Política

El Consejo de Ministros aprueba el 'sandbox' pero decaerá con la disolución de las Cortes

El anteproyecto establece también la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero

El Consejo de Ministros aprueba el "sandbox" pero decaerá con la disolución de las Cortes
El Consejo de Ministros aprueba el "sandbox" pero decaerá con la disolución de las Cortes EFE

El Consejo de Ministros, tal y como se había anunciado, ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley que recoge la creación de un banco de pruebas ('sandbox') en el que las empresas financieras tecnológicas testarán sus productos antes de lanzarlos al mercado, pero no verá la luz por la disolución de las Cortes. 

El anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero ha sido validado en primera vuelta y ahora deberá recibir informes técnicos antes de ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros, trámite que quizá ni concluya en esta legislatura.

No llegará al Congreso

Tampoco llegará a entrar en el Congreso por la disolución de las cámaras ni podrá tramitarse en la Diputación Permanente, que sólo tiene facultades para actuar sobre decretos-leyes, según el Reglamento del Congreso.

Además del 'sandbox', el anteproyecto establece la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para que quede garantizado que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando la igualdad de trato de todas las entidades.

La igualdad de trato entre las entidades financieras y los gigantes tecnológicos es una reclamación recurrente de la banca, que considera que compite con desventaja puesto soporta requerimientos estrictos (de capital, de solvencia...) que no deben cumplir las grandes empresas nacidas en Internet.

El 'sandbox' es un banco de pruebas que permite a las empresas que trabajan en nuevos desarrollos y modelos de negocio financieros innovadores lanzar y testar sus productos en un entorno controlado antes de su comercialización, con el respaldo de los reguladores y sin que los potenciales riesgos afecten al consumidor final.

Habrá un sistema de ventanilla única para que empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación y otros promotores interesados presenten sus proyectos.

Los proyectos deberán estar suficientemente avanzados y tendrán que demostrar que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros. 

Puede servir también de banco de pruebas para los legisladores y reguladores puesto que permite hacer un seguimiento de la actividad para desarrollar la regulación futura y para mantener a los consumidores a salvo de los riesgos que pudieran entrañar este tipo de productos. 

De haber salido adelante, España se hubiera convertido en el primer país de habla hispana en ponerlo en marcha y uno de los pioneros en Europa, y se situaría estratégicamente como plataforma europea e internacional para empresas emergentes ('start up').

FinTech

El sector y las financieras y aseguradoras de base tecnológica ('fintech' e 'insurtech') -, que estaban trabajando con el Gobierno y los reguladores en este anteproyecto- creen que España perderá la oportunidad de convertirse en centro de referencia para testar los productos más innovadores.

Las 'fintech' defienden el elevado potencial impulsor del 'sandbox' en las empresas más innovadoras, puesto que permitiría aumentar las cifras de empleo e inversión en un 25 %, en un sector que factura en torno a 1.000 millones de euros y da empleo ya a más de 9.000 personas.

El anteproyecto impulsa la comunicación ágil con las autoridades y la seguridad jurídica, a través de un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades financieras y un mecanismo de consulta sobre dudas en la aplicación de la legislación.

El texto normativo prevé la rendición de cuentas con un informe anual a las Cortes sobre la transformación digital del sistema financiero y otro sobre la aplicación de nuevas tecnologías a la función supervisora.

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