Cataluña

Los seis patinazos de la Justicia española en la persecución judicial del 'procés'

La actuación de los jueces y fiscales se ha visto desdibujada por "errores de forma" en las euroórdenes, la retirada de las extradiciones, traducciones con "defectos", el intento de cambiar el delito de rebelión por el de sedición, la polémica con Montoro y un parte médico erróneo del exconseller Joaquim Forn

Joaquim Torra y Carles Puigdemont, en Berlín
Joaquim Torra y Carles Puigdemont, en Berlín EFE

La decisión este miércoles por parte de la justicia belga de no entregar por un problema formal en la euroorden española a los tres exconsellers de la Generalitat fugados a este país ha enfadado a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que han acusado al tribunal belga de falta de compromiso con la colaboración judicial.

"Si piensan que se puede subsanar ese error de forma que parece que se ha tomado en consideración, lo pondrán en conocimiento del tribunal belga", aseguró el miércoles por la tarde el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que agregó que, en caso contrario, el Gobierno de España acatará, como siempre, las decisiones judiciales.

Pero este no ha sido el único "error", utilizando la definición del ministro, de la Justicia española en su persecución del 'procés', que ya ha sido criticada en seis ocasiones.

Uno de estos "errores" se ha conocido después de que el 26 de abril el juez del Supremo Pablo Llarena reconociera en un escrito dirigido a la Fiscalía del estado alemán de Schleswig-Holstein que la traducción del auto de procesamiento que envió a este país contenía "defectos".

Y por eso anunciaba que enviaba un nuevo documento: "Le adjuntamos una nueva traducción del auto de procesamiento que, esperamos, no tenga los defectos que impedían la correcta comprensión de la anterior", reconoció el instructor.

Rebelión y sedición

La segunda polémica se generó al cambiar Llarena de opinión al pedir la entrega de los fugados por un delito de sedición (15 años de cárcel), cuando el juez lo había reclamado inicialmente por rebelión (25 años de cárcel), delito que incluye en el auto de procesamiento.

En este sentido, también ha sido criticada, ya que para un juez extranjero podría ser incomprensible, la diferencia entre la calificación de los hechos de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y el propio Llarena. Mientras el segundo procesó a los independentistas por los delitos de rebelión y malversación, la primera lo hizo por sedición y organización criminal. Sin embargo, los hechos investigados son los mismos.

El exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero
El exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero EFE

Así, Llarena envió al banquillo a Puigdemont y los exconsellers por rebelión y malversación de fondos públicos, y su colega en la Audiencia Nacional Carmen Lamela hizo lo propio con el 'exmajor' Josep Lluís Trapero por sedición y por formar parte de una organización criminal, cuyo cabecilla según Lamela era Carles Puigdemont, que no está procesado por ese delito en la Audiencia Nacional.

Cristóbal Montoro

La acusación por malversación, y este sería el tercer "error", tampoco ha estado exenta de polémica, ya que en el momento en el que Llarena planteaba a Alemania y Bélgica la entrega de los fugados por este delito, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaraba al diario El Mundo que el magistrado no había reclamado al Gobierno información sobre la existencia o no de ese delito.

Esta polémica sirvió a los procesados para aludir en España y en el exterior a esta contradicción, que semanas después el propio Llarena trató de cerrar explicando que las declaraciones de Montoro habían sido sacadas de contexto.

El propio Montoro aseguró esta semana al magistrado que Hacienda ya había remitido a la Fiscalía General del Estado cuatro escritos con presuntas irregularidades y otros tantos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Cuarta polémica

La cuarta actuación polémica se originó tras la decisión del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, de pedir la excarcelación del exconseller Joaquim Forn por motivos humanitarios aludiendo a que este preso tenía en su cuerpo la bacteria de la "tuberculina".

No obstante, el documento médico en el que se basaba el ministerio público y cuyo contenido adelantó Vozpópuli, mostraba que se trataba de un informe de parte firmado por el médico de cabecera del propio Forn, que además admitía que su paciente no padecía enfermedad alguna.

El exconseller Joaquim Forn
El exconseller Joaquim Forn Efe

Sin embargo, Llarena no cambió de opinión, y mantuvo en la cárcel a Forn, piedra angular de su convicción de que en el 'procés' hubo un delito de rebelión, al haber violencia auspiciada por los Mossos d'Esquadra, cuyo responsable político era Forn como consejero.

Quinto traspiés

En relación a las órdenes de detención, Lamela y Llarena también han mantenido convicciones opuestas, ya que la juez de la Audiencia Nacional dictó las órdenes poco después de conocer la fuga de los exconsellers, mientras que el magistrado del Supremo las retiró, para finalmente reactivarlas.

Al final Llarena la ha reactivado, pero sin dictar una nueva orden de detención en España, tal y como reclama ahora la justicia belga.

Por este defecto de forma (y este sería el sexto "error") en las euroórdenes emitidas por Llarena, la Cámara del Consejo -el tribunal belga de primera instancia- ha rechazado entregar a Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig. Además, la Fiscalía de Bruselas ha asegurado que, pese a poder recurrir esta decisión, no tiene intención de hacerlo.

Los exconsejeros catalanes huidos Lluís Puig (2º izq), Toni Comín (c) y Meritxell Serret (2ª dcha) atienden a la prensa
Los exconsejeros catalanes huidos Lluís Puig (2º izq), Toni Comín (c) y Meritxell Serret (2ª dcha) atienden a la prensa EFE

En concreto, el defecto de forma consiste en que el magistrado del Supremo que investiga el 'procés' no dictó una nueva orden interna de detención cuando reactivó las órdenes europeas de detención y entrega en España de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, un requisito que exige la jurisprudencia comunitaria.

La respuesta este miércoles de la Sala Segunda del Supremo, que es la encargada de las apelaciones de los procesados y de los fugados, sobre la supuesta falta de compromiso del tribunal belga que ha denegado la entrega de los exconsellers fugados, no es la primera controversia en relación al 'procés' entre el tribunal español de mayor rango y las autoridades judiciales de otro país.

"Procedimiento rápido"

Los magistrados del Supremo Alberto Jorge Barreiro, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca y Francisco Monterde Ferrer, en un auto de abril en el que denegaron la salida de la cárcel del diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, ya lamentaron que los magistrados alemanes que se encargan de la orden de detención de Carles Puigdemont rechazaran la entrega del expresidente catalán por un delito de rebelión.

Pablo Llarena (i) en una imagen de archivo
Pablo Llarena (i) en una imagen de archivo EFE

En el auto, los magistrados también criticaban que el tribunal alemán hubiera tomado la decisión en tan sólo tres días, algo que califican como "procedimiento rápido". Esta celeridad explicaría, indicaba la resolución del Supremo, "el resultado obtenido".

"Es muy plausible que si el tribunal hubiera operado con un material probatorio adecuado y hubiera examinado reposadamente el conjunto de las actuaciones procesales, el resultado habría sido muy distinto, tanto en lo que respecta a la argumentación como a la decisión. E incluso también en lo concerniente a cuál debe de ser el contenido, el alcance y el ámbito de interpretación de una euroorden dentro del territorio de la Unión Europea", completaron los jueces, que de esta forma se enfrentaban a la Justicia alemana.



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