Caso Púnica

Un asesor de Sánchez pide el archivo de su causa: era un "simple ayudante" que cobraba "900 euros"

David Conesa Ferrer recurre a la Fiscalía, que rechazó que se hubiera cometido fraude, para afirmar que no existe "el más mínimo indicio de la comisión de delito alguno".

Pedro Antonio Sánchez, a su llegada a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Pedro Antonio Sánchez, a su llegada a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. EFE

El trabajador de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia que está imputado en la rama murciana de la Púnica que se investiga en el TSJ de esta Comunidad, David Conesa Ferrer, asegura que no tenía capacidad para contratar al informático de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, según un escrito de 6 de junio dirigido al magistrado que instruye el procedimiento en la Sala de lo Civil y Penal, Enrique Quiñonero, en el que pide el archivo de la causa.

En el escrito, el letrado de Conesa Ferrer, Evaristo Llanos Sola, alude a una serie de hechos que, según sus conclusiones, mostrarían que el imputado no tenía la capacidad de contratar a la red Púnica. Según el juez que instruyó el caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el acuerdo no llegó a materializarse por la detención de Francisco Granados.

Sin embargo, Velasco sí vio indicios de delito en la actuación del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, al que el magistrado del TSJ Quiñonero ha dejado a un pie del banquillo de los acusados al considerar que pudo haber cometido los delitos de fraude, cohecho y revelación de información prohibida a un funcionario.

El futuro judicial de este empleado del Gobierno murciano del PP tiene especial relevancia porque un eventual archivo de su imputación podría tener un efecto dominó en la acusación sobre Sánchez, que según las conclusiones del juez Velasco se valió de Conesa Ferrer para cerrar el trato de la trama Púnica con la intención de que el informático Alejandro de Pedro relegara las noticias negativas en internet.

Tenía 25 años

En este sentido, Conesa Ferrer explica que cuando se reunió con Alejandro de Pedro tenía "tan sólo veinticinco años", por lo que "en modo alguno era, ni ha sido nunca, jefe de gabinete, como erróneamente se repite una y otra vez en el atestado policial", lamenta el imputado.

El abogado del empleado de la Comunidad murciana destaca, por el contrario, que su defendido formaba parte del personal eventual como asesor de comunicación: "Esto es el último escalón como personal de confianza a disposición tanto del responsable de prensa como del jefe de gabinete, así como del asesor de gabinete, cargos estos superiores suyos e intermedios hasta la figura del titular de la Consejería".

No era más que un joven recién llegado a la Consejería en calidad de simple ayudante"

"No era más que un joven recién llegado a la Consejería en calidad de simple ayudante, con tantas ganas de trabajar como escasa experiencia. Precisamente por su juventud y escasa experiencia se ocupaba, como es lógico, de asuntos de menor interés, atendiendo a cuantos ciudadanos se dirigían a la Consejería, cuyas consultas para el caso de pasar a mayor, siempre debía derivar a sus superiores, dado que carecía de capacidad de decisión alguna", especifica el escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ murciano al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Y como elemento de prueba de la escasa relevancia en el Gobierno de Murcia de Conesa Ferrer, su letrado incluye una copia de los documentos que acreditarían el nombramiento de este empleado murciano como "asesor de comunicación en abril de 2014, con unos emolumentos de 15.000 euros brutos anuales, esto es unos 900 euros netos mensuales, así como de los tres cargos intermedios que figuraban por encima en cuanto a grado de responsabilidad".

Se apoya en la Fiscalía

En cuanto a su reunión con Alejandro de Pedro, Conesa Ferrer justifica que se llevara a cabo "ante la insistencia de éste, que llamaba constantemente a la Consejería -incluso se quejaba a José Antonio Alonso Conesa [uno de los cabecillas de la Púnica] de la falta de educación, y para evitar recibir una queja de sus superiores o incluso ante el temor de que pudiese afectar a su trabajo".

Además, y en un intento de que no se le impute el delito de fraude, el letrado alude de nuevo a la decisión impulsada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de no acusar a Pedro Antonio Sánchez del delito de fraude, que no apoyó el juez Velasco.

Así, el imputado recuerda que fue "el propio Ministerio público el que en un escueto pero claro y contundente informe, destinado al otro investigado en estos autos [Pedro Antonio Sánchez] pero en relación a los mismos hechos, ha venido a afirmar que no existe el más mínimo indicio, no ya de la participación, sino incluso de la comisión de delito alguno".



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