Política

El Gobierno se expone a recursos de amparo ante el Constitucional si cierra La Almudena a Franco

Algunos juristas consideran que el Estado puede vulnerar el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, y dudan de la legalidad de prohibir un lugar de enterramiento

En el centro, la tumba donde yacen los restos de la hija y el yerno de Franco en la cripta de La Almudena.
En el centro, la tumba donde yacen los restos de la hija y el yerno de Franco en la cripta de La Almudena. Vozpópuli

El Gobierno pisa arenas movedizas con la enmienda que quiere presentar a la Ley de la Memoria Histórica para evitar el enterramiento de Francisco Franco en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid. Algunos juristas creen Pedro Sánchez está bordeando, si no sobrepasando, los límites de la Constitución. El PSOE quiere prohibir que los restos del dictador sean sepultados en un lugar con acceso público y hacer responsable a los titulares de los espacios donde se exalte el franquismo.

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos apunta a fiasco si no se resuelve el laberinto jurídico en el que se ha metido la vicepresidenta Carmen Calvo. La familia Franco ha trasladado al Gobierno su deseo de inhumar los restos en la cripta de La Almudena, donde están ya enterrados la hija de Franco y su esposo. La sepultura tiene espacio para al menos otros dos ataúdes

¿Cerrar un cementerio?

Calvo se niega en redondo. La vicepresidenta ha intentado frenarlo con la Iglesia, pero no ha podido. ¿Puede el Estado prohibir el enterramiento de una persona en un espacio público? La cripta de la Almudena es un lugar de acceso público, pero cualquier cementerio municipal lo es.

Varios expertos consultados por Vozpópuli sostienen que el Ejecutivo se expone a una cascada de demandas ante los tribunales, incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la violación de derechos fundamentales.

El Estado, ponen como ejemplo, no puede impedir que el mayor y más despiadado asesino sea enterrado en un nicho, cripta o cementerio público, ni a sus padres llevarle flores a la tumba. 

Guillermo Rocafort es un historiador que ha estado vinculado a algunas de las demandas que se presentaron contra el Ayuntamiento de Madrid por el cambio de nombres en el callejero de la ciudad. Los cambios se plantearon en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La alcaldesa Manuela Carmena perdió varios pleitos.

Conflicto judicial

Según Rocafort, lo que plantea el Gobierno puede violar los artículos 14 y 16 de la Constitución, que dicen que "todos los españoles son iguales ante la ley" y que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto". "La libertad de conciencia de las personas es la base de nuestra Constitución", asegura.

"Hacer una ley ad hoc en contra de una persona en particular que está muerta saltaría la regla general de la Constitución, porque los familiares vivos de Franco ya no serían iguales al resto de españoles", añade Rocafort. "Entraríamos en un conflicto judicial que se empantanaría en los juzgados".

José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, explica que es precipitado hablar de inconstitucionalidad hasta no conocer la literalidad de la enmienda. Sin embargo, entiende que es muy difícil para el Estado inmiscuirse en la decisión más privada que puede haber para una persona, que es elegir la forma y el lugar de enterramiento de un familiar.

Vera sostiene que lo que plantea Calvo es "jurídicamente dudoso" y "políticamente, una sinrazón". En su opinión, si el enaltecimiento del franquismo es motivo para cerrar el acceso público a un lugar de enterramiento, se deberían clausurar otros lugares en los que se ensalcen ideologías antidemocráticas como el "comunismo o el integrismo religioso".

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