El Gobierno está preparando una nueva ley de derecho de asilo mucho más restrictiva según las recomendaciones de  la Unión Europea de los últimos años, según se desprende de un borrador de ese texto, al que ha tenido acceso ‘El País’, en el que se limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de las solicitudes y peticiones de protección. Un asunto que podría causar discrepancias dentro del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.

La nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultimátums de Bruselas ya que la norma por la que se rigen aún pertenece al año 2009 y ya está obsoleta al haber cambiado enormemente la realidad migratoria. En 2009, el volumen de solicitudes de refugio que España solía recibir era de 118.000, mientras que ahora España es ya el tercer receptor de potenciales refugiados de la UE, a poca distancia de Francia y Alemania.

España lleva años retrasando la adaptación de su legislación a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisión Europea a abrirle dos procedimientos de infracción. El último aviso llegó en octubre de 2019 —fecha del mencionado borrador—, cuando el brazo ejecutivo de la UE amenazó con llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión.

España introduce sus propias medidas

El Gobierno se adapta así a las exigencias de Bruselas aunque también aprovechará para incluir sus propias medidas. Entre las propuestas que el Gobierno español baraja está el establecimiento de un plazo para las solicitudes de los recién llegados, que la legislación europea fija en 30 días, pero que en la actualidad no está contemplado en la ley española.

Esta medida será aún más restrictiva para los extranjeros encerrados en los centros de internamiento (CIE), una de las novedades que España introduce. La propuesta de Interior es que los internos tengan apenas 10 días para formalizar su solicitud de asilo una vez que han sido informados de su derecho a pedir protección. “Pasado ese plazo se entenderá que la solicitud ha sido formulada con la única intención de retrasar o frustrar la expulsión”, recoge la versión inicial de la ley. La denegación por incumplir este plazo no estaría sujeta a revisión y solo se podría recurrir ante los tribunales.

La adaptación a la normativa europea supone, según el borrador, ampliar los motivos para denegar las peticiones de protección. Entre los nuevos figuraría que en el país de origen del solicitante existan zonas donde pueda establecerse con seguridad.

Interior plantea eliminar la comisión interministerial en la que se deciden las demandas de asilo para acabar con un trámite “que ralentiza enormemente la instrucción”. Actualmente, la Oficina de Asilo y Refugio acumula más de 120.000 expedientes por resolver, pero ha quintuplicado su ritmo de resolución.

Más seguridad jurídica a los solicitantes

No todo son restricciones, el borrador introduce cambios que dan más seguridad jurídica a los solicitantes: los reconoce como tales en el momento en el que manifiestan su intención de pedir protección, lo que obliga a registrarlos oficialmente. Eso ya ocurría en la práctica; ahora quedará regulado por ley.

Además amplía de cuatro a cinco días el plazo de resolución de los expedientes en frontera. Un portavoz del Ministerio del Interior rechazó ayer comentar ningún aspecto del borrador al que tuvo acceso este periódico.