"Señores Sánchez e Iglesias, entérense de una vez: los servicios sociales son una inversión imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país y necesitan, más aún en estos momentos, el apoyo financiero del Estado porque las Comunidades Autónomas no pueden más y los Ayuntamientos han sobrepasado con creces sus obligaciones con el sistema".
Así ha arranca el escrito lanzado este martes desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que preside José Manuel Ramírez Navarro y que lleva meses denunciando la muerte de "miles de dependientes abandonados como perros en sus casas".
"¿Se imaginan que en plena crisis sanitaria se retira una partida para la Sanidad o no se contempla la incorporación de más médicos y enfermeras a los hospitales? Pues es lo que ha pasado con los Servicios Sociales", cuenta Ramírez a Vozpópuli.
"El Gobierno ha anunciado a bombo y platillo una partida de 1.000 millones de euros más para el sector. Estamos en plena crisis social, además de sanitaria y económica, con los servicios totalmente desbordados y han muerto unas 25.000 personas en lista de espera de dependencia desde principios de año. La mayoría de ellas durante el confinamiento. Pero ahora vuelven a ningunearnos en el reparto del fondo social", acusa el presidente de la asociación.
El anuncio de Pedro Sánchez
Para entender su crítica hay que remontarse al domingo 3 de mayo. Las críticas a la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus van en aumento. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, intenta sofocar a los presidentes autonómicos y les hace tres anuncios: "cogobernanza" para la desescalada, un déficit para este 2020 del 0,2% (el mismo que estaba previsto) y un fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros para el conjunto de las regiones que será no reembolsable.
Una semana después, el dirigente socialista vuelve a reunirse telemáticamente con los presidentes de las CCAA y anuncia algunos detalles más ese fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que se aprobará por real decreto ley. "Se cubre un impacto de 10.000 millones de euros de gasto sanitario, 1.000 millones de gasto social, y 5.000 millones de compensación por disminución de ingresos".
2.000 millones a Educación y 800 a Transporte
Sin embargo, el pasado domingo, a dos semanas de que finalice el estado de alarma, los 1.000 millones de gasto social desaparecieron del discurso de Sánchez. El Gobierno puso como condición que 11.000 de esos 16.000 millones, el 68,75%, se tendrían que invertir en Sanidad (9.000) y Educación (2.000). El resto estará destinado a paliar la caída de ingresos por el desplome de la economía.
Seis presidentes autonómicos de diferentes partidos cuestionaron los criterios de reparto y que incluyen como novedades una partida de 800 millones para transporte, además de la partida para educación.
"Después de la reunión de presidentes autonómicos, el presidente se desdecía y anunciaba el nuevo reparto del fondo social, en el que desaparecían los 1.000 millones para servicios sociales que habían sido cacareados en todas las comparecencias del Gobierno de España en el último mes. Esto supone un abandono, con ensañamiento, después de haber comprometido esa financiación para la atención de las personas más vulnerables", considera Ramírez.
Elevan a 10 millones el número de usuarios a finales de año
De acuerdo al presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales habrá dinero "con nombre y apellidos" para los tres pilares del Bienestar (Sanidad, Educación y Rentas a través de los 3.000 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital), pero no para el cuarto pilar que supone su sector.
"Los Servicios Sociales atienden a seis millones de personas usuarias y antes de final de año atenderán a más de diez millones, pero el dinero que se destine dependerá de lo que determinen las Consejerías de Hacienda de las CCAA de lo que sobre del fondo común que se transfiere", explica.
"Confiemos en que los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado, y que el vicepresidente de derechos sociales, Pablo Iglesias, tenga más autoridad e influencia que la demostrada hasta ahora para defender el cuarto pilar del bienestar del que es competente", afirma.
"Una bomba de relojería que estallará"
Según Ramírez, los gobernantes hacen caso omiso de los profesionales e investigadores del sistema una vez más y relegan el respaldo financiero "además de no mostrar ningún interés por disminuir y mejorar los procedimientos a los que se nos somete para hacer llegar nuestro apoyo a los más vulnerables".
"La consecuencia es palmaria: una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento" zanjan desde la asociación.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) también ha instado al Gobierno a recuperar la partida de 1.000 millones de euros de gasto social que estaba contemplada en el fondo extraordinario no reembolsable.
"Por supuesto que la educación necesita recursos económicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia", recrimina la plataforma.
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