Política

La corrupción 'made in' PNV: un ex alto cargo paga 34.000 euros a su suegra por cuidar de los nietos

La investigación del 'caso De Miguel', la presunta mayor trama de corrupción del Partido Nacionalista Vasco, entra en su recta final a la espera del fallo, previsto tras el verano

El exdiputado alavés, Alfredo de Miguel
El exdiputado alavés, Alfredo de Miguel EFE

Alfredo De Miguel, alias 'Txitxo', el 'cabecilla' de la mayor trama de presunta corrupción del Partido Nacionalista Vasco, contrató por cerca de 34.000 euros a su suegra para que esta cuide de sus nietos, según se desprende de las conclusiones de la Fiscalía del caso que lleva el nombre del propio De Miguel.

En el juicio, que comenzó el pasado enero - casi nueve años después de la primera denuncia - y culminará tras el verano, están siendo juzgadas 26 personas (20 de ellas, directamente vinculadas al PNV) que se enfrentan a penas de hasta 54 años de prisión.

Este extremo es el caso del propio Alfredo De Miguel, diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial de Álava entre 2007 y 2010, acusado de hasta 21 delitos. El exnúmero dos del PNV alavés habría sido el principal ideólogo, junto a sus compañeros de partido Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, de la constitución de Kataia Consulting (2005), piedra angular de una trama de sociedades pantalla a través de la que se habrían cobrado comisiones ilegales tras la adjudicación de contratos 'a dedo' por parte de administraciones bajo el control de dirigentes jeltzales o el tráfico de influencias. La trama, además, habría obtenido financiación mediante la manipulación de contratos y a través de las propias Administraciones públicas.

Esta semana se ha podido saber que tanto la Ertzaintza como el propio notario de De Miguel le señalan como el hombre que controlaba la trama con eje en Kataia. Según señalan fuentes conocedoras de la investigación, Kataia "era formalmente una asesoría" pero "sus ingresos no se correspondían con trabajos". La sociedad estaba a nombre de las esposas de De Miguel (Ainhoa Bilbao), Tellería (Araceli Bajo) y Ochandiano (Iratxe Gaztelu-Urrutia).  

Kataia "era formalmente una asesoría" pero "sus ingresos no se correspondían con trabajos"

De Miguel, administrador de facto de la empresa, habría ubicado en Kataia además a su hermana y su suegra. Su hermana, Aintzane De Miguel, fue contratada para hacer trabajos de contabilidad, pero el motivo de la contratación de su suegra fue, llamativamente, el cuidado de los hijos del propio De Miguel. "Hay indicios en el sumario de que querían cuadrar gastos y salidas de dinero para compensar los abultados ingresos", explica el periodista que más ha seguido el caso, Iker Rioja (Eldiarionorte). 

Ya en su libro La corrupción vasca: Dentro de lo normal (2017), Rioja apuntaba que en el sumario del caso De Miguel "constan pruebas de cómo Aintzane de Miguel se esforzó en simular entradas y salidas de dinero para dar la sensación de una empresa normal. Esos movimientos incluyeron el pago de facturas telefónicas y viajes, la compra de una furgoneta Renault Traffic para Aitor Tellería como supuesto vehículo de empresa, y hasta una nómina ficticia para la suegra de 'Txitxo' por quedarse al cargo de los nietos". 

La referida suegra recibió entre 2006 y 2008 cerca de 34.000 euros de Kataia Consulting, según las conclusiones de la Fiscalía que como informó El Correola propia mujer evitó esta semana confirmar o desmentir acogiéndose a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de declaraciones sobre familiares directos.

La punta del 'iceberg'

Los citados 34.000 euros serían solo la punta del iceberg de esta trama de corrupción. Según calcula Rioja, la trama de sociedades 'montada' por De Miguel habría recaudado al menos 700.000 euros en comisiones ilegales, a los que cabría añadir otros 100.000 que no llegaron a recaudarse por ser previamente denunciados.

La fianza exigida a los acusados antes del juicio, en suma, asciende a los 16,5 millones de euros, una cifra calculada a partir del volumen de las operaciones investigadas, entre las que sobresale la frustrada recalificación urbanística del municipio alavés de Zambrana - un proyecto cifrado en 65 millones de euros.

Según añade Rioja, existe constancia de pagos en 'B' de los que se beneficiaron cargos del partido jeltzale como Leire Orueta (exteniente de alcalde de Llodio) o Roberto González Muro (exportavoz en Juntas Generales de Álava).



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