Los constitucionalistas critican la promesa de Casado y Rivera de prohibir los decretos

El uso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de los reales decretos durante su mandato y especialmente tras la convocatoria de elecciones generales ha puesto a esta herramienta constitucional en el punto de mira de PP y Ciudadanos. 

El líder de los populares, Pablo Casado, ha prometido prohibir su uso en período electoral, por las consecuencias de gasto que acarrea para el Gobierno entrante. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, va más allá y ha prometido incluir en su programa la eliminación de esta figura que considera "obsoleta y poco democrática" en el siglo XXI. No en todos los países de nuestro entorno existe, pero aquí se decidió incluirla en la Constitución. 

Por eso, para cualquier modificación se necesita una modificación de la Carta Magna para la que se necesita una mayoría reforzada. Pero además, los expertos constitucionalistas creen que la propuesta de ambos partidos peca de imprudencia, aunque todos coinciden en que a lo largo de la democracia todos los gobiernos han abusado de la figura que, en principio, está reservada para hacer frente a situaciones de extrema y urgente necesidad. 

"Creo que es un error. ¿Qué pasa si en un período electoral sucede algo realmente importante que necesita una norma con rango de Ley? Si quitamos el decreto nos estamos exponiendo en que si España tiene un problema no tengamos solución", apunta el profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Pablo Urías. 

"No se trata de suprimirlos ni de prohibirlos en período electoral, sino de que los Gobiernos se comporten de manera democráticamente razonable", añade el catedrático de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco Valdés. 

Tras el frustrado intento de que la Junta Electoral Central (JEC) prohibiese las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros hasta las elecciones generales, los populares ya han anunciado su intención de recurrir los últimos decretos ante el Tribunal Constitucional. Pero allí los plazos, como siempre, son eternos. 

"De ser un instrumento normativo excepcional, extraordinario, ha pasado a convertirse en un modo cuasi ordinario de legislar", critica por su parte el exmagistrado del TC Manuel Aragón Reyes en el libro 'Uso y Abuso del Decreto. Una propuesta de reinterpretación constitucional' (Iustel, 2016). El también catedrático emérito atribuye esa mala ultilización a la "debilidad de nuestro parlamentarismo" y a la "laxa interpretación jurídica del artículo 86 de la Constitución" por parte del propio TC. 

Frente a la retirada del ordenamiento como proponen los naranjas, Joaquín Pablo Urías cree que bastaría con una reforma de la Ley Orgánica del Alto Tribunal para que este órgano acelerase sus plazos y fuese capaz de evaluar antes de la convalidación en el Congreso (un mes) si el texto se ajusta o no a los principios de extraordinaria y urgente necesidad. "No podemos suplir la ineficiencia del TC suprimiendo una medida constitucional", alerta.