Política

La España paralizada: todos los grandes asuntos atascados en el lodazal político

El Gobierno cumplirá 195 días en funciones el 10 de noviembre. El bloqueo político afecta a asuntos de gran calado. Entre otros, la revalorización de las pensiones, la financiación de las comunidades autónomas, el nombramiento de un nuevo ministro de Exteriores, y la renovación del CGPJ, RTVE y la CNMC

El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez EFE

El próximo 10 de noviembre, cuando España celebre sus cuartas elecciones generales en cuatro años, el Gobierno de Pedro Sánchez habrá sumado ya 195 días en funciones. Son las jornadas transcurridas entre las elecciones del 28 de abril y el día que los españoles volveremos a las urnas. Un periodo de interinidad que se acerca cada vez más a los 315 días que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy estuvo en funciones entre diciembre de 2015 y octubre de 2016.

El bloqueo político, que se traducirá para entonces en 510 días de gobierno en funciones durante los cuatro últimos años, no solo limita la capacidad del poder Ejecutivo, sino que mantiene paralizados grandes asuntos de calado económico, judicial y legislativo. Entre otros, la reforma y revalorización de las pensiones, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de RTVE y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), y el desbloqueo de los cerca de 7.200 millones de euros de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA que el Gobierno adeuda a las comunidades autónomas.

Además, la prolongación del gobierno en funciones tiene en el aire la aprobación de untecho de gasto para 2020, amenaza con impedir el nombramiento de un nuevo ministro de Exteriores que sustituya a Josep Borrell cuando sea oficialmente designado como nuevo jefe de la diplomacia europea --a las puertas del 'brexit'-- y tiene paralizada la renovación de treinta embajadores pendientes de relevo

En su artículo 21, la Ley 50/1997 pone coto a las tareas de un Ejecutivo en funciones: "Limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia y debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". 

Se trata, según fijó el Tribunal Supremo en una sentencia de 2005, de actos ‘‘cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno’’. 

El Gobierno en funciones no puede nombrar ni cesar altos cargos. Tampoco puede aprobar planes que vinculen la política del futuro Ejecutivo ni adoptar actos de discrecionalidad política

De acuerdo a expertos consultados, el Gobierno en funciones no puede nombrar ni cesar altos cargos. Tampoco puede aprobar planes que vinculen la política del futuro Ejecutivo ni adoptar actos de discrecionalidad política. Por el contrario, sí podría tener capacidad para solicitar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de que la reacción a la sentencia del 'procés' hiciera necesaria la suspensión de la autonomía en Cataluña

Pensiones, salarios y financiación autonómica

La mencionada Ley del Gobierno precisa que el Ejecutivo tiene prohibido expresamente presentar proyectos de ley al Congreso, así como aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que las cuentas de 2018, diseñadas por el exministro popular Cristóbal Montoro, vivirán una inédita segunda prórroga a partir del 1 de enero de 2020

Nunca antes unos Presupuestos habían sido prorrogados en dos ocasiones, lo que complica afrontar cambios como la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, la revalorización de las pensiones, la subida del salario de los funcionarios o la modificación del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas y subvenciones como el subsidio de desempleo. 

En esta última legislatura fallida, el Parlamento ha gastado más de 23,8 millones de euros entre subvenciones a los grupos y sueldos, y viajes de los parlamentarios. No se ha aprobado ni una sola ley 

Todo esto en un clima de "desaceleración económica" que ya reconoce hasta el propio Pedro Sánchez, quien a pesar de encontrarse en funciones, según adelantó Vozpópuli, está tratando de maniobrar para poder subir el salario mínimo interprofesional a través de decreto ley en 2020 mediante real decreto

¿Adiós a los 'viernes sociales'?

Una medida como aumentar el salario mínimo o revalorizar las pensiones, según los expertos consultados, podría contravenir la ley, que establece que un gobierno en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos". 

Para aprobar mediante decreto cualquier medida que pueda hipotecar o condicionar al futuro gobierno, el Ejecutivo en funciones debería justificar y acreditar que se trata de un "caso de urgencia" o "por razones de interés general".

Antes de las elecciones del 28 de abril, en los llamados "viernes sociales", el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó mediante Real Decreto Ley, la ampliación del permiso de paternidad, las nuevas medidas para el alquiler o la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

Sin embargo, en aquellos meses el Gobierno socialista tenía plenos poderes. A diferencia de ahora, no estaba en funciones. La ley establece que un ejecutivo entra en funciones inmediatamente después de la celebración de elecciones, no antes. 

Parálisis legislativa: solo 11 leyes orgánicas desde 2016

Entre los comicios generales del 28 de abril y este lunes 23 de septiembre, cuando se disuelvan de nuevo las Cortes, habrán pasado 146 días. En este periodo apenas ha habido 14 jornadas de actividad plenaria entre Congreso y Senado. En el caso de la Cámara Baja sólo se han celebrado dos plenos ordinarios y, por supuesto, no se ha aprobado ni una sola ley.

En esta última legislatura fallida y de poca actividad, el Parlamento ha gastado más de 23,8 millones de euros entre subvenciones a los grupos y sueldos, y viajes de los parlamentarios. Los diputados electos el 28-A sólo han estado obligados a acudir a su escaño 11 jornadas y tres, en el caso de los senadores. Por ello han cobrado 16,28 millones.

En total, se han registrado cero proyectos de ley; 60 proposiciones de ley y 5 propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. La proposición de ley socialista para regular la eutanasia fue la primera iniciativa que se admitió a trámite en esta legislatura. Pero, al igual que ocurrió en la anterior, no se va a poder desarrollar por la disolución de las Cortes. El resto de iniciativas también decaen.

La anterior legislatura concluyó como una de las menos productivas con sólo 11 leyes orgánicas y apenas 28 ordinarias en tres años. 

Los diputados elegidos tras las elecciones de noviembre tendrán que retomar cuestiones pendientes como la renovación del CGPJ o del Consejo de RTVE

Renovación del CGPJ, RTVE y CNMC

Decenas de iniciativas legislativas quedarán sepultadas con la nueva disolución de las Cortes a partir del lunes, pero no todas las leyes que estaban en trámite quedaron anuladas. Los diputados elegidos tras las elecciones de noviembre, además de investir un Gobierno que pueda acabar con la parálisis, tendrán que retomar cuestiones pendientes desde la anterior legislatura, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE).

El concurso público para renovar a los diez miembros de este último órgano arrancó en agosto de 2018 y tras elegir al Comité de Expertos encargado de evaluar a los candidatos, diversos recursos fueron retrasando los trámites e impidieron renovarlo antes del fin de la anterior legislatura. Hasta ahora, la periodista Rosa María Mateo ejerce de forma provisional como administradora única. Lleva 14 meses en ese cargo que en principio iba a ser provisional. 

Respecto al Poder Judicial, el pasado 4 de diciembre caducó el mandato de cinco años de Carlos Lesmes, quien sigue ejerciendo en funciones a la espera de que los partidos políticos cierren algún día un acuerdo para que el Congreso y el Senado puedan designar a sus 20 vocales. Una renovación para la que se requiere una mayoría reforzada de tres quintos de las Cámaras (210 diputados). 

Por su parte, en la CNMC, se debía producir el relevo de su presidente, José María Marín Quemada, quien cumplió seis años en el cargo el pasado 9 de septiembre. También el de otros tres consejeros que también cumplen durante las próximas semanas el periodo estipulado inicialmente: Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdes.

CNMV, FROB y AIReF

Si la España en funciones se prolongara y se cumplieran los pronóstico de analistas que vaticinan unas quintas elecciones generales en 2020, la parálisis podría extenderse a los consejos de otros organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

Todos ellos afrontan sus relevos en 2020. Para ello, es sí, primero los líderes políticos deberán ponerse de acuerdo para formar Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre.  

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