Cataluña ¿Estatut o Constitución? El entuerto legal para quitar a Cataluña el control de las cárceles

Los líderes de PP, Cs y Vox plantean que el Estado asuma la gestión de los centros penitenciarios catalanes, contemplada por el Estatut y en manos de la Generalitat desde 1983

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La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, causó un gran revuelo al amenazar en 2011 con la devolución de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia al Estado. Pero la líder popular se quedó sola en su propuesta. Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, desde el PP, Ciudadanos y Vox reclaman ahora que el Estado asuma la gestión de las cárceles catalanas para que un gobierno de la Generalitat en manos de los independentistas no pueda aplicar beneficios penitenciarios a los condenados por el 1-O.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha prometido que el Estado asumirá la gestión de las prisiones catalanas si gobierna tras las elecciones generales del 10 de noviembre. La Asamblea de Madrid ha aprobado esta misma semana con el apoyo de PP y Cs una iniciativa de Vox en la que se insta al Gobierno a "recuperar" esa competencia. Los expertos coinciden en que se trata de una propuesta de muy difícil ejecución, al menos en el corto plazo.

"Con este discurso, estamos aceptando que las competencias son todas del Estado y que las Comunidades Autónomas eventualmente se las quitan al Estado. Eso es un disparate", señala el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Pablo Urías. "La Constitución dice que es competencia exclusiva del Estado la legislación" en materia penitenciaria (artículo 149), pero no se refiere a la ejecución de esa legislación, es decir, a la gestión.

En España, cualquier comunidad podría haberla solicitado. Pero ante la mala prensa y el gasto económico que suponía, sólo lo pidieron Cataluña y el País Vasco, integrándola además en sus respectivos estatutos. Dada la situación con la banda terrorista ETA, el Gobierno sólo transfirió la gestión de las cárceles a Cataluña mediante Real Decreto en 1983. "Cataluña hizo lo que la Constitución parece que insinuaba que tenían que hacer todas", añade Urías.

La principal opción pasaría por reformar el artículo 168 del Estatut. Aunque las fuerzas que lo reclaman necesitarían una mayoría reforzada en el Parlament

Entonces, ¿existe un mecanismo legal para cambiar esa situación? La principal opción pasaría por reformar el artículo 168 del Estatuto catalán. Aunque las fuerzas políticas que lo reclaman necesitarían contar con una mayoría reforzada en el Parlamento de Cataluña. Actualmente, la aritmética parlamentaria lo hace inviable. Además,el cambio debería ser sometido a un posterior referéndum en la Comunidad y debería ser aprobado como Ley Orgánica por el Congreso y el Senado.

"Si no se hace así, sólo se puede hacer por la vía del artículo 155", afirma el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés.Pero se trataría de una norma aprobada por el Senado que quedaría acotada en el tiempo, como ya ha fijado el Tribunal Constitucional

Cambio de la Constitución

Urías señalauna tercera alternativa todavía más remota que pasaría por modificar en las Cortes Generales el apartado 6º del artículo 149.1. de la Carta Magna, para añadir que además de la "legislación", también fuera "competencia exclusiva del Estado" la ejecución de la Ley en materia penitenciaria. Dependiendo de cómo se hiciese el cambio, podría requerir una mayoría reforzada en las Cámaras e incluso un eventual referéndum.

La complejidad legal continuaría si se diese el remoto caso de que una de las dos últimas opciones saliese adelante. El Estado debería negociar en una Comisión Mixta cómo hacerse cargo de los más de 5.000 funcionarios catalanes de prisiones con los que cuenta actualmente la Generalitat en plantilla –con salarios superiores a los funcionarios estatales-.

En segundo lugar, habría que tasar y compensar por los 14 establecimientos penitenciarios, muchos de ellos levantados y mantenidos con fondos de la Generalitat. Y habría que revisar la compensación económica que el Estado abona a Cataluña por la gestión de su sistema penitenciario, en definitiva, acometer cambios en el sistema de financiación autonómico.

Ley de armonización

El líder de los populares ha tratado de matizar su propuesta inicial y esta última semana ha aludido al artículo 150.3 de la Constitución, que permite al Estado dictar leyes que establezcan los principios necesarios paraarmonizar las normativas autonómicas, "aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general". "No sería para quitarle la competencia a Cataluña sino para dirigir su política penitenciaria", recalca Urías. Necesitaría, en todo caso, mayoría absoluta de cada Cámara para apreciar esa necesidad.

El propio Tribunal Constitucional subraya en una sentencia del año 1983 sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que el precepto al que alude Casado "constituye una norma de cierre del sistema". Así, señala que sólo es aplicable "a aquellos supuestos en los que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general".

"En otro caso, el interés que se pretende tutelar y que justificaría la utilización de la técnica armonizadora se confunde con el mismo interés general que ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas", concluye.

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