DEBATE ELECTORAL Sánchez vuelve a proponer que sea delito la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña

El presidente del Gobierno recupera la iniciativa legislativa que adoptó Aznar tras el plan Ibarretxe para el País Vasco y que luego retiró Zapatero del Código Penal

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció en el debate televisivo de esta noche que el PSOE recuperará la iniciativa legislativa de que sea delito la celebración ilegal de un referéndum como el que se convocó en Cataluña en 2017.

El candidato del PSOE recupera así el proyecto que adoptó el Ejecutivo de José María Aznar en 2003 tras el fallido plan Ibarretxe para el País Vasco y que luego fue sacado del Código Penal por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en la siguiente legislatura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 26 de diciembre de ese 2003 la reforma que introducía los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. Fue impulsada por el grupo parlamentario del PP en el Senado a través una enmienda en la tramitación de la Ley de Arbitraje.

El artículo 506 bis castigaba con penas de entre tres a cinco años de cárcel a “la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución”.

También contemplaba penas de entre uno y tres años de prisión para “la autoridad o funcionario público” que, sin realizar la convocatoria, “facilite, promueva o asegure el proceso” una vez acordada la ilegalidad. Para quien no fuese funcionario público pero también colaborase con una consulta ilegal, el artículo 521 bis establecía una pena de entre seis meses y un año de prisión.

Eran penas muy inferiores a los 25 años de prisión que contempla el delito de rebelión, pero habría tenido un mejor encaje en la situación actual, tanto en la justicia española como a la hora de reclamar a los dirigentes fugados en el exterior.

El PSOE se negó este año

El propio PSOE, junto a Podemos y las formaciones nacionalistas, se negó este mismo año a que el Senado tramitase una proposición de ley del PP para que se castigue con pena de cárcel de entre tres y cinco años a los cargos o funcionarios que promuevan consultas ilegales. En aquella votación, la formación de Pablo Casado sólo obtuvo el respaldo de Cs y Foro Asturias.

Asimismo, Sánchez anunció su deseo de crear una asignatura común en toda España sobre concordia, valores éticos y civiles, una medida parecida a la que ya propuso Albert Rivera hace unas semanas sobre valores constitucionales

En tercer lugar, el jefe del Ejecutivo se comprometió a poner en marcha una ley general sobre medios audiovisuales públicos para que dos terceras partes de los consejos de administración de estos medios sean ratificados en los Parlamentos autonómicos -en la actualidad es mayoría absoluta-. Una medida que afectaría a TV3, entre otros.

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