Divalterra La Diputación de Valencia cierra la empresa Divalterra tras la polémica de sus contratos

Se investigan los contratos por parte de la empresa pública a militantes del PSOE y Compromís

Diputación de Valencia
Diputación de Valencia EUROPA PRESS

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos.

Así lo ha anunciado la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno que iba a convocar la junta de portavoces para la celebración, previsiblemente esta semana, del pleno donde se hará efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación a raíz de su investigación en la operación Alquería.

Detenciones

En esa operación se detuvo a Rodríguez y a cinco cargos más de la Diputación por las sospechas en torno a varios contratos de alta dirección en Divalterra, que quedaron en libertad pero siguen investigados judicialmente por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

A raíz de esa operación el PSOE suspendió de militancia a Rodríguez, a quien el PSPV también apartó de sus cargos orgánicos, y llevó al también alcalde de Ontinyent a renunciar a la presidencia de la Diputación y al acta de diputado provincial, así como a la delegación temporal de funciones en su Ayuntamiento mientras dure la investigación judicial, declarada secreta.

Divalterra cuenta actualmente con unos 700 trabajadores y nació para la gestión forestal y las iniciativas de empleo local y rural en la provincia de Valencia. 

Los empleados, sorprendidos

Los trabajadores de la empresa pública se han mostrado "sorprendidos" con el cierre. "Matar al perro no acaba con la rabia. Acabar con Divalterra no acaba con la presunta corrupción", asegura la presidenta del Comité de Empresa de Divalterra, Ruth López.

Al respecto, López se ha preguntado "que es un cierre ordenado" y ha reprobado que nadie del equipo de Gobierno se haya puesto en contacto con los trabajadores para comunicarles esta decisión que, según ha admitido, han recibido con "sorpresa" porque no se la esperaban.

A su juicio, es "vergonzoso" que sean los trabajadores y la propia empresa quienes "tengan que pagar" por las supuestas "irregularidades" que hayan podido cometer los políticos. "Nosotros no hemos cometido ningún delito. Los trabajadores no tenemos la culpa de la mala gestión porque hemos cumplido con nuestro trabajo", ha defendido.

De este modo, ha reprobado que "los fallos en la gestión y el control" en Divalterra "los acaben pagando al final los trabajadores". "Esperábamos que se asumieran responsabilidades", ha comentado.



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