Publicado: 29/03/2019 05:15
El comisario Enrique García Castaño, investigado por sus vínculos con el polémico Villarejo, introdujo un personaje nuevo en la trama durante su interrogatorio esta semana en la Audiencia Nacional. En un momento del cuestionario citó al policía franquista ya jubilado, Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño y sobre el que pesan numerosas denuncias de torturas de sus años de actividad.
Según fuentes presentes en su comparecencia, García Castaño, alias El Gordo, le citó a preguntas de su abogado. En concreto, apuntó a la posibilidad de que algunos de los datos confidenciales que le suministraba a Villarejo tuviesen como destinatario a Billy el Niño. Según dijo, ambos eran muy amigos.
García Castaño era el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, un departamento especialmente sensible con acceso a bases de datos dentro de la Comisaría General de Información. Se le investiga, entre otras cosas, por traficar supuestamente con datos personales que luego Villarejo usaba en investigaciones privadas a cambio de dinero y ajenas a su actividad como funcionario.
Por orden de Eugenio Pino
En su declaración judicial ante el juez y los fiscales, El Gordo echó balones fuera y culpó de este procedimiento a su jefe máximo, el director adjunto operativo Eugenio Pino, designado por el PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Según declaró el comisario, Pino le dijo que a Villarejo le diese todo lo que pidiese. No obstante, en la causa obran indicios de que esta relación y trasiego de datos entre ambos mandos se remonta muchos años atrás.
El nombre de Antonio González Pacheco reapareció en esta legislatura una vez que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez anunciase su deseo de retirarle las condecoraciones que recibió durante su carrera y que le aportan una pensión vitalicia. La iniciativa partió del Ministerio del Interior tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska.
En su condición de juez, exploró las vías legales para poder proceder a esta retirada sin incurrir en irregularidades que pudiesen dar pie a un recurso del afectado. Finalmente, el adelanto electoral ha dejado esta iniciativa en el aire por falta de tiempo, según confirmaron a Vozpópuli fuentes gubernamentales.
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