Política

¿Qué consecuencias penales tendría para Sánchez no comparecer en el Senado para hablar de su tesis?

Si el presidente no comparece en las Cámaras tras habérselo requerido no tendría sanciones más allá de la gravedad en términos políticos que supone. Sin embargo, si no acude a una Comisión de investigación podría incurrir en un delito de desobeciencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Ballesteros

Una cosa es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenga que poner a disposición del Congreso de los Diputados su tesis doctoral como solicitó el Partido Popular y rechazaron los letrados de la Cámara a principios de agosto, tal y como adelantó 'Vozpópuli', pero otra muy distinta es que el presidente del Ejecutivo se niegue a acudir a dar explicaciones a cualquiera de las Cámaras tras una petición de comparecencia o, en caso de que los populares vayan más allá y decidan crear una comisión de investigación en torno al trabajo del Sánchez, este opte por no asistir injustificadamente. Así lo explican los artículos 110 de la Constitución y el 502 del Código Penal.

Si bien el informe de los juristas de la Cámara Baja defendía que la entrega de la tesis doctoral de Sánchez al Congreso era una "competencia ajena al Gobierno" que hacía referencia a una "persona concreta y no a una acción gubernamental" y que dependía de una institución privada, en este caso, de la Universidad Camilo José Cela; la negativa de Sánchez a comparecer en el Senado para rendir cuentas sobre los supuestos plagios que contiene su tesis implica un incumplimiento de la normativa.

Obligado a comparecer

Si se trata de un Pleno monográfico como el propuesto originalmente por los populares no tendría sanciones más allá de la gravedad política que puede suponer. Sin embargo, si no acude a la Comisión de investigación que ahora propone el PP, Sánchez podría incurrir en un delito de desobediencia. El artículo 110, uno de los que definen como parlamentario el sistema instaurado en España, señala que el Gobierno está obligado a comparecer ante las Cámaras y sus Comisiones, posibilitándose así la fiscalización y control directos que son de regla en este sistema. "No ha querido nuestra Constitución exigir la pertenencia a las Cortes de los miembros del Gobierno, contentándose con admitirlo como algo posible (artículo 70.1.b) CE)", explica el texto.

Resulta claro que, sean o no parlamentarios, los miembros del Gobierno están obligados a comparecer a requerimiento de las Cámaras"

Incidentalmente, puede decirse que la lógica constitucional, ya que no la letra, demanda esta pertenencia al Presidente del Gobierno, independientemente que ostente la condición de diputado. "Resulta claro que, sean o no parlamentarios, los miembros del Gobierno están obligados a comparecer a requerimiento de las Cámaras. Lo que el apartado 1 establece es una potestad del legislativo sobre el ejecutivo, lo cual trae consigo una consecuencia importante, cual es la de reconocer que las Cortes Generales se alzan en una posición de superioridad frente al Gobierno. De este modo se asegura la fiscalización permanente del segundo por las primeras", aclara el artículo.

La obligación del Gobierno abarca al presidente, al vicepresidente y a los ministros. Ademásm, señala que esta obligación de comparecer se dispone con relación a las dos Cámaras, Congreso y Senado, por lo que ambas pueden, y de hecho así lo hacen, requerir la comparecencia de cualquier miembro del Gobierno. "En caso de incumplimiento de los requerimientos de comparecencia no están previstas sanciones distintas de las puramente políticas, salvo las penales para las que se produzcan en el ámbito de las Comisiones de investigación.

Delito de desobediencia

Las Cámaras pueden reaccionar expresando su rechazo a través de proposiciones no de ley, quejas durante los debates, etcétera. El Congreso cuenta además con la posibilidad -al menos teórica- de presentar una moción de censura. En caso de que Sánchez no acudiera a una comisión de investigación, sobre su tesis o sobre otro asunto, podría ser castigado como reo del delito de desobediencia según el artículo 502 del Código Penal.

"Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años", explica el texto.

Además, incurrirá en las mismas penas la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación. "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses", concluye el artículo.



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