Política

El Gobierno critica con dureza a la ONU por pedir la libertad de los presos del 'procés'

En un informe, un grupo de trabajo de la ONU ha calificado de "arbitraria" la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Junqueras, Sánchez y Cuixart y pide al Ejecutivo de Sánchez que proceda a su liberación

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la cumbre informal de los líderes de la Unión Europea.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la cumbre informal de los líderes de la Unión Europea. EFE

El Gobierno ha lamentado este miércoles el informe de un grupo de trabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas, que ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Fuentes del Ejecutivo han criticado este informe por considerar que sus redactores desconocen los delitos de los que están acusados en España los promotores de esta denuncia, porque creen que es legal en este país la convocatoria de un referéndum independentista y porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la independencia judicial".

"Refuercen el rigor"

Moncloa hace un llamamiento a los responsables de este informe que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los "intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

En el informe, el grupo de trabajo de la ONU considera que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.

Pide al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras "sin dilación"

Pide al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras "sin dilación", y considera que el "remedio adecuado" sería poner a estas tres personas "en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación" en virtud del derecho internacional.

Al mismo tiempo, insta al Gobierno a que ponga en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que "adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos".

A continuación reproducimos literalmente la respuesta de Moncloa:

En relación con el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relativo a la denuncia presentada por los Srs. Cuixart, Sánchez y Junqueras:

-Los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia.

-Consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española.

-Dan por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales.

-No tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial.

-Dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia.

Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes. Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha.Por razones como estas, el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios. Nuestro país hace un llamamiento a sus responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos.

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