Desafío secesionista

La financiación sin documentar del 'procés': la defensa y el alojamiento de los fugados

Carles Puigdemont y el resto de huidos permanecen en cuatro países en los que viven gracias a sus sueldos públicos, las campañas anónimas de micromecenazgo, las colaboraciones de amigos y la ayuda de la ANC y Òmnium Cultural

Carles Puigdemont en Berlín
Carles Puigdemont en Berlín EFE

Los líderes independentistas fugados desde la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre mantienen desde su salida de España un alto nivel de vida en países como Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza, por lo que han podido contratar importantes gabinetes jurídicos, que han logrado sembrar de dudas la instrucción realizada en el Tribunal Supremo por el magistrado Pablo Llarena.

Y estos gastos no han sido documentados, hasta el momento, por los agentes de la Guardia Civil que actúan como Policía Judicial en la investigación del 'procés', que lleva a cabo en el Tribunal Supremo el magistrado Llarena, y en Cataluña el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Fuentes de la Fiscalía han asegurado a Vozpópuli que la investigación de estos gastos realizados en el exterior es secundaria, habida cuenta de que el propio ministerio público y el juez Pablo Llarena tienen suficientemente documentado el delito de malversación de caudales públicos.

Otras fuentes explican a este diario que la financiación extranjera del 'procés' podría no ser delictiva, habida cuenta de que para imputar el delito de malversación debería producirse un menoscabo de los fondos públicos. Si los fondos no fueran públicos no habría, entonces, un delito de malversación.

1,9 millones de euros

En este sentido, este jueves se ha conocido que la Guardia Civil ha acreditado una supuesta malversación de 1.932.765,42 euros provenientes de fondos públicos: 502.639,61 euros de Publicidad; 980.313,76 euros de envíos de Unipost; 217.656,22 euros para los observadores; 61.879 euros de cartelería a través de Òmnium; 17.690,20 euros del Teatro Nacional de Cataluña y 152.578,63 euros en material electoral.

Hasta el momento, la Asamblea Nacional Catala (ANC) se ha responsabilizado de abonar diferentes fianzas de los exconsellers, la última de ellas la de la número dos de ERC, Marta Rovira, que huyó de la justicia española con dirección a Suiza, por lo que el Tribunal Supremo ha ejecutado la fianza de 60.000 euros adelantada por la ANC y Òmnium Cultural.

Ponsatí ha conseguido alrededor de 281.000 euros (244.561 libras) de más de 8.000 personas físicas y jurídicas sin identificar

La contratación de abogados en Escocia, Bélgica, Alemania y Suiza también ha sido sufragada con campañas de micromecenazgo (crowfunding), que en el caso de la exconsejera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí, ha conseguido recibir alrededor de 281.000 euros (244.561 libras) de más de 8.000 personas físicas y jurídicas sin identificar, y ha pedido ayuda a otras más "de Escocia y del resto de Europa para superar las 300.000 libras esterlinas", y así abonar los servicios prestados por el letrado Aamer Anwar.

Clara Ponsatí con su abogado Aamer Anwar
Clara Ponsatí con su abogado Aamer Anwar EFE

Tras permanecer huida cuatro meses en Bélgica junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, Ponsatí anunció a comienzos de marzo su reincorporación a la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde ejerció como profesora de Economía y Finanzas entre 1996 y 2016.

"Trato inhumano"

En su exitosa campaña de micromecenazgo en el Reino Unido, Ponsatí ha asegurado que el Gobierno español, "por sus acciones pasadas y presentes, si regreso creo que es probable que sea sometido a un trato degradante e inhumano por parte de las autoridades".

El abogado Paul Bekaert (c)
El abogado Paul Bekaert (c) EFE

Los mencionados Comín, Puig y Serret también afrontan sus respectivas órdenes de detención y entrega por parte del Tribunal Supremo, por lo que han tenido que contratar o participar en el pago de los abogados belgas y españoles. El único de los tres que sigue siendo diputado, y por tanto recibe un sueldo público es Comín, que percibe un mínimo de 59.000 euros anuales como parlamentario.

Carles Puigdemont contrató en Bruselas los servicios del abogado flamenco Paul Bekaert, experto en la defensa de etarras fugados, y tras ser arrestado en Alemania se hizo con los servicios del prestigioso letrado Wolfgang Schomburg, exjuez en los tribunales penales internacionales para los conflictos de la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los abogados Wolfgang Schomburg (i) y Sören Schomburg, encargados de la defensa en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont
Los abogados Wolfgang Schomburg (i) y Sören Schomburg, encargados de la defensa en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont EFE

Puigdemont cuenta con el salario procedente de los sueldos públicos que ha percibido por su condición, primero de presidente de la Generalitat, y ahora de diputado del Parlament.

Como parlamentario, Puigdemont tiene derecho a percibir un mínimo de 59.000 euros anuales. Con ese dinero, y con la ayuda de su amigo Josep Maria Matamala, ha sufragado los costosos viajes que ha realizado por distintos Estados de Europa, como por ejemplo Finlandia, Dinamarca, Suiza, Alemania y Bélgica, país este último en el que el cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxC) ha llegado a alquilar una mansión, cuyo alquiler mensual supera los 4.000 euros.

2,3 millones al extranjero

Sin embargo, y según explica la Guardia Civil en el informe sobre el delito de malversación de caudales públicos remitido al Tribunal Supremo, todavía resta por analizar la documentación requisada en el registro de la sede del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, un departamento privado aunque de capital mayoritariamente público, que fue registrado por la Guardia Civil el pasado 12 de abril.

Según la querella interpuesta por el anterior fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido en Buenos Aires (Argentina), la principal herramienta de 'lobby' en el extranjero lo constituía Diplocat, que actuaba como un cuerpo diplomático paralelo al estatal, presidido por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Los presupuestos catalanes de 2017 le han destinado, al menos, 2 millones de euros –nótese que el activo declarado por el consorcio es de 2,3 millones, por lo que está participado en más de un 90% por la Generalitat", aseguraba la mencionada querella interpuesta en la Audiencia Nacional contra los integrantes del Govern.

Romeva y Diplocat

Este es el motivo por el que la propia Guardia Civil no descarta que los hasta ahora 1,9 millones de euros, presuntamente malversados, puedan incrementarse tras el análisis de la documentación requisada en el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, cuyo responsable último era el exconseller Raül Romeva.

Marta Rovira (d) y Raül Romeva (i) de ERC
Marta Rovira (d) y Raül Romeva (i) de ERC EFE

El artículo 432 del Código Penal castiga la malversación con pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

La pena se incrementa entre los cuatro y los ocho años -con inhabilitación hasta los 20 años- si en los hechos se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público o si su valor supera los 50.000 euros. En el caso de sobrepasarse los 250.000 euros, como sería el caso del 'procés', se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, lo que se traduce en hasta 12 años de prisión, informa Europa Press.



Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba