Política

Los juristas alertan del 'sudoku' normativo del Gobierno: "No puede obedecer a impulsos"

En dos meses se han dictado casi 200 normas relacionadas con la covid-19: 12 reales decretos-ley (323 páginas de rango legal), 125 órdenes ministeriales y 58 resoluciones de distintos departamentos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo de ministros. EP

Pocas veces en la historia de España el Boletín Oficial del Estado (BOE) había generado tanta expectación como en los últimos dos meses. Si los anuncios del Gobierno tras los Consejos de Ministros suelen quedar plasmados sin cambios sustanciales en el papel, la crisis del coronavirus y el estado de alarma ha provocado entradas en vigor casi inmediatas, rectificaciones de lo anunciado o que lo ya dictado haya sido objeto de enmienda verbal por miembros del Ejecutivo a las pocas horas de ver la luz. Los expertos advierten de la complejidad del corpus legal generado en sólo diez semanas para controlar la extensión de la enfermedadypara abordar sus consecuencias económicas presentes y futuras. 

"Ha habido una hiperdimensión de normas con el estado de alarma", dice el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliú. "Se han dictado demasiadas, algunas que quizás no tocaban, y eso ha generado una especie de 'sudoku normativo' muy complejo en el que al final no se sabe cuál es la norma aplicable y cómo se interpreta", sostiene.

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno Linera, cree, sin embargo, que el "volumen puede estar justificado, al menos en parte, por la por la amplitud del campo de afectación de la covid-19". Desde mediados de marzo se han promulgado 12 reales decretos-ley (323 páginas de rango legal) que afectan a multitud de sectores; desde la movilidad, hasta el sistema impositivo, los autónomos, el mercado del alquiler, la Justicia o los colectivos vulnerables. Además, se han dictado 125 órdenes ministeriales relacionadas con la covid-19 y 58 resoluciones de distintos departamentos. 

"Aunque es cierto que la situación que se está viviendo exige la adopción de múltiples medidas normativas, el exceso no favorece la seguridad jurídica. La redacción está provocando graves problemas, puesto que no se está generando un marco normativo claro", alerta Mª Isabel Álvarez Vélez, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Se trata de "un volumen desmesurado", concluye. 

Aunque Presno-Linera no ve preocupante la abundancia de disposiciones, coincide en esa posible inseguridad y remarca no sólo "la poca calidad técnica de muchas de ellas" sino que "la inmediatez de su entrada en vigor desde que se publican" está generando "dificultades para quienes deben aplicarlas y conocerlas, como aquellos que se dedican a la asesoría laboral, contable y tributaria". También echa de menos "mucha más pedagogía institucional" en normas que implican derechos y deberes y pide "evitar la vulnerabilidad administrativa" por la que personas sin formación o información pueden "no beneficiarse de los derechos teóricos que tienen".

"No puede obedecer a impulsos"

"Las normas tienen que tener sentido, estar pensadas y no pueden obedecer a impulsos", prosigue Gimeno Feliú, también director del Observatorio de Contratación Pública. Se refiere a casos como el de la cuarentena obligatoria de catorce días para los viajeros procedentes del extranjero, que no ha gustado nada a Bruselas y que puede tener duras consecuencias para el sector turístico nacional. 

Además, "la técnica legislativa es bastante deficiente", apostilla Álvarez Vélez. "No son sólo relevantes la corrección técnica, el lenguaje, la coherencia de la disposición, sino también el contenido de las normas y, especialmente, su finalidad", incide. La ambigüedad de algunas disposiciones ha llegado a abrir en estos meses polémicas como la de si una orden del Ministerio de Transportes permitía expropiaciones y ocupaciones de vivienda privada. 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EP

Junto a la necesaria adaptación de las disposiciones a la evolución del virus, una sensación de improvisación ha acompañado al Ejecutivo desde el arranque de la crisis. Normas como la que permite acudir a segundas residencias dejaban tan abierto el campo de la interpretación que Sanidad terminó cambiando de criterio sobre la marcha después de que el presidente Pedro Sánchez fuera preguntado al respecto en rueda de prensa. También ocurrió algo parecido con los paseos de los menores acompañados. Ahora, la orden ministerial que regula las reuniones de amigos o familiares en fase 1 genera dudas por emplear la fórmula condicional "no deberían" para indicar que deben ser de un máximo de 10 personas. 

Cambio del ordenamiento

Al margen de su volumen o calidad técnica, los expertos se preguntan sobre la vocación de permanencia de algunas de las disposiciones dictadas durante estos meses a través de reales decretos-ley, un instrumento que la Constitución reserva para situaciones de extremada y urgente necesidad. Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para conseguir que los grupos del Congreso sigan apoyando la prórroga del estado de alarma es precisamente que muchas de las medidas aprobadas hasta ahora (como diferentes ayudas o los ERTE) decaerían si se ponía fin al mismo.

"El Gobierno no puede pretender con la justificación del estado de alarma cambiar el ordenamiento jurídico que existía con un rango normativo inferior o sin el procedimiento adecuado de transparencia, de participación y de implicación de los Parlamentos", alerta Gimeno Feliú. "El derecho tiene que adaptarse a la crisis, pero el derecho no puede entrar en crisis", añade.

Aunque más allá de una eventual nueva prórroga del estado de alarma, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ya ha puesto sobre la mesa un cambio legislativo que tiene intención de negociar con la oposición para que no sea necesario recurrir a este mecanismo constitucional para gestionar una pandemia que se extenderá en el tiempo.

Varios portavoces se encargaron el miércoles de afear a la vicepresidenta económica Nadia Calviño durante el debate de convalidación del decreto del 21 de abril, que aprovechase el mismo para trasladar sin previa negociación la gestión del régimen de "clases pasivas" desde el Ministerio de Hacienda al de Seguridad Social, como ya hizo el Ejecutivo con el Real Decreto-ley 8/2020 para dar entrada al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

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