Política

El Gobierno entra en campaña con varios decretos de incierto futuro

Pedro Sánchez confía en la mayoría que le alzó al poder, con Podemos, separatistas catalanes y nacionalistas vascos, para sacar adelante diversas medidas sociales en vísperas de las elecciones 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta, Carmen Calvo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta, Carmen Calvo. EFE/J.P.Gandul

El último Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez antes de la disolución de las Cortes del próximo martes ha sido uno de los más cortos de los últimos nueves meses, pero uno de los más densos en cuanto a contenido. El Ejecutivo ha aprovechado la proximidad de las elecciones generales del 28 de abril para aprobar una serie de decretos de contenido social y económico con la mirada puesta en la campaña electoral. Entre ellos destacan uno sobre los alquileres y otro que busca garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres

La figura del decreto ley tiene un carácter excepcional, pero el Ejecutivo socialista ha decidido utilizarla a sabiendas de que es obligatoria su convalidación parlamentaria en un plazo de 30 días. Sánchez confía en reeditar la mayoría de la moción de censura que le alzó al poder para conseguir sacar adelante sus medidas. Es decir, necesita los apoyos de Podemos, de los nacionalistas vascos del PNV y de los independentistas catalanes (ERC y PDeCAT) en la Diputación Permanente del Congreso, que es el órgano que regirá el Parlamento tras la disolución de las Cortes. 

Dado que un decreto ley no puede ser enmendado por el poder Legislativo, cualquier duda que pueda surgir en alguno de esos grupos parlamentarios sobre el contenido de los decretos puede dar al traste con su aprobación y dejarlos en papel mojado y en un mero instrumento propagandístico. La vicepresidenta Carmen Calvo ha tratado de minimizar este hecho diciendo que durante el resto de legislaturas también se han aprobado decretos en ese órgano en período electoral, donde "está representada la mayoría de la Cámara". Sin embargo, ninguno tenía un calado político tan profundo como los que ha aprobado este viernes el Gobierno. 

Desde el PNV aseguran a Vozpópuli que aún no hay nada cerrado, mientras que fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno se muestran optimistas, aunque aseguran "seguir hablando" para recabar todos los apoyos. Por otro lado, teniendo en cuenta que se celebrarán elecciones el 28 de abril, tampoco es descartable que de las urnas salga un Ejecutivo que tumbe las medidas en cuanto llegue a La Moncloa

Numerosas organizaciones empresariales y económicas han dado la voz de alarma ante unas medidas que no tienen garantizada la viabilidad, que introducen inseguridad jurídica y que comprometerán la situación financiera del Estado debido a que requerirán recursos no contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, que se encuentran actualmente prorrogados. El propio presidente de la patronal (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado a Vozpópuli este viernes que le preocupa que el oportunismo del Gobierno afecte negativamente a la marcha de la economía.

Vísperas del 8-M

En vísperas del 8 de marzo, el día de la Mujer, el Ejecutivo socialista ha decidido sacar adelante un texto con medidas de igualdad laboral que prevé que los permisos por nacimiento y adopción sean iguales e intransferibles a partir del 1 de enero de 2021, según ha expuesto Calvo. Con el nuevo decreto se pasa de 5 a 8 semanas en 2019; a 12 en 2020; y se alcanzan las 16 en 2021. "En tres años estaremos alcanzando la media de permisos que tienen los países de la Unión Europea que han hecho su trabajo", ha manifestado.

Pero las medidas del decreto no quedan en los permisos, sino que incluye también que las empresas de cincuenta trabajadores o más deberán llevar a cabo un análisis sobre si existe en el seno de la compañía una infrarrepresentación femenina o una brecha en las retribuciones. Se ampliará el número de compañías que deberán contar con planes de igualdad. La actual ley obligaba a aquellas de 250 empleados o más. A partir de la publicación del nuevo decreto en el BOE el próximo miércoles, deberán tenerlo las empresas de más de 150; en el segundo año las de más de 100; y el tercero, las de más de 50.

Alquileres más largos 

En cuanto al decreto de vivienda, los de Pablo Iglesias han decidido apoyarlo porque contempla avances respecto al que tumbaron en el Congreso hace escasamente un mes. En todo caso, lo ven "insuficiente" porque no incluye ninguna medida para regular los precios de los alquileres como inicialmente reclamaban. El texto sí limita las subidas anuales de la renta al incremento del IPC y contemplala creación de un sistema de referencia de los precios del alquiler.

También permite a los Ayuntamientos la posibilidad de dar a las viviendas en alquiler de renta limitada una bonificación de hasta el 95% de la cuota del IBI. El PDeCAT y ERC ya han manifestado que se inclinan por el sí, mientras que el PNV aún no ha hecho oficial su postura favorable. El nuevo decreto amplía la prórroga tácita de 1 a 3 años y eleva a cuatro meses el periodo de preaviso por parte del arrendador y a dos meses para el arrendatario. 

El texto limita las subidas anuales de la renta al incremento del IPC. También se amplía la prórroga tácita de 1 a 3 años

En cuanto a la duración de los contratos, el nuevo decreto amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años (o a 7 años, si el arrendador es persona jurídica). Durante ese período, el arrendador -persona física- sólo tendrá la potestad de recuperar la vivienda para sí o su familia si estaba expresamente recogido en el contrato en el momento de la firma. Asimismo, también limita a dos meses de renta las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario. Actualmente, el aval o depósito que se puede exigir no tiene límite de cuantía.

Brexit sin acuerdo

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes otro texto con medidas de contingencia para el escenario de un "brexit" sin acuerdo. Se trata de un decreto con "medidas de carácter coyuntural" en el que han participado diecisiete ministerios y que el titular de Asuntos Exteriores Josep Borrell espera “no tener que utilizar", porque finalmente el Reino Unido salga de forma ordenada. 

La norma incluye medidas para garantizar los controles agroalimentarios y para regular la gratuidad sanitaria entre España y Reino Unido. Los viajeros de Reino Unido mantendrán el acceso gratuito a la Sanidad española y viceversa.

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