Política

Expertos en Constitucional critican la promesa de Casado y Rivera de prohibir los decretos

La norma reservada para circunstancias de urgente y extrema necesidad representa casi un 30% de la legislación de la democracia. En la última legislatura, el porcentaje se dispara 

Pablo Casado y Albert Rivera.
Pablo Casado y Albert Rivera. EFE

El uso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de los reales decretos durante sus nueves meses de mandato y, especialmente tras la convocatoria de elecciones generales, ha puesto a esta herramienta constitucional prevista para situaciones de extrema y urgente necesidad en el punto de mira de PP y Ciudadanos

El líder de los populares, Pablo Casado, ha prometido prohibir su uso en período electoral y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, va más allá y volverá a incluir en su programa la eliminación de esta figura que considera "obsoleta y poco democrática" en el siglo XXI. No en todos los países de nuestro entorno existe, pero aquí los ponentes de la Constitución decidieron incorporar la figura que ya existía en el franquismo.  

Las promesas de naranjas y populares se topan con una modificación de la Carta Magna para la que se necesita una mayoría reforzada. Y varios expertos en Derecho Constitucional consultados coinciden en que la propuesta de ambos partidos es poco prudente. Reconocen que a lo largo de la democracia los gobiernos de distinto color han abusado de la figura. Aunque la extrema y urgente necesidad que requiere la Constitución es un concepto tan abierto que cada Ejecutivo lo ha usado prácticamente a su antojo. Hasta el punto de que desde 1979 se han aprobado casi 1.500 leyes ordinarias y 350 leyes orgánicas frente a algo más de 580 decretos; casi un 30% de la legislación. 

La función del decreto es que ante una circunstancia imprevista, el Estado tenga una rápida capacidad de maniobra con rango de ley

El decreto facilita que el Estado tenga una rápida capacidad de maniobra con rango de ley ante una circunstancia totalmente imprevista. "Creo que [prohibirlo] sería un error. ¿Qué pasa si en un período electoral sucede algo realmente importante que necesite una norma con rango de Ley? Si quitamos el decreto nos estamos exponiendo a que si España tiene un problema no tengamos solución", avisa el profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Pablo Urías

Los de Rivera proponían en su programa electoral de 2016 que "la legislación de carácter extraordinario y urgente se tramitará por el Congreso de los Diputados mediante un procedimiento sumarísimo que deberá culminarse en un plazo máximo de 72 horas". Sin embargo, este extremo no convence a los expertos, principalmente por la dificultad manifiesta de poner de acuerdo a las distintas fuerzas políticas en un lapso tan corto de tiempo, dado el debate que requiere y la actual fragmentación de la Cámara. 

"Abuso total e intolerable"

"No se trata de suprimirlos ni de prohibirlos en período electoral, sino de que los Gobiernos se comporten de manera democráticamente razonable", puntualiza el catedrático de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco Valdés. El actual Ejecutivo socialista -considera- ha ido más allá que los anteriores y "está abusando de forma total e intolerable" de la figura prevista en el artículo 86.1 de la Carta Magna.

Después de disolverse las Cortes, José María Aznar (PP) aprobó uno; José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) seis y Mariano Rajoy (PP), otro más. Aunque ninguno de ellos tenía el calado de los impulsados por Sánchez en las últimas semanas bajo el lema de "los viernes sociales" (alquileres, igualdad laboral o subsidio por desempleo para mayores de 52).

"La posibilidad de aprobar un Decreto-ley es una cuestión, y otra muy diferente una práctica gubernamental que dé lugar a un programa de gobierno diferido para su ejecución durante el proceso electoral, lo que es algo completamente anómalo", apunta el letrado de las Cortes Manuel Fernández-Fontecha, en un artículo publicado el pasado miércoles

"De ser un instrumento normativo excepcional, extraordinario, ha pasado a convertirse en un modo cuasi ordinario de legislar", critica, por su parte, el exmagistrado del TC Manuel Aragón Reyes en el libro 'Uso y Abuso del Decreto. Una propuesta de reinterpretación constitucional' (Iustel, 2016). El también catedrático emérito atribuye esa mala utilización a la "debilidad de nuestro parlamentarismo" y a la "laxa interpretación jurídica del artículo 86 de la Constitución" por parte del propio Tribunal Constitucional

El papel del TC

Allí precisamente quiere llevar Casado los últimos decretos que aún deben ser convalidados por el Congreso tras el frustrado intento de que la Junta Electoral Central (JEC) prohibiese las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros hasta las elecciones generales. Aunque en el TC los plazos son eternos y la jugada, por tanto, pierde efectividad. Apenas un 25% de los que llegaron a esa instancia hasta 2015 fueron tumbados por infringir el artículo 86.1, es decir, por no estar justificada la "extraordinaria y urgente necesidad". 

"Es especialmente llamativo que en los últimos meses se hayan convalidado no pocos Decretos-leyes con el voto favorable o, al menos, sin el voto contrario de los grupos mayoritarios de la oposición; también que, teniendo legitimación para ello, el Grupo Popular no haya recurrido al TC casi ninguno de esos Decretos (sí lo hizo con el Real Decreto-ley de RTVE)", apunta el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera

Aunque, en su opinión, no se encuentra "justificada su supresión". Pero al mismo tiempo aboga por una "adecuación a lo que la propia Constitución prevé". Por eso -dice- "no tiene sentido impedir su aprobación durante un proceso electoral, pues si surge una situación que lo requiera habrá de acudir a esa figura". Aunque, "obviamente, eso no ampara la adopción de medidas electoralistas para situaciones que no son extraordinarias ni urgentes" como denuncian PP y Cs que son los últimos decretos. 

Joaquín Pablo Urías cree que bastaría con una reforma de la Ley Orgánica del Alto Tribunal para que este órgano acelerase sus plazos y fuese capaz de evaluar antes del mes preceptivo para su convalidación en el Congreso si el texto se ajusta o no a los principios de extraordinaria y urgente necesidad. "No podemos suplir la ineficiencia del TC suprimiendo una medida constitucional", apostilla.

"Ante el manifiesto abuso de los decretos-leyes (...) lo que procede es tomarse la Constitución en serio y dotar política y jurisdiccionalmente a los mismos del carácter restringido que ella, manifiestamente, ha querido", remata Aragón.  



Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba