Era septiembre de 2018. Pedro Sánchez apenas llevaba unos meses instalado en La Moncloa. Pero el PP seguía ostentando mayoría absoluta en el Senado. Gracias a una reforma impulsada por los propios populares en 2012, la Cámara alta tenía capacidad de vetar la propuesta de techo de gasto de los socialistas, un paso previo y necesario para tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sabedor de que los populares tumbarían su previsión -como así hicieron-, el PSOE trataba de enmendar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para arrebatar la capacidad de veto al Senado. Presentaron una ley por el trámite ordinario pero se dieron de bruces con el muro que por entonces formaban el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Ambos impidieron tramitar el cambio por la vía de urgencia y de lectura única como pedían los socialistas para acortar los plazos.

Así que éstos optaron por acudir a una argucia legal empleada también por los populares en el pasado. Incluyeron una enmienda dentro de una Ley que se estaba tramitando para dotar a los jueces de formación en violencia de género. El intento de suprimir la capacidad de veto de la Cámara alta provocó un conflicto de atribuciones entre los órganos de la Cámara baja y una bronca política considerable. 

Después de las críticas al jefe del Ejecutivo por el uso que hizo de los Reales Decretos para impulsar sus reformas cuando no contaba con mayoría en la Cámara Baja, ahora la realidad ha cambiado por completo. Pero los socialistas siguen introduciendo reformas en el ordenamiento por la 'puerta de atrás'.

La última ha sido usar el decreto de medidas económicas por el coronavirus para hacer que su director de Gabinete, Iván Redondo pueda participar en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y para blindar la presencia del vicepresidente Pablo Iglesias. A través de una disposición final, el Ejecutivo cambia la Ley de 2002 que regula el funcionamiento de los servicios secretos en España que anteriormente establecía la presencia de un solo vicepresidente en este órgano. 

Hace un mes escaso, el Ejecutivo aprovechaba la trasposición de una directiva europea para modificar el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que buscaba reducir las prácticas relacionadas con la corrupción, como el fraccionamiento de los contratos para poder realizar adjudicaciones 'a dedo'. De hecho, ya habían intentado suprimirlo a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE) que no consiguió sacar adelante en la Cámara Baja.