora de pedir créditos (todos menos Podemos, que lo tiene prohibido en sus estatutos). Ya para las elecciones de abril la Banca se negó a prestar incluso a los poderosos PSOE y PP.
La decisión obligó al PSOE a abrir una línea de microcréditos para que le financiaran las elecciones generales del 28 de abril y las autonómicas y municipales del 26 de mayo: 30 millones en pequeñas cantidades al 2% de interés, que todavía no ha devuelto. Con ocasión de estas elecciones del 10-N también ha abierto otra línea de microcréditos; y la semana próxima, con las subvenciones del 28-A que perciba del Ministerio del Interior, empezará a devolver a sus afiliados.
Pero quien, sin duda está atravesando las mayores dificultades es un PP acostumbrado a la opulencia de los días de mayoría absoluta, al cual le está pasando una dura factura en términos de imagen la financiación ilegal. Ahora mismo vive en una economía de guerra después de pasar de los 186 diputados logrados por Mariano Rajoy en 2011 a 137 en 2016 y ahora solo 66, el peor resultado de su historia
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