'Caso Villarejo'

Un documento identifica a los comisarios que acudieron a la reunión de BBVA contra Ausbanc

El escrito 'Relatorio', que se atribuye al director de Servicios Jurídicos de BBVA, Eduardo Ortega, especifica que en el almuerzo, que tuvo lugar el 7 de enero de 2015, participaron los comisarios José Manuel Pérez Pérez, Antonio Rodríguez Martín, Rafael Abeledo y Santiago Sánchez Aparicio

El comisario José Manuel Villarejo, el presidente de Ausbanc Luis Pineda y el expresidente del BBVA Francisco González.
El comisario José Manuel Villarejo, el presidente de Ausbanc Luis Pineda y el expresidente del BBVA Francisco González. Clara Rodríguez

El documento denominado Relatorio, incluido en el sumario de la pieza 9 del caso Tándem sobre los encargos de BBVA al comisario José Manuel Villarejo, y que se atribuye al director de Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos de BBVA, Eduardo Ortega, identifica a todos los participantes en la comida celebrada en el complejo policial de Canillas (Madrid), en la que se ideó la denuncia anónima contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

Según este documento, que consta en el sumario, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, al almuerzo celebrado el 7 de enero de 2015, a las 14.30 horas, acudieron, además del director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el subdirector general de Gabinete Técnico, José Manuel Pérez Pérez; el subdirector general de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez Martín; el jefe de División de Formación y Perfeccionamiento, Rafael Abeledo; y el comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio.

Por parte de BBVA fueron a la comida, "de contenido principalmente protocolario", el mencionado Eduardo Ortega; el presidente de la entidad Francisco González [aunque aparece nombrado como Ignacio González]; y el director de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano, indica el documento Relatorio.

"La cúpula policial"

"La comida estaba conformada, pues, por la cúpula policial del momento, y por los tres representantes de BBVA ya indicados", indica el documento, que sostiene también que Julio Corrochano se dirigió verbalmente al jefe de los Servicios Jurídicos del banco: "Indicándole que, como consecuencia de aquel almuerzo, en el seno de la Policía se ha vuelto a tomar conciencia de la necesidad de investigar a Ausbanc".

Ignacio Cosidó.
Ignacio Cosidó. EFE

Según el escrito, esta decisión se tomó porque era "un secreto a voces" que esta asociación "no se trataba de una verdadera asociación de consumidores, sino muy probablemente de una organización delictiva" que centrada sus ataques, sobre todo, en BBVA.

Corrochano también trasladó a Eduardo Ortega, siempre según el documento Relatorio, que la Policía, aunque sin concretar qué agente, "le había trasladado la necesidad de contar con un elemento detonante que sirviera para iniciar la investigación". Como por ejemplo "una denuncia, aunque fuera anónima, pues no resultaba razonable investigar a partir de unos hechos que eran conocidos y publicados largo tiempo atrás", indica el escrito.

"Bien armada jurídicamente"

El jurídico de BBVA, que está imputado en la causa, escribió después que Corrochano le trasladó que la denuncia tenía que estar "bien armada jurídicamente". Por lo que debía incluir una descripción y una ordenación de los hechos que reflejaran la actividad que había protagonizado Ausbanc "y los tipos delictivos que pudieran ser aplicados".

"En esa conversación", prosigue del documento Relatorio, "se descartó que fuera BBVA quien firmase la denuncia porque se conocían "los intensos vínculos que el Santander tenía con Ausbanc: de manera que debía evitarse que la denuncia fuese entendida como una guerra de entidades".

Se descartó que fuera BBVA quien firmase la denuncia porque se conocían los intensos vínculos que el Santander tenía con Ausbanc: de manera que debía evitarse que la denuncia fuese entendida como una guerra de entidades"

Además, el documento justifica que la denuncia fuera anónima porque en casos anteriores "algunas empresas que habían iniciado acciones contra Ausbanc terminaron siendo condenadas por los tribunales", al mismo tiempo que los promotores de la iniciativa consideraban que en ese momento existía "una amplia sensación de indefensión por parte del Estado con respecto a Ausbanc".

"Plena licitud"

La denuncia, una vez que fue redactada por los servicios jurídicos de BBVA, que determinaron "la plena licitud" de la iniciativa judicial "anónima", porque estaba destinada a su "cliente interno", debía ser entregada por el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, a la Policía, destaca el documento, cuyo contenido ha destacado la Fiscalía anticorrupción.

Julio Corrochano Peña
Julio Corrochano Peña EFE

De hecho, BBVA no expedientó a los dos trabajadores que elaboraron la denuncia anónima contra Pineda. Y no lo hizo porque el banco considera que el relato de los hechos incluido en la misma es verídico. "Lo relevante era el contenido de la denuncia, no su autor (que, por definición, era anónimo), y estaba basado en informaciones de fuentes públicas (no en información proporcionada por Cenyt, la empresa de Villarejo). [...] No tenemos duda de que la denuncia redactada por Eduardo Ortega fue veraz", indica el banco en un escrito.

Sobreseyó el expediente

Por esta razón, el Comité de Disciplina Corporativo del banco decidió sobreseer el expediente disciplinario contra ambos empleados, concluyen los letrados Helena Prieto y Jaime Alonso Gallo, en un escrito de 5 de febrero, adelantado por Vozpópuli.

Francisco González
Francisco González

Por su parte, el expresidente del BBVA Francisco González declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que la reunión en el complejo policial de Canillas en la que presuntamente se gestó el plan de actuar contra Ausbanc mediante una denuncia anónima se produjo a petición del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó. El banquero dijo no recordar si en la cita se habló de esa cuestión, pero no lo descartó: "A lo mejor se habló". 

El complejo policial de Canillas es la sede donde se ubican todos los servicios centrales de la Policía Nacional en Madrid con todas las comisarías generales. Entre ellas está la Comisaría General de la Policía Judicial de la que depende de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), el ariete del Cuerpo contra la corrupción.

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