Política

Del CNI a los contratos públicos: la tretas de Sánchez para cambiar la ley por la puerta de atrás

Tras las críticas por el uso de los decretos cuando no contaba con mayoría parlamentaria, el nuevo Ejecutivo vuelve a usar esta figura excepcional para introducir cambios en el ordenamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma .
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno para explicar la declaración del estado de alarma . EP

Era septiembre de 2018. Pedro Sánchez apenas llevaba unos meses instalado en La Moncloa. Pero el PP seguía ostentando mayoría absoluta en el Senado. Gracias a una reforma impulsada por los propios populares en 2012, la Cámara alta tenía capacidad de vetar la propuesta de techo de gasto de los socialistas, el paso previo y necesario para tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sabedor de que los populares tumbarían su previsión -como así hicieron más tarde-, el PSOE trataba de enmendar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para arrebatar la capacidad de veto al Senado. Pero la ley que presentaron por el trámite ordinario se topó con el muro que por entonces formaban el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Ambas fuerzas impidieron tramitar el cambio por la vía de urgencia y de lectura única como pedían los socialistas para acortar los plazos.

Así que estos últimos optaron por acudir a una argucia legal empleada también por los populares en el pasado. Incluyeron una enmienda dentro de una Ley que se estaba tramitando en esos momentos para dotar a los jueces de formación en violencia de género. El intento de suprimir la capacidad de veto de la Cámara alta provocó un conflicto de atribuciones entre los órganos de la Cámara baja y una bronca política que se alargó durante días. Todo en vano, porque la reforma aún sigue pendiente aunque el Congreso dio el primer paso hace un mes para acabar con el veto de la Cámara alta. 

Después de las críticas al jefe del Ejecutivo por el uso que hizo de los Reales Decretos para impulsar sus reformas cuando no contaba con mayoría en la Cámara Baja y que extendió incluso al período preelectoral, la realidad ha cambiado por completo. Pero ahora socialistas y morados vuelven a introducir reformas en el ordenamiento por la 'puerta de atrás' con la herramienta legal que la Constitución reserva para "casos de extraordinaria y urgente necesidad" y que después deber ser convalidada por el Congreso. 

La última ha sido emplear el decreto de medidas económicas por el coronavirus para hacer que el director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo pueda participar en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y para blindar la presencia del vicepresidente Pablo Iglesias. A través de una disposición final que no se mencionó en rueda de prensa, el Ejecutivo de coalición cambia la Ley de 2002 que regula el funcionamiento de los servicios secretos en España y que hasta ahora establecía la presencia de un solo vicepresidente en este órgano. Por eso Vox había recurrido ante el Tribunal Supremo el acceso del líder morado a este órgano

Ley de Contratos Públicos

Hace un mes y medio, el Ejecutivo aprovechaba una disposición adicional del Real Decreto-ley 3/2020 -por el que se incorporabn a nuestro ordenamiento varias directivas comunitarias- para modificar el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que entró en vigor en 2018. 

El Gobierno esgrimió "razones de seguridad jurídica" para modificar la norma que buscaba reducir las prácticas relacionadas con la corrupción, como el fraccionamiento de los contratos para poder realizar adjudicaciones 'a dedo'. Desde sus inicios, el punto suprimido había provocado una gran disparidad interpretativa por parte de los órganos de contratación y de las Juntas Consultivas de las diferentes administraciones.

Pero en lugar de intentar darle una redacción más precisa, los socialistas trataron de suprimirlo a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE) que no consiguieron aprobar. Hasta la reciente reforma, el expediente debía justificar que no se estaba "alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación". 

El cambio introducido, al que no se dio ninguna publicidad en rueda de prensa, suprimió el requisito de justificar que "el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente superen" los márgenes por los que el contrato se considera menor: 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios y 40.000, cuando se trate de contratos de obras.  

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