Política

El coronavirus frena a PSOE y Podemos en un Congreso sumido de nuevo en la parálisis

La crisis sanitaria condiciona el paquete de medidas diseñado por el Gobierno de coalición mientras aún sigue pendiente la renovación de varias instituciones y órganos del Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Congreso

La democracia española atraviesa un momento crítico. Tras casi tres años de parón legislativo en las Cortes Generales yuna legislatura baldía por la repetición electoral, los Presupuestos permanecen prorrogados y un conjunto de reformas y nombramientos sigue pendiente desde hace meses. Ahora, la crisis del coronavirus ha dejado a las dos Cámaras en modo stand-by cuando todo estaba listo para que la actividad parlamentaria echase a andar de nuevo.  

La hoja de ruta trazada por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos quedará seriamente tocada ante la realidad económica que se avecina por una crisis sanitaria global para la que todavía no hay solución. Todas las previsiones económicas han quedado en papel mojado. Y el Ejecutivo, con no pocas discrepancias en su seno, se centrará a partir de ahora en intentar amortiguar la cruda realidad económica, empresarial y laboral que traerá consigo la pandemia. De ahí el negro horizonte que se presenta para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, dado el extenso trámite parlamentario que requieren.

Hasta ahora, el objetivo de socialistas y morados era impulsar una batería de casi medio centenar de reformas en los primeros seis meses a base de proyectos de Ley que se discutirían en la Cámara Baja. Pero el coronavirus ha dejado su funcionamiento bajo mínimos, como pudo verse el pasado miércoles en el Pleno del Congreso convocado sólo con algunos portavoces para que Pedro Sánchez explicase el decreto del estado de alarma. 

La idea es evitar que los contagios se propaguen entre los parlamentarios, aunque ello implique dejar congeladas las comisiones legislativas constituidas a comienzos de febrero. Los titulares de cada cartera ya expusieron ante las mismas sus principales líneas de acción para la legislatura (ley LGTBI, ley de protección de la infancia, reforma de la Ley de Función Pública, control de los precios del alquiler, cambio en la ley del tabaco...). Pero ahora, sus propósitos deberían esperar. Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, el PSOE ha trasladado consultas a los servicios de la Cámara sobre la posibilidad de tramitar la reforma de la Ley educativa de forma telemática

El PSOE ha trasladado consultas sobre la posibilidad de tramitar la reforma de la Ley educativa de forma telemática

De momento, el miércoles 25 está convocado un pleno para convalidar dos decretos pendientes; la reforma del Estatuto de los Trabajadores para prohibir los despidos por bajas médicas acumuladas y otro sobre medidas urgentes para agricultores y ganaderos por la crisis del campo. También se debatirán acumuladamente los otros tres aprobados con medidas económicas para hacer frente al Covid-19. Además, se ha reservado un punto adicional para debatir la autorización de la prórroga del estado de alarma que va a solicitar el Gobierno. Aunque Moncloa no necesitó autorización para decretarlo el pasado sábado, sí requiere el visto bueno de la Cámara Baja para alargar su vigencia

Pero la situación de excepción que vive el país ha llevado de nuevo la bronca política a las Cortes. La Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- donde tienen mayoría PSOE y Podemos, ha aprobado delegar sus competencias sobre el voto telemático en la presidenta Meritxell BatetUn extremo que ha provocado una enérgica protesta de Vox, quien ha llegado a proponer una reforma del Reglamento para que la actividad parlamentaria no quede paralizada ante situaciones excepcionales como la actual. 

La Mesa también ha aprobado suspender los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos del Congreso desde la entrada en vigor del decreto sobre el estado de alarma y el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación.

Renovaciones pendientes

Pero al nuevo parón legislativo se suma la renovación pendiente de órganos constitucionales o instituciones en los que intervienen las Cortes Generales. Aún sigue pendiente renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en funciones desde 2018-, y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso, cuyo mandato expiró el pasado 7 de noviembre. Entre ellos está el actual presidente, Juan José González Rivas.

Permanece también en vía muerta la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), cuya administradora única Rosa María Mateo lleva las riendas del ente público de forma provisional desde hace casi dos años. Sigue pendiente también de elegir a un nuevo Defensor del Pueblo

En el ámbito de los reguladores y supervisores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aún espera el relevo de su presidente, José María Marín Quemada, que cumplió seis años en el cargo el pasado 9 de septiembre y el de otros tres consejeros. Son nombramientos a propuesta del Ejecutivo, previa comparecencia en el Congreso con votación, aunque sin necesidad de mayoría reforzada. 

La situación de excepcionalidad podría extenderse también a los consejos de otros organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyas renovaciones están previstas para este mismo año 2020. 

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