Caso Lezo

Una empresa panameña cobró en Bahamas las principales mordidas de Ignacio González

El juez Manuel García-Castellón, que sigue el rastro de las presuntas comisiones ilegales abonadas por OHL tras la adjudicación del tren a Navalcarnero y por el Canal de Isabel II en la compra de Inassa, considera que el expresidente madrileño utilizó a la Comunidad de Madrid como "plataforma" para cometer sus delitos

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. EFE

La organización encabezada presuntamente por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González utilizó la empresa panameña Yolan Investments para trasladar a Bahamas las dos principales mordidas detectadas hasta el momento por el juez que investiga el 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, según consta en un auto de 17 de diciembre, en el que el magistrado pide comisiones rogatorias a Suiza y al Gobierno de Nassau para tratar de seguir el rastro del dinero.

Se trata en concreto de los pagos presuntamente realizados por OHL (2,4 millones) a la trama de González a cambio de la adjudicación de la construcción del tren de Cercanías entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero; y por la mordida de 5,85 millones percibida por la organización tras la compra por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Inassa.

Según explica la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez sigue el rastro de un millón y 500.000 euros transferidos desde las sociedades instrumentales Landy Corp y Frankford Trade, propiedad de los empresarios Edmundo Rodríguez Sobrino y Adrián de la Joya, respectivamente, a la empresa panameña 'off shore' Yolan Investments, cuyo titular es el ciudadano suizo Marc Chatel.

Lombard Odiel en Suiza

El dinero fue enviado inicialmente a una cuenta de la empresa panameña en el banco Lombard Odier en Suiza. Y posteriormente se transfirió a una cuenta de la misma entidad financiera en Bahamas, un país considerado un paraíso fiscal, y dónde se ha perdido el rastro del dinero.

"Dos investigados, sin aparente relación común (Rodríguez Sobrino y De la Joya), que habrían actuado como intermediarios en el presunto cobro de comisiones para cargos públicos (Ignacio González e Ildefonso de Miguel), transfirieron importantes sumas de dinero desde sus cuentas suizas al banco Lombard Odier, de la sociedad panameña Yolan Investment INC. en fechas próximas (un lapso de 4 meses aproximadamente en el año 2007)", destaca el auto.

En la resolución, el juez García-Castellón considera que la información obtenida hasta el momento apunta "a una operativa de pago de comisiones o compensaciones", por lo que quiere que Suiza y el Gobierno de Nassau (Bahamas) le informen del destino final del dinero, que presuntamente formaba parte de las comisiones presuntamente abonadas por OHL y por el Canal de Isabel II.

No les conocía

El auto especifica que el supuesto dueño de la empresa panameña, el ciudadano suizo Marc Chatel, declaró que no conocía a Edmundo Rodríguez Sobrino y a Adrián de la Joya. Tampoco recordaba que Yolan Investments INC hubiese recibido un millón de euros de la sociedad Landy Corp ni 500.000 euros de Frankford Trade.

No obstante, Chatel también se comprometió a buscar documentación en relación a las transferencias por las que fue interpelado por la justicia española, aunque anticipó que al tratarse de documentos antiguos no creía que dispusiera de ellas.

García-Castellón, que pide en el auto a las autoridades de la Confederación Helvética que reclamen al dueño de la empresa panameña Yolan Investments que informe del destino final del dinero, concluye que la organización de Ignacio González es una estructura integrada por personas físicas y jurídicas que actúa "de forma unitaria y bajo una misma fuente de decisión".

Y según el instructor, esta organización "abusó de su posición de prevalencia en la administración pública madrileña", que fue utilizada "a modo de plataforma desde la que se proyectó la actividad delictiva [...] y "para blanquear los fondos ilícitamente obtenidos".

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